(31 de agosto, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Nuestros seres queridos no debieron de haber sido desaparecidos, bajo ninguna circunstancia se debería de poder desaparecer a las personas: un día como este, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas no debería de existir, pero hoy y aquí, en este México de terror, barbarie e impunidad, existe” denunciaron una gran cantidad de familiares de víctimas.
A lo largo de este 30 de agosto, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México salieron a las calles en al menos 18 de los 32 estados de este país para decir: ha sido su ambición de poder, su incapacidad de brindar seguridad a la población, sus guerras y su soberbia de no reconocer su ineficiencia, lo que ha provocado la desaparición de nuestros familiares.
Ha sido nuestra lucha la que mantiene la esperanza de encontrarles y es nuestra esperanza en la construcción de la justicia lo que nos obligó a crear la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, esa que tanto se esmeran por no cumplir, esa a la que cada día le ponen más trabas y justificaciones para no traer de regreso a nuestros seres queridos, para que no se sepa la verdad y no haya justicia. El Estado corrupto es el que los desaparece y el que los mata.
“En México, a la fecha, seguimos sin tener certeza de la cantidad real de personas desaparecidas, las cifras oficiales apuntan a que son más de 37 mil personas, sabemos que son miles más y el Estado también lo sabe, finalmente muchas de las desapariciones han sido cometidas por las propias fuerzas del estado, las policías, el ejército, la marina. Arrastramos una historia de impunidad que viene desde la década de los 60 ́s, desde la “Guerra Sucia” en los 70 ́s y que hasta el día de hoy, los crímenes del pasado cometidos por el Estado permanecen impunes y en las sombras del olvido de las instituciones.
“Las familias de las personas desaparecidas continuamos la digna búsqueda de nuestros familiares y la lucha por la verdad y la justicia. Los buscamos a todas y todos porque nos hacen falta, porque nos duelen, porque la impunidad en las desapariciones del pasado, permiten las desapariciones de hoy”, indicaron en un documento.
Pasamos ya seis años de terror e impunidad durante la guerra del gobierno de Felipe Calderón al narcotráfico: fuego contra fuego. Entre las balas y los miles de asesinatos; para el final del sexenio se hablaba de más de 24 mil personas desaparecidas. Ahora estamos a unos meses de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto y la situación es aún peor: las personas desaparecidas son más, las personas asesinadas son más y la impunidad es transversal, perpetua y perversa, indicaron.
Durante este sexenio de corrupción que mata, mientras el Estado pretendía enfrentar al crimen organizado y mientras también, nuevas personas eran desaparecidas, nos conformamos como Movimiento frente a las amenazas, la adversidad y el dolor de vivir la ausencia: somos 55 colectivos de 18 estados diferentes del país y 3 países de Centroamérica que buscan a sus familiares migrantes desaparecidos en el territorio mexicano, añadieron.
“Juntas y juntos hemos logrado construir una esperanza que no logran hacer que desaparezca, juntas logramos también la aprobación y promulgación de la Ley de desapariciones forzadas y cometidas por particulares y juntas, las familias lograremos la verdad y la justicia.
“Enrique Peña Nieto se comprometió a impulsar la implementación efectiva de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares por supuesto que esto no sucedió y dejamos de tener mesas de seguimiento hace meses: ya no hay gobierno. El ejercicio presupuestal que se debía de hacer para garantizar una Ley con organismos y comisiones fuertes no se ha hecho y el Movimiento ha sido sistemáticamente excluido de los espacios y decisiones en donde nuestra participación es un requisito fundamental para una implementación correcta de la Ley. No tenemos que agradecerle absolutamente nada al Estado ni al sexenio: es su deber, trabajo y obligación construir condiciones sociales e institucionales de justicia, verdad, reparación y no repetición”.
Han indicado que, siguen esperando que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie su trabajo para encontrar personas, sin embargo, “el Estado corrupto continúa poniendo trabas y dificultando procesos. A ellos les decimos, pueden darnos migajas de verdad y de justicia pero nuestra lucha se mantiene en tanto no aparezcan nuestros familiares y todas las personas desaparecidas en el país”.
Más allá de la justicia divina a la que no temen pero que seguramente los alcanzará, las familias de personas desaparecidas nos encargaremos de que la historia recuerde que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto dejaron el país lleno de sangre y muerte, de dolor e impunidad, nos encargamos de grabar en la memoria de los mexicanos y mexicanas, que estos crímenes atroces fueron cometidos y perpetuados por ellos, sus partidos y sus colaboradores. Haremos que no olviden la indolencia con la que trataron a los miles de familias y que jamás tomaron la responsabilidad de construir seguridad y justicia, aseguraron.
En tanto, el Centro de Derechos Humanos Frayba, señala a Revolución TRESPUNTOCERO, que la desaparición forzada en México es una estrategia contrainsurgente que se aplica con el objetivo de inmovilizar a la sociedad civil. De manera selectiva en contra de integrantes de movimientos en defensa de los derechos humanos. Y en general, contra la población vulnerable: migrantes, estudiantes, defensores de derechos humanos, mujeres, indígenas, periodistas, comerciantes, trabajadores, niñas, niños.
“En esta crisis de derechos humanos, donde las instituciones no garantizan la seguridad de las personas, el Estado mexicano es responsable en acción y omisión. La actual guerra múltiple, sistémica y generalizada, constituye una de las etapas más obscuras de la historia de nuestro país. En un periodo de 12 años las desapariciones de personas se han disparado siendo 24 mil 943 personas en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y actualmente suman ya más de 37 mil personas desaparecidas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Estos hechos están reconocidos por el derecho internacional como crímenes de lesa humanidad. México es una herida abierta de Tlatelolco a Ayotzinapa, referentes de las graves violaciones a derechos humanos cotidianas en un país con imagen democrática. La amplia movilización de las familias, colectivos, redes, ha develado las atrocidades cometidas con la complicidad y permisividad de los gobiernos en distintos niveles y con la participación directa del Ejército como poder intocable, aseguraron los activistas de Frayba.
