Ricardo García Galindo
(23 de noviembre del 2018 Revolución TRESPUNTOCERO).- El Centro Pro Derechos Humanos, en compañía de activistas en defesa de los derechos de la mujer, presentaron este miércoles el informe “Mujeres con la Frente en Alto”, un informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado.
En el informe, la organización documentó 29 casos en los que hubo encubrimiento o participación directa de agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de la República, principalmente de SEIDO, en la detención arbitraria, retención prolongada e injustificada y tortura sexual, hacía mujeres en México.
Estas mujeres fueron privadas de su libertad entre 2006 y 2015 en doce entidades del país, por delitos como delincuencia organizada, portación de arma, contra la salud, secuestro, homicidio, robo y extorsión
Todas ellas, víctimas de tortura sexual, señalan a policías municipales, estatales y federales, como los responsables de los ataques.
De acuerdo con este informe, en 27 de los 29 casos se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención sin pruebas de ello, y señala que en un contexto de tortura generalizada, la tortura sexual en contra de las mujeres es perpetrada con excesiva frecuencia.
Se enunció como, durante su traslado a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad, son torturadas sexualmente, por medio de violación, abuso sexual y tocamientos; sufren de retención injustificada, en la mitad de los casos de entre 12 horas y tres días; en su presentación ante el Ministerio Públicos se omite la investigación de lesiones; y son sometidas bajo confesiones ilícitas, obtenidas por tortura.
Durante el acto, Layda Negrete, investigadora y parte de World Justice Project, denunció que la tortura es un reflejo del mal sistema de investigación de delitos complejos en México y advirtió que es un gran riesgo seguir por esta vía.
También, se hizo un llamado a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encueste a un mayor número de mujeres para entender cómo viven dentro del sistema de justicia penal.
En ese mismo sentido, Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo que si México quiere transformarse en una sociedad distinta con base en el Estado de derecho tiene que erradicar la tortura y terminar con el encubrimiento sistemático de su práctica.
Los casos documentados tuvieron lugar en Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, y las autoridades responsables fueron tanto las castrenses (Sedena y Semar) como civiles de los tres órdenes de gobierno (federales, estatales y municipales).
Para Revolución TRESPUNTOCERO, Italia Méndez fundadora de la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual” señaló la importancia del testimonio valiente de las sobrevivientes para terminar con la impunidad y pidió la liberación de quienes siguen privadas de la libertad y han sido víctimas de esta práctica.
“En todos los casos hay encubrimiento y participación de la PGR, fueron pasadas por alto las violaciones. En la mayoría firmaron una declaración a partir de la tortura, a pesar de esto en ningún caso se tomó en cuenta para el juicio. No hay cadenas de custodia, y en casi ningún caso se puede probar el origen de armas o de las drogas con las que las inculpan”, denunció.
Mencionó que los jueces dicen que la tortura sexual es una moda y que no verificarían estos casos hasta que el ministerio haga algún pronunciamiento.
En ese sentido enunció una serie de recomendaciones que deberán ser aplicadas para mitigar este problema:
“En el ámbito de los jueces, deben garantizar la exclusión de toda prueba obtenida por tortura y darles seguimiento a los alegatos presentados en este sentido.
“La PGR debe responsabilizar a los superiores jerárquicos, para evitar que vuelva a pasar, o por lo menos, demostrar que existirán sanciones a quién lo cometa
“Para el ejército, marina y policías, únicamente deben abstenerse de torturar y de detener arbitrariamente, no solamente a mujeres sino a cualquier civil, al que non se le tenga un delito probado o pruebas que le imputen el mismo”.
También para Revolución TRESPUNTOCERO, María del Sol Vázquez Reyes, sobreviviente de tortura sexual a manos de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación, relató su experiencia y remarcó que las víctimas de esta práctica quedan con secuelas permanentes y estigmatizadas por los actos de las mismas autoridades que deberían cuidar de la seguridad ciudadana. Manifestó su deseo de que esta práctica pronto deje de cobrarse más víctimas.
