Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, Villa Purificación, son nombres de tragedias y crímenes de lesa humanidad, en la que están involucrados tanto el crimen organizado como las fuerzas armadas del país, y cuya impunidad ponen en evidencia que el Poder Judicial de México simplemente no funciona. Es un poder cerrado, introvertido, con poca transparencia en su ejercicio y reacio a recibir críticas. Ha sido atacado por la corrupción que ha afectado la calidad de la justicia en México. Esto ha hecho que atraviese por una clara crisis de confianza y legitimación. Su desempeño ha sido reprobado por la ciudadanía que ve los procesos judiciales engorrosos, sin transparencia y donde la impunidad es el fantasma que ronda desde el inicio los juicios. Es un tema cotidiano conocer la liberación de criminales por parte de los jueces, o cómo entorpecen y paralizan la impartición de justicia en otros caos.
Ocho meses han pasado de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, y las investigaciones no avanzan, lo que ha lanzado a las calles a los familiares de los jóvenes estudiantes y otras organizaciones que se manifiestan exigiendo ¡¡justicia!! no sólo en la capital del país sino en Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Todo parece indicar que la administración de Enrique Peña Nieto, dañada en su imagen internacional y nacional por estos hechos, le apuesta al paso del tiempo y al olvido de estos trágicos hechos que no encuentran respuestas satisfactorias, en lugar de procurar la adecuada administración y procuración de justicia.
A tan sólo dos semanas de las elecciones del domingo 7 de junio, los padres de los normalistas, integrantes de organizaciones civiles y ciudadanos se manifestaron la mañana de este martes desde diversos puntos de la capital de la República: Indios Verdes, Zaragoza, Tasqueña y el Auditorio Nacional. Desde esos lugares avanzaron hacia el Zócalo capitalino. Entre sus reclamos destaca que no se realicen los comicios en el Estado de Guerrero, porque no existen las condiciones necesarias para un evento electoral de esta índole. Amenazan con bloquear las elecciones en la entidad.
Con una altavoz, los manifestantes advertían que “no vamos a cansarnos hasta encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos, no es posible que Enrique Peña Nieto permita las desapariciones forzadas de nuestros compañeros”. Los reclamantes mostraban retratos de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Agentes de tránsito intentaban agilizar el tránsito, mientras un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevolaba la zona. En el operativo de vigilancia participaron 2 mil 600 agentes, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Las familias de los normalistas desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial. De ahí la importancia de la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se ha sumado a las labores de investigación para dar claridad al caso, por lo que se nombró al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que viajó a México para indagar los hechos. Éstos han presionado a las autoridades federales para poder reunirse con militares. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo el lunes que en los próximos días habría una respuesta de las autoridades a esa petición..
Del Auditorio Nacional partieron estudiantes integrantes del Frente Popular de la Ciudad de México, telefonistas y bomberos en resistencia; desde Tlalpan, salieron integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, que llegaron a bordo de microbuses y quienes fueron quitando propaganda electoral a su paso. En pancartas portaban leyendas como “Fuera Peña”, “¿Dónde están nuestros hijos?”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “El Ejército los tiene”, “Castigo a los responsables”, y “Nos faltan 43”; en la calzada Zaragoza y calle 75, una centena de maestros mexiquense inició la manifestación; en el paradero de Indios Verdes un contingente de al menos 400 personas bloqueó las salidas de transporte público que se dirigen al Estado de México y después inició su marcha.
Un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, manifestó que “se exige a las autoridades federales que presenten información y la relatoría de sus acciones para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa”. Agregó que “la información es difusa y reservada y los familiares necesitan que les digan a ciencia cierta qué pasó con los estudiantes”.
El lunes por la noche, el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometió a dar respuesta a la petición de una reunión con militares solicitada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la CIDH para dar seguimiento a las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Durante la reunión, el funcionario les informó que en los próximo días el Estado Mexicano dará respuesta oficial a la solicitud que el GIEI ha realizado para sostener una entrevista con integrantes del Ejército Mexicano”.
En dicha reunión participaron por parte del GIEI, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Ángela María Buitrago, mientras que por parte de la Segob, asistieron Osorio Chong, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián, y el coordinador de asesores, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje.
Derivado de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre del año pasado, relativos a la desaparición de 43 estudiantes normalistas, se han registrado ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un total de 179 víctimas de violaciones de derechos humanos.
Jaime Rochín del Rincón, el comisionado presidente del CEAV, reportó que en el caso de los integrantes del club de futbol “Los Avispones” (que fueron atacados en Iguala), la Comisión Ejecutiva registró a 98 víctimas directas e indirectas, a quienes se les brindó atención multidisciplinaria y fueron sujetos de un programa de intervención individualizado. Agregó que otras personas se han acercado a la CEAV para solicitar apoyo en virtud de haber sido víctimas de hechos delictivos del fuero federal, relacionados con homicidios, amenazas y la privación ilegal de la libertad.