En este contexto, como parte de la guerra contrainsurgente del Estado mexicano en contra del movimiento zapatista, la desaparición forzada se mantiene en la impunidad. En Chiapas, no existe la búsqueda de personas desaparecidas forzadamente y el derecho a la verdad no está garantizado.
En la zona norte de Chiapas, entre los años de 1995 a 1999, el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia es responsable al menos de de 37 desapariciones forzadas; y el 13 de noviembre de 2006 durante la Masacre de Viejo Velasco ejecutada por agentes policiacos y personas civiles, en presencia de Ministerios Públicos, fueron desaparecidos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López. A la fecha las familias persisten en la exigencia de encontrarles, se informó.
“Seguimos insistiendo en la búsqueda de la joven Minerva Guadalupe Pérez Torres, desaparecida forzadamente el 20 de junio de 1996 , en el poblado Miguel Alemán; y desde el 4 de diciembre de 2011, de Alonso López Luna, originario de Banavil Tenejapa, Chiapas.
Ante esta situación, son lamentables las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de México, quien anunció la permanencia del Ejército mexicano en las calles, lo que significa apostarle a la continuidad de una política de guerra implementada desde Felipe Calderón Hinojosa”.
Reconocieron la lucha de los familiares de víctimas de desaparición forzada, ellas y ellos son quienes han buscado hasta hoy a sus desaparecidos, desaparecidas. Ellas y ellos también han sido víctimas de amenazas, asesinatos y desapariciones forzadas, ellas y ellos han logrado una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, un Protocolo de Actuación, Fiscalías, han arrinconado al gobierno mexicano y evidenciado la indolencia que ha caracterizado a los funcionarios, señalaron.
“Los familiares con dignidad persisten en la lucha por la justicia, la verdad y el no olvido. Hoy se manifiestan en la mayoría de los estados de la República mexicana para alzar la voz potente por la Verdad y la Justicia. Abrazamos, entre otras, a las madres de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México (Fundec-Fundem) acompañados por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. También saludamos el reciente nacimiento del “Colectivo de Familiares de Desaparecidos” en Oaxaca. Con las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas caminaremos en la exigencia de presentación con vida”.
Sobre la grave problemática, Jesús Peña, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, dijo que: Combatir la desaparición de personas debe ser una prioridad para el próximo gobierno federal. La implementación efectiva de la Ley general en la materia tiene que ser el Norte para las autoridades de todos los niveles.
Es preciso la adopción de un plan de implementación efectiva de la Ley General, así como garantizar la participación real de las familias en su instrumentación. ¡Sin las familias no, sin las familias nunca!, afirmó.
Este 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó al próximo gobierno de México a marcar un punto de quiebre y romper la trágica historia de dolor que ha acompañado a las víctimas de desaparición en México.
Jan Jarab, representante de ONU-DH en México sostuvo que, “México tiene que superar la pesada herencia de decenios de negación, falta de reconocimiento de la dimensión del problema, ausencia de voluntad, ineficacia y revictimización. Es momento de que México inicie una nueva etapa y ponga fin a la angustia sin tregua que han enfrentado las miles de víctimas de desaparición en el país”.
“Combatir la desaparición de personas deberá ser una prioridad para el próximo gobierno federal. Saludamos las señales que así lo anticipan. La implementación efectiva de la Ley general en la materia tiene que ser la principal directriz de la próxima administración para erradicar las desapariciones, buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas, garantizar la atención y reparación a las víctimas, adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el olvido. En la aplicación de la Ley debe garantizarse la participación efectiva, real y constante de las familias que buscan con tenacidad a sus seres queridos”, añadió Jarab.
México precisa que el gobierno adopte un plan de implementación de la Ley general, dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de su cumplimiento y fortalezca las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas.
Dado el carácter continuo e imprescriptible del delito de desaparición y la prohibición del derecho internacional de adoptar cualquier medida legislativa o administrativa que inhiba el deber imperativo del Estado de perseguirlo, las autoridades deben investigar de forma diligente a los perpetradores y sancionarlos con penas apropiadas que atiendan la extrema gravedad del delito a fin de erradicar la impunidad.
Asimismo, México debe profundizar su apertura al escrutinio y asistencia internacionales. Para ello, se alienta al Estado a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité, solicitada desde 2013; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; y participar en el diálogo de seguimiento al que el Comité ha invitado al Estado mexicano sobre la implementación de las Observaciones Finales adoptadas en 2015.
De igual forma, exhortó al Estado mexicano a fortalecer su relación con el sistema interamericano de derechos humanos, favorecer el trabajo del mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana en materia de desaparición.
“Pero el reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, subrayó Jan Jarab.
El combate a la desaparición forzada de personas también debe incluir aquellas que se iniciaron en el contexto de la denominada “Guerra Sucia”. Son estas desapariciones por las que justo en estos días, hace 40 años, más de 80 mujeres protestaban en el atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Finalmente, la ONU-DH reafirmó su voluntad de seguir acompañando a las víctimas de desaparición en México en la búsqueda de justicia, verdad, reparación, construcción de memoria y garantías de no repetición. Refrendó su plena disposición para seguir brindando su asesoría y cooperación técnicas al Estado mexicano para combatir este crimen atroz.
