(01 septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En los últimos diez años organismos nacionales e internacionales han expresado su creciente preocupación en torno al incremento de las violaciones a los derechos humanos vinculadas a las estrategias del combate al crimen organizado que inició en el periodo del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) y han criticado continuamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local) de anteponer esta lucha al respeto y garantía de los derechos humanos que marca la Constitución Mexicana y los tratados internacionales que ha firmado nuestro país.
Desde la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) -en su informe más reciente “Situación de derechos humanos en México en marzo del 2016-, hasta los pequeños grupos locales señalan que el Estado se niega a reconocer y atender esta crisis de violaciones a los derechos humanos.
Para profundizar en el tema desde una perspectiva multidisciplinaria la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) realizó el foro: Federalismo, Seguridad, derechos humanos y Justicia con el objetivo de reunir a legisladores federales, servidores públicos, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos para analizar propuestas e impulsar un cambio en las políticas públicas actuales y orientarlas a aumentar la efectividad de las diferentes instituciones encargadas de la impartición de justicia.
“Esta iniciativa responde a la preocupante marginación de los contenidos relacionados con los derechos humanos en el debate actual sobre políticas de seguridad, a consecuencia del ánimo eficientista y el populismo punitivo que parecen imperar. Es decir, que en el contexto actual se saca provecho del rencor social para aumentar las medidas represivas en detrimento de los avances conseguidos por las organizaciones defensoras de derechos humanos sin que esto, obviamente contribuya a obtener mejores resultados en materia de seguridad pero sí una incidencia en el incremento de las violaciones a los derechos humanos”, resaltó Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de Flacso México durante su participación.
Violadores de DH se han dispersado
Durante su participación y en posterior entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Sandra Serrano, profesora investigadora de Flacso México señaló que en la actualidad los entes violadores de derechos humanos están dispersos, por lo que el abanico de responsabilidades crece sin que las instituciones responsables de darles seguimiento puedan darse abasto.
“Ya no podemos decir que hay solo un violador de derechos humanos como en el pasado o en las dictaduras cuando era el Estado principalmente, hoy se violan los derechos humanos por la policía, el Ejército, las empresas, el crimen organizado…hemos descubierto que ese papel ahora lo han concentrado los poderes estatales y locales, las violaciones a los derechos humanos por los gobernadores.
“Es decir, pasamos de una especie de burocratización de los derechos humanos donde parecía que ya no hay un ente que concreta estas violaciones sino que son los entes de bajo nivel, no necesariamente un solo poder. Esto nos lleva a ponernos de frente para ver cómo funcionan nuestras instituciones para contener las violaciones de los derechos humanos”, indicó la académica.
Sandra Serrano considera además que las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos están hechas para tratar con personajes de bajo perfil como los policías, ministerios públicos pero no están preparadas para afrontar a jueces, gobernadores.
“Una de las medias se ha tomado es concentrar las legislaciones, por ejemplo la Ley General de Tortura o Desaparición Forzada, esta puede resolver un problema de dispersión federativa donde cada entidad pone un tipo penal diferentes que no cumple con la definición que sea útil a nivel general.
“Cuando los legisladores locales cierran las puertas a la legislación de derechos humanos -pensemos en el feminicidio y el aborto- cada legislación hace un tipo diferente, en unos lugares como la Ciudad de México las mujeres tenemos más derechos que en otros estados a decidir sobre nuestros cuerpos. En cada entidad tenemos distintos derechos y no se aplica el artículo primero Constitucional”, señaló la especialista.
Otro tema que genera preocupación para los académicos en este entorno de crisis de violaciones a los derechos humanos, es que no existe un mecanismo que obligue a cumplir con las recomendaciones de la ONU o la CIDH, “todo cae en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y ellos no tienen la capacidad de obligar a las entidades federativas a cumplir con las medidas de reparación que exigen estas recomendaciones”, puntualizó Serrano.
A manera de propuesta, Sandra Serrano, explicó que hace falta legislar en materia del cumplimiento de recomendaciones internacionales, “pero hoy en día no está puesta a discusión ese tema así que la consecuencia es que las recomendaciones se cumplen si los gobiernos locales así lo desean y si los actos simbólicos de disculpa pública no se llevan a cabo, imagínate las garantías de no repetición”, concluyó la profesora.
El federalismo no es pretexto
Al tomar la palabra José Antonio Guevara, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción y de los Derechos Humanos (CMDPDH) es concreto: el federalismo no es pretexto para no cumplir en materia de respeto de los derechos humanos.
El también profesor universitario afirmó, “desde la perspectiva de los derechos de las víctimas en el acceso a la justicia y reparación integral me parece que la discusión del federalismo no debe ser un obstáculo para el cumplimento de derechos y los tratados de los que México es parte.
“Por consiguiente ninguna forma de organización política debe ser motivo para reconocer o no los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos a no ser víctima de tortura, desaparición forzada o ser arbitrariamente privado de la vida por un servidor público o desplazamientos forzado, no podemos debatir dónde sí y donde no es aplicable este derecho”.
José Antonio Guevara detalló que ante la grave crisis de violaciones a los derechos humanos que afecta a México el problema es mayúsculo, la respuesta que el país necesita va más allá del federalismo.
“El contexto de la discusión de leyes generales de tortura y desaparición, planteamos que se reconozcan ciertas reglas para que los casos que en el ámbito local no se investigan puedan ser atraídos por la federación, que además de las causales aplicables para la federalización de los delitos se incluyan otras.
“Actualmente la discreción la PGR para atraer los casos se basa en cuestiones políticas; es muy discrecional por ello proponemos que cuando haya una dilación injustificada, conflicto de interés; cuando haya un dictamen de un ente internacional, cuando el delito se comete en uno o más estados -porque normalmente las procuradurías diluyen sus responsabilidades- el caso sea atraído de manera automática por la federación, esto es un derecho de las víctimas, no una facultad discrecional de la PGR”, remató Guevara.
A manera de conclusión los ponentes coincidieron en reconocer que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, a nivel federal, local y municipal tienen obligaciones tanto en materia de seguridad como de derechos humanos, en consecuencia, si alguno de ellos falla, acarrea problemas para los demás poderes provocando violaciones a los derechos de las personas.
