(28 de noviembre, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- A 5 años de la desaparición de los 43 normalistas el gobierno tira la verdad histórica del PRI y ya trabaja para esclarecer el crimen
Han transcurrido 62 meses desde que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, en gran parte de estos cinco años y dos meses el gobierno mexicano intentó dar carpetazo al tema asegurando que los normalistas fueron calcinados por la delincuencia organizada, quitándole responsabilidad a los elementos de las Fuerzas Armadas de México.
Aquel 26 de septiembre del 2014, el Estado mexicano quedó evidenciado ante el mundo como promotor de las desapariciones forzadas y del contubernio de las policías y el Ejército con el crimen organizado. Ante la poca disposición por resolver lo ocurrido en Iguala, Guerrero, por parte del ex gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, la actual administración se comprometió a dar con el paradero de los normalistas.
Luego del cambio de gobierno y de régimen el tema de la búsqueda de los estudiantes guerrerenses volvió a tomar relevancia, pues el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que la búsqueda de los normalistas comenzaría desde cero, desechando por completo la llamada “verdad histórica” que intentó imponer la pasada administración federal.
Revolución TRESPUNTOCERO consultó al doctor en ciencia política y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Arturo Anguiano, para conocer el impacto que tuvo la llamada “verdad histórica” en la sociedad mexicana, a lo que Anguiano asevera que lo externado por el gabinete de Enrique Peña Nieto fue “una farsa irresponsable, absurda, que cubrió la responsabilidad del Ejército y de la policía”.
Félix Salgado Macedonio, senador por Morena, platea, en entrevista, que la “verdad histórica es de Murillo Karam —procurador general de la República en el gobierno de Peña Nieto— donde los da por muertos, ni es verdad ni es histórica, nosotros los estamos buscando y tenemos la esperanza de que estén vivos”, dice el representante por el estado de Guerrero.
LA COMISIÓN DE LA VERDAD y LA CEAV
Conscientes de que el esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, de 2014 son fundamentales para mandar un mensaje que la impunidad en México se combate de forma puntual y sin reservas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sólo desechó la “verdad histórica” de Peña Nieto, sino que a partir de su llegada al poder se abrió la Comisión de la Verdad.
Pese a que no era parte del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, pero sí de la estructura priísta que llevó al poder al mexiquense, cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes, el ex gobernador del Estado de México y ahora senador de la República, Eruviel Ávila Villegas, en charla con el reportero expone que es necesario que se esclarezca lo sucedido, por lo que ve con buenos ojos la creación de la Comisión de la Verdad.
“Soy un hombre de derecho, pienso en derecho, entonces, lo que digan las autoridades, la máxima corte del país —la Suprema Corte de Justicia de la Nación— lo que indique la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las autoridades federales, qué es lo que debe hacerse y cómo. No quisiera adelantar vísperas, que sean los especialistas y las instituciones las que lleven a cabo las investigaciones y procedimientos que crean convenientes y que prevalezca el Estado de derecho”.
-¿Cómo priísta cuál es su sentir tomando en cuenta que esto sucedió cuando gobernaba su partido?, pregunta Revolución TRESPUNTOCERO.
-Como senador puedo decir que el Estado de derecho debe respetarse y estar sobre cualquier partido, así que como ciudadano que soy y como senador de la República me pronuncio a favor del Estado de derecho.
Al margen del intento del senador priísta por verse institucional y adecuarse a los esfuerzos que encabeza la administración lopezobradorista para que el tema sea esclarecido, en opinión de la señora Blanca Luz Nava, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, en charla con el medio, externa que pese a que con la administración de la 4T “no se ha logrado ningún resultado todavía”, existe una apertura de éste para resolver lo ocurrido.
Nava expone que “Se está trabajando más, en comparación al gobierno de Enrique Peña Nieto, ese presidente no hizo nada por encontrar a nuestros hijos”, por lo que con la Instauración de la Verdad, que encabeza el subsecretario en derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la señora Blanca Luz expone que “sí se está trabajando, no ha habido mucho avance porque las instituciones relacionadas con el caso siguen con el mismo personal del pasado gobierno”.
Con base en dicha idea desde las instancias gubernamentales y parlamentarias se está trabajando con la idea que las instancias que se dedican a atender los rezagos en derechos humanos y la atención a víctimas las encabecen personas que entiendan cabalmente qué es lo que está ocurriendo en este nuevo contexto de cambio de régimen y paradigma institucional que vive el país.
En este sentido, las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos del Senado están trabajando la idoneidad de la terna enviada por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), antes de que concluya el actual Periodo Ordinario de Sesiones, para los legisladores establecer a la persona que atenderá a las víctimas de la violencia es crucial.
La CEAV lleva cinco meses sin titular y “hoy tenemos claro que debemos resolver este nombramiento antes de que concluya el Periodo Ordinario de Sesiones, tenemos escasas dos semanas para resolver de esas tres propuestas cuál es la persona idónea para presidir la CEAV”, exponía Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara alta.
EL DILEMA
De acuerdo con Félix Salgado lo ocurrido con la desaparición de los normalistas “jurídicamente no se puede catalogar como un crimen de Estado, el gobierno de la República los debe encontrar, el estatus es de desaparecidos y si entonces se descubre que el gobierno, de entonces, los mató el gobierno que lo hizo debe ser sentenciado, ni perdón ni olvido para quien lo haya hecho”.
En contraste, Emilio Álvarez Icaza, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, considera que lo sucedido el 26 de septiembre del 2014 es un crimen de Estado porque “hubo participación de las policías estatal y federales, en términos de desaparición forzada y delitos como tortura hay una responsabilidad de Estado”, con base en ello, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos considera que la Comisión de la Verdad debe trabajar a profundidad.
-¿Si se piensa que lo ocurrido fue un crimen de Estado, además de Enrique Peña Nieto, quién considera que tendría la responsabilidad de lo sucedido, quizá su compañero Miguel Ángel Osorio Chong —ex secretario de Gobernación?
-Me parece que hay distintos tipos de responsabilidad administrativa, penal , histórica y ética, la responsabilidad penal tiene que ver con la tortura, porque se permitió por quien encabezó las investigaciones, Tomás Zerón y se tendría que hacer una línea de investigación para que se profundice.
En este sentido Emilio Álvarez Icaza sostiene que se debe dejar trabajar a la Comisión de la Verdad, entonces “que esta comisión nos dé todos los señalamientos, por eso es fundamental que la justicia transicional atienda muchos de los casos que hay, uno de los más grandes pendientes en el país.
Pese a los dichos de los senadores y las autoridades, la señora Blanca Luz Nava tiene la esperanza de que las cosas sean favorables, “queremos encontrar a nuestros hijos con vida, pero si no es así, entonces tendremos que aceptar las cosas, pero queremos la verdad, queremos una verdad con pruebas científicas. Con el gobierno anterior fueron puras mentiras”.
