Por: Valentina Pérez Botero
Twitter: @vpbotero3_0
Es difícil pensar en un beneficio tangible de la inseguridad provocada por el enfrentamiento entre guerrilla, paramilitares y ejército. Lo cierto es que sus días más ríspidos y sangrientos sirvieron para que los radares de las transnacionales de la minería no detectaran los yacimientos colombianos.
El paulatino regreso de la seguridad ha provocado el boom de la minería en Colombia y, con ella, varios debates: ¿Minería o agua? ¿Minería o cuidado ambiental? ¿Minería o derechos humanos?
Hace pocos días, dos dependencias gubernamentales del país sudamericano se pelearon frente a la decisión de prorrogar la explotación de la mina de níquel a cielo abierto más grande de América –ubicada en el departamento de Córdoba, Colombia-. A la empresa canadiense BHP Billiton se le concesionó hasta 2040 sin tener la regulación adecuada ni las licencias ambientales para operar.
El funcionamiento de esta mina ha traído impactos a la salud pública de la población: aumento en la incidencia de abortos, daños en la piel, afectación a cultivos, contaminación por hierro, cobalto y otros metales pesados que han puesto una bomba de tiempo entre sus pobladores.
El espejismo económico que trae una mina –ser un polo de desarrollo, generar empleos, traer riqueza- se difumina con la demanda excesiva de agua para su explotación, el desgaste medioambiental y la pobreza de sus empleados, la mayoría sin seguro ni pensiones para afrontar los años de enfermedad que enfrentan al ser despedidos a temprana edad.
La explotación del oro, por ejemplo, necesita casi mil litros de agua por segundo cada día de explotación, al tiempo que introduce arsénico, cianuro y mercurio a los mantos acuíferos. El impacto social no se contrarresta con la inyección económica ya que la minería en Colombia sólo produce el uno por ciento de los empleos a nivel nacional y los impuestos que paga, a comparación de las ganancias, son irrisorios.
La aprobación de casi 9 mil concesiones mineras en la administración de Álvaro Uribe, el ex presidente colombiano, habla de una tendencia administrativa a la aprobación precipitada de los permisos.
