La escalada de violencia que se resiente en el país durante el desarrollo de las actuales campañas político-electorales, seguramente no suspenderán el proceso que habrá de culminar el próximo 7 de junio, pero exhiben el descontrol del Estado mexicano en materia de seguridad, y su incapacidad para garantizar la tranquilidad en el proceso electoral. En los cierres de campaña y el día de la elección es previsible que se incremente la violencia . Es evidente el interés de grupos criminales por mantener el control de diversos municipios. El clima de violencia tan agresivo no tiene precedente en el país.
Recuentos realizados por medios de comunicación revelan que en el actual proceso electoral han sido asesinados al menos siete políticos -tres candidatos, dos precandidatos, una dirigente partidista municipal y un asesor político- y al menos 34 personas han sido agredidas verbal, físicamente –cuatro resultaron heridas- o en sus pertenencias. La marca del proceso electoral actual es la violencia en estados como Guerrero, Michoacán, Tabasco, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Tamaulipas, Distrito Federal y Morelos.
El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, considera que donde hay mucha inseguridad para sus candidatos es porque hay mucha inseguridad para quienes viven ahí. Por eso, dijo, “nosotros estamos exigiendo a las autoridades que cumplan con la función de garantizar la seguridad”.
Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, manifestó su preocupación por la violencia que ha llegado hasta el asesinato de candidatos a cargos de elección popular.
Por ello, dijo, “hemos pedido a los candidatos de todo el país que tomen medidas preventivas en sus recorridos, en sus actos, no hemos suspendido ningún acto de campaña”. A raíz del secuestro y muerte de algunos de sus aspirantes a distintos cargos de elección popular y hasta los hechos de violencia suscitados en la delegación Cuajimalpa, en el Distrito Federal, han orillado al PRD a emitir recomendaciones para evitar más incidentes.
También el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, indicó que la muerte de Enrique Hernández, candidato de su partido en Yurécuaro, Michoacán, es consecuencia de la inseguridad que se padece en esa entidad, Guerrero y todo el país.
La preocupación de los principales dirigentes políticos de oposición se deriva del hecho de que desde el inicio del actual proceso electoral al menos 41 personas relacionadas con éste han sido víctimas de la violencia, con siete muertos y 34 agredidos. Estos hechos se han registrado en Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Veracruz, Morelos, Puebla, Tabasco, Oaxaca y Baja California Sur.
El estado que más preocupa es sin duda Guerrero. En marzo pasado fue secuestrada y encontrada muerta la precandidata de ese partido a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Aíde Nava. La semana pasada fue secuestrada Silvia Romero Suárez, candidata a diputada local plurinominal por el PRD, en Guerrero. A principios de este mes el candidato del PRD a la alcaldía de San Miguel Totolpapan, Juan Mendoza, fue víctima de un secuestro express.
Este fin de semana el puerto de Acapulco registró otra jornada violenta. Entre sábado y domingo se perpetraron 11 asesinatos, entre ellos el del ex delegado de Transporte de la colonia Emiliano Zapata; el de Jaime García Silva, un trabajador de Protección Civil de la entidad y el de un motociclista del Distrito Federal, que asistió a la 12 edición del “Acamotos”.
La semana pasada, hombres armados vinculados con el grupo criminal de “Los Ardillos” tomaron Chilapa, la ciudad más importante de La Montaña Baja y punto clave para la conexión de Chilpancingo con Tlapa y la zona norte del estado. Estos sujetos instalaron retenes en los accesos a la comunidad. En esa localidad, el primero de mayo, fue asesinado Fabián Quiroz, candidato a presidente municipal por el PRI-PVEM.
A finales del mes pasado, ocho personas murieron en un enfrentamiento entre agentes estatales y comunitarios adscritos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en una carretera de Igualapa, cerca de Ometepec.
Jalisco también se cuenta entre los focos rojos, luego de los narcobloqueos y el ataque contra militares ocurridos el pasado 1 de mayo en Guadalajara. En esta entidad el crimen organizado ha cobrado fuerza en los últimos meses al grado de que desafía abiertamente a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En diciembre pasado fue asesinado el ex presidente municipal de San Sebastián del Oeste, Efrén Álvarez López, quien aspiraba nuevamente a gobernar esa alcaldía.
