México termina el año con una encarnizada crisis política, social y jurídica.
Inevitable esconder que todos los niveles institucionales están vinculados con el crimen organizado, pero han sido las fuerzas armadas las que han mantenido las peores evidencias, sumándose a ello las cruentas luchas abiertas contra el pueblo, quien ha servido de chivo expiatorio en una falsa guerra contra el narcotráfico, que solamente ha significado, como cada sexenio, el cambio de cártel favorito, mientras se buscan falsos culpables en la sociedad civil.
Tortura física y sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros delitos que significan violaciones a Derechos Humanos, han sido las principales armas del gobierno federal pasado y el actual, en donde el segundo ha sobrepasado los límites de lo inhumano, aun cuando esto parecía no ser posible.
Por lo menos 26 mil personas están desaparecidas desde los últimos años, sin que se sepa hasta la fecha sobre su paradero. La impunidad en el país es de 98.3%. Tomando en cuenta estos hechos, no pueden sostenerse las apreciaciones oficiales de la política mexicana, que declaran que México es un Estado de Derecho, que dispone de una democracia presidencial funcional y que respeta los derechos humanos, porque no es más que la peor de las ofensas para un pueblo explorador de fosas clandestinas y recolector de cadáveres.
Este año ha detonado, más que otros, el descubrimiento de restos óseos, de cuerpos enteros, de hechos de tortura física y sexual, de testimonios y pruebas que demuestran a nivel nacional que las fuerzas armadas han sido (incluso en mayor medida que el narcotráfico), la fuerza más letal del Estado en contra de quienes ‘dicen’ proteger.
La presión ha sido insostenible, pocos medios, pero en forma contundente han demostrado las atrocidades de las fuerzas armadas, organismos internacionales y nacionales así como grandes grupos de sociedad civil organizada han conformado una voz gigantesca de exigencia a un gobierno corrupto y asesino. Aunque existe una respuesta, ésta no ha sido positiva.
No lo es, porque la iniciativa de ley enviada por Peña Nieto, no es más que un acto de desesperado para acallar acciones nacionales e internacionales que lo señalan como un monigote del ejercito y Marina, ambas instituciones que parecen ser quienes controlan al país y la cantidad de violencia que se ejerce sobre éste.
El gobierno federal, en su falso propósito de cambiar la situación cruenta que vive el país, en cuanto a desapariciones forzadas y tortura, no ha tomado en cuenta en ningún momento ni a víctimas, ni a sus familiares para construir un verdadero proyecto viable, sus voces nuevamente han sido desaparecidas y con mucho cuidado protege a fuerzas armadas, convirtiendo a éstas y al Estado en entes intocables.
No dudemos que dicha iniciativa ipso facto se convierta en una ley más en contra del ciudadano y a favor de los principales asesinos del pueblo: las fuerzas armadas. Lo anterior es tan sólo una más de las consecuencias del regreso del priismo a la silla presidencial, mientras Peña Nieto intenta salvar lo muerto de su gobierno, por medio de lo mediático, promoviendo iniciativas burlonas, la criminalización de los movimientos sociales va en aumento; los líderes sociales son culpados por delitos sin contar con evidencias serias, son detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad; periodistas y defensores de derechos humanos son amenazados, perseguidos, secuestrados y asesinados. Las desapariciones forzadas y tortura se extienden en medidas inimaginables.
