(01 de agosto, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- Con el propósito de elaborar de forma integral y plural el proyecto de dictamen sobre la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados escuchó a diversos expertos en una mesa de trabajo.
Académicos, abogados y defensores de derechos humanos expusieron que hay un cúmulo de vacíos legales para garantizar la protección a los defensores, pero también de los periodistas, en especial al interior del país, en este sentido expusieron que hay un problema estructural.
Los panelistas coincidieron que los mecanismos para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas es obsoleto, toda vez que organismos como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no han cumplido con su labor para atender a los afectados y resarcir el daño.
Algunos de los oradores, principalmente del interior del país, expusieron que la CEAV no se involucra del todo con las víctimas, incluso, aseguraron que no funcionan los botones de pánico para evitar las agresiones a periodistas, por lo que éstas son latentes en los estados.
Los expertos manifestaron que hay defensores y periodistas que se la pasan huyendo “porque no hay garantías mínimas de seguridad y se la pasan a salto de mata en estados como Tamaulipas o Guerrero”, entidades en donde los defensores de derechos humanos y los informadores han sufrido toda clase que intimidaciones y ataques.
De acuerdo con los panelistas hay más de 20 mil casos de violencia contra los defensores de derechos humanos y periodistas, de éstos sólo se judicializan el 13 por ciento, lo que no quiere decir que haya sentencias para los culpables. Por lo anterior, la académica Gabriela Ortiz, representante del Instituto de Justicia Procesal Penal, externó la necesidad de hacer un análisis de cuál es el estado de las leyes y hacer un mapa normativo para saber qué es funcional y qué no.
Irene Tello, investigadora de Impunidad Cero, dijo que existe una desconexión entre el sistema de protección y el sistema de procuración de justicia, en especial en estados como Coahuila y Tamaulipas donde imperan múltiples vacíos legales, en este sentido manifestó que la mejor protección es resolver el caso penal.
Los expertos coincidieron que si se revisa el sistema normativo nacional se podrá homologar criterios para que se garantice la protección de víctimas en todo sentido, en especial en el operativo Tobyanne Ledesma, directora del Mecanismo de Protección a Defensores de DH y Periodistas en CDMX consideró que no sólo se deben dar garantías para la protección de los defensores y de los periodistas, pues también se deben enfocar a resarcir el daño y en muchas ocasiones este tema pasa a segundo plano.
En lo referente a los procedimientos jurídicos que actualmente se emplean expertos como, Leonel Jasso, asesor en derecho humanos del diputado Luis Donaldo Colosio, e Irene Tello, de Impunidad Cero, coincidieron que la Fiscalía General de la República se debe involucrar más en estos asuntos, en especial porque de acuerdo con Tello el fiscal Alejandro Gertz Manero pretende hacer cambios orgánicos que tendrán una repercusión en el tema.
Por lo que, Jasso y Tello pidieron que se dé a conocer qué cambios se harán y a partir de éstos delinear cómo será la labor penal. En este sentido los expertos alertaron que las instancias de procuración de justicia, hasta ahora, han emitido sentencias de delitos menores y, en consecuencia, se deben perseguir los delitos que más afectan a los mexicanos.
En la mesa de diálogo los defensores de derechos humanos, los académicos y abogados, expusieron que en muchos casos las instancias especializadas han dicho que los asesinatos de periodistas han sido consecuencia de temas que no tienen que ver con la labor informativa, sino por otros asuntos.
Todos los panelistas coincidieron en que el Poder Legislativo debe hacer lo necesario para que se revise el Código de Procedimientos Penales para, con ello, atacar de raíz los problemas de impunidad existentes, además pidieron que en la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se articulen los temas de procuración de justicia y de protección, ya que ambos tienen un tratamiento normativo distinto y no debe ser así.