Michoacán es otra entidad con focos rojos. La semana pasada fue acribillado el candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, Enrique Hernández, en pleno mitin. Tres personas más resultaron heridas. Hernández era también jefe de autodefensas en la entidad. Según la candidata del PAN al gobierno estatal, Luisa María Calderón, consideró que la violencia se deriva del hecho de que el crimen organizado se está reagrupando a causa de que los “descabezaron”.
“La Cocoa” precisó que “Los Caballeros Templarios” tienen la prioridad de ubicar a un jefe de plaza en el territorio, tras la captura de su máximo líder, Servando Gómez, “la Tuta”. También alertó sobre el riesgo de que la violencia “salte a la mera hora”, dentro de las campaña electorales rumbo a las votaciones del 7 de junio.
En Oaxaca, en febrero fue asesinado Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a una diputación federal por un distrito de la entidad. Fue abatido cuando realizaba un recorrido por la zona triqui.
También en febrero, un sicario desde un vehículo en marcha asesinó a Cecilia Izaguirre, dirigente del PRI en Lagunillas, municipio de San Luis Potosí. En esa misma entidad, fue ejecutado Alfonso Ordaz, operador electoral del PAN. Su cadáver fue localizado decapitado en el río Moctezuma.
Tabasco es otra entidad que resiente la violencia electoral. En el municipio de Huimaguillo, el candidato del PRI a regidor Héctor Cruz López fue ejecutado afuera de su casa, cuando hombres armados llegaron al lugar, en dos camionetas, y lo sorprendieron. Su hermano Eloy resultó herido en el ataque.
Hasta la capital de la República ha sufrido la violencia electoral. La disputa del espacio urbano para colocar mantas, pendones y demás propaganda provocó un enfrentamiento entre militantes y simpatizantes del PRI y del PRD en la delegación Cuajimalpa, en le que resultaron heridas al menso 26 personas, algunas de gravedad.
La violencia, las amenazas y los enfrentamientos entre militantes y simpatizantes de los partidos políticos ha provocado que sus brigadistas decidan desertar de los equipos de campaña, ya que se encuentran expuestos y no cuentan con ningún tipo de seguridad.
Hasta en el estado de Querétaro hay focos amarillos. El secretario de gobierno estatal, Jorge López Portillo, informó que han sido detectados grupos provocadores que buscan desestabilizar el proceso electoral. “Son reventadores electorales, grupos ajenos a Querétaro. Provocadores”, dijo el funcionario quien señaló que no puede permitir que gente ajena a la entidad interfiera e intente desestabilizar y enrarece el proceso electoral.
En el estado de Nuevo León el problema es “el papá incómodo” y la sorpresiva campaña del candidato independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”. De hecho, el gobierno federal inició una estrategia con sus operadores políticos para convencer a la élite empresarial neoleonesa que apoyen a la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, para que remonte en las encuestas y que su adversario se desplome, para que ella gane.
Por otro lado, en Monterrey, candidatos al gobierno de Nuevo León señalaron que los audios que exhiben al padre del gobernador dando instrucciones a empleados de la Tesorería muestran el origen de la bonanza de la familia y confirman que Humberto Medina Ainslie dirige una mafia. La corrupción de la familia Medina es el gran lastre que se ha visto en la etapa final de la campaña.
Y en el estado de Morelos, las autoridades electorales consideran que los problemas delictivos están enfocados en asaltos, robos y secuestros, que no atentan contra el proceso electoral, por lo que descartaron que existan problemas de inseguridad que pudieran poner en riesgo la elección del 7 de junio.
Un problema que enfrentan los nueve estados que habrán de renovar gobierno estatal es que sus obligaciones financieras se elevaron 14.2 por ciento anual al primer trimestre de este año. La deuda de estas entidades subió de 100 mil 336 millones de pesos, en el primer trimestre de 2014, a 114 mil 600 millones de pesos en ese mismo periodo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
