El Congreso de la Unión que avaló el denominado “Pacto por México” en 2015 permitió auditorías en tiempo real “con un candado” para que en los hechos nunca fueran posibles.
El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, dijo que este tipo de procesos se han convertido en aspectos engorrosos al presentar el segundo informe individual correspondiente a la Cuenta Pública 2018 en la Cámara de Diputados.
El fiscal federal dijo que entraron en vigor modificaciones legales que facultan al organismo fiscalizador para realizar este tipo de revisiones; no obstante, se establece que para ello es necesario contar con una denuncia, lo que ha reducido la posibilidad de ejercer esta nueva facultad.
“Hubo una reforma de 2015 que entró en vigencia en 2016, algún ajuste para que se dijera que podríamos auditar en tiempo real existiendo antes una denuncia justificada jurídicamente, que es un proceso muy engorroso; así hemos recibido prácticamente nada, a menos que nosotros tuviéramos que hacer la investigación jurídica para presentarnos a nosotros mismos la solicitud de denuncia”, comentó el responsable de la ASF.
Por dicha situación no se permite acotar los periodos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal, por lo que deben existir periodos entre seis y ocho meses para que los acusados respondan a las observaciones.
“A partir de ese largo tiempo de realizadas las observaciones podemos, y obviamente que vamos detectando en el camino las auditorías que estamos previendo que van a significar posible demanda, llegar al caso de la demanda penal, pero cumpliendo un largo proceso”, comentó el auditor federal.
“Desde mi perspectiva, la ASF debe contar con atribuciones para poder llevar a cabo auditorías verdaderamente en tiempo real, con lo cual además se lograría incrementar la eficiencia y efectividad en cuanto a la promoción de las acciones legales, acotar los tiempos de procuración de justicia y apoyar mejores decisiones en materia presupuestal y fiscal”, añadió Colmenares.
Los representantes del PRI, PAN y PRD se unieron en el denominado “Pacto por México” en el que impulsaron las reformas estructurales que únicamente beneficiaron a las minorías que se enriquecieron y dejaron en mayor pobreza al país.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto se presentaron irregularidades como la Casa Blanca, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, Odebrecht, la Estafa Maestra, así como el aeropuerto de Texcoco, entre otros, los cuales permanecen en la impunidad.
