Para combatir su grave problema de drogadicción, Estados Unidos utiliza un enfoque jurídico-represivo que exportó a Latinoamérica, especialmente Colombia y México, en donde se libra la “guerra contra las drogas”, que además se está perdiendo. La Estrategia Nacional de Control de Drogas de 1996 de Estados Unidos, dada a conocer en Miami, subrayó sus concepciones jurídico-represivas para América Latina y el Caribe. Pero los estadounidenses no están haciendo su parte, porque tan importante es luchar contra los campos de coca como reducir la demanda de drogas en territorio estadounidense. Este mercado es inmenso: 11 millones de “gringos” consumen cocaína, 30 millones fuman mariguana y 500,000 se inyectan heroína. De ahí la pujanza de una “industria” dispuesta a satisfacer esas “necesidades”.
La estrategia de la “guerra contra las drogas” data de 1986, cuando Ronald Regan advirtió que las drogas ilegales eran una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Esta política ha sido una estrategia mantenida casi inalterada por EU desde los años ochenta. Desde finales de esa década, la ayuda militar del gobierno de EU a México ha ido en aumento. La militarización se inició en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se incluyó a las Fuerzas Armadas en las acciones contra el narcotráfico, en el grupo coordinador ejecutivo del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD). Con Ernesto Zedillo se integró a las fuerzas armadas en el Consejo Nacional de Seguridad , que entre sus tareas incluía acciones contra el narcotráfico. Con Vicente Fox aumentó la presencia militar en las policías federales, incluso se nombró al general Rafael Macedo de la Concha como titular de la PGR.
A raíz del sexenio pasado, con la declaración de guerra de Felipe Calderón a los cárteles del narcotráfico, se incrementó la cooperación e involucramiento de Estados Unidos con las fuerzas militares mexicanas, con lo que se elevaron también los abusos de derechos humanos, y el número de asesinados a lo largo y ancho de nuestro territorio. Los miles de millones de dólares invertidos por México y EU en esa guerra elevó los niveles de violencia y la capacidad de combate los grupos criminales que tejieron redes de complicidad con los tres niveles de gobierno.
La Iniciativa Mérida o Plan México, es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. En éste se involucraron el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA) y, por parte de México, el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Los operativos militares contra los cárteles de las drogas iniciaron en Michoacán, y siguieron en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Se invirtieron más de siete mil millones de dólares en esta guerra tan sólo en los primeros 18 meses de la presidencia de Felipe Calderón. Las bajas sumaron miles, no sólo de militares y delincuentes, sino también de civiles inocentes. El gobierno estadounidense aportó 1,600 millones de dólares.
La violencia deterioró el tejido social de muchas ciudades. La crisis de seguridad pública afecta a millones de mexicanos. La afectación a los derechos humanos es recurrente. Se ha llegado al grado de perder control territorial por parte de las estructuras institucionales. Según expertos, en más del 60 por ciento del país existen estructuras criminales capaces de controlar los negocios del crimen organizado. Se han formado grupos paramilitares de alto entrenamiento al servicio de los cárteles del narcotráfico: “Los Zetas”, son el ejemplo claro de esto. Se armaron para el choque y se incrementó la penetración del Estado y la compra de autoridades, sobre todo de policías.
El propio Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) consideró el martes que existen “interrogantes alarmantes” sobre el “nivel de complicidad gubernamental” en torno al descubrimiento de fosas comunes encontradas en el curso de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero el año pasado. Las fosas comunes no relacionadas con los 43 normalistas, pero descubiertas durante las investigaciones de ese caso, “provocan interrogantes alarmantes sobre el carácter amplio de la violencia gubernamental”. Ninguno de los 28 cadáveres encontrados hasta esa fecha en las fosas pertenecía a los estudiantes desaparecidos.
Después de los hechos de Tlatlaya, en el Estado de México, el Departamento de Estado suspendió la asistencia estadounidense al Batallón 102 del Ejército. Después del arresto de un oficial y siete soldados, el comando señaló que había “mayor aceptación de que los militares estaban involucrados. La masacre de jóvenes sicarios que se habían rendido en una bodega del municipio mexiquense, retrata a un Ejército que comete ejecuciones sumarias.
En cuanto al caso de los 43 normalistas desaparecidos en Guerrero, un amplio reportaje de la revista electrónica “The Intercept”, revela que “mientras más y más cadáveres no identificados eran exhumados el otoño pasado y la comunidad internacional miraba con horror los eventos, ciertas verdades sobre el Estado mexicano comenzaron a salir a la luz. Lejos de ser un incidente aislado, la desaparición de 43 jóvenes en una noche de violencia fue única por la atención recibida en los medios. La historia de los estudiantes es simbólica de la crisis en México de desapariciones no resueltas, fosas clandestinas y la integración del crimen organizado en los cuerpos policíacos y la política”.
La investigación de “The Intercept” ha revelado los esfuerzos conjuntos del gobierno federal para enfocar la culpabilidad a los actores municipales, aunque existe evidencia de un expansivo círculo de responsabilidad. Oficiales de mayor rango en la ciudad de México han presentado un estrecho y manipulado escenario de un masivo secuestro cometido por oficiales locales y llevado a cabo por sicarios en el área de Iguala”. “Pero evidencias en los archivos propios del gobierno indican un caso de desaparición forzada, el cual incluye –distinto al delito de secuestro- la participación activa o pasiva de oficiales estatales y puede constituir un crimen de lesa humanidad en la cual el Estado carga responsabilidad”.
