Entre 2011 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) no castigó 92.2% de las denuncias que recibió y solamente cobró 158 millones de pesos en sanciones económicas, lo que a penas significa un 0.45% de los 34 mil 855 millones de pesos del total de multas que impuso a funcionarios públicos, de acuerdo a un estudio que publicó el colectivo ImpunidadCero.
El estudio fue realizado por el académico Luis Darío Ángeles González, el documento reúne “una serie de datos estadísticos aterradores sobre las sanciones en la administración pública y llegó a la conclusión de que, si bien cada año miles de servidores públicos interponen denuncias ante los Órganos Internos de Control, la enorme mayoría de éstas se pierde en la maquinaria burocrática”, se describe.
De acuerdo con el documento, entre 2011 y 2016, “la SFP sancionó un promedio de 13.4% de las quejas que recibió. De éstas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló 41.8%, por lo que solamente 7.8% de las denuncias desembocaron en una sanción”.
En 40% de los casos, las sanciones impuestas durante el mismo lapso “resultaron amonestaciones públicas o privadas, es decir, simples jalones de orejas, y solo cuatro de cada 10 sanciones tuvieron el carácter de “firme”, mientras que las otras seis pasaron a controversia”.
