(23 de octubre, 2014).- A más de un mes de que desaparecieran forzosamente a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y ejecutaran a otros tres, el otro caso de severas violaciones a los derechos humanos, el de Tlatlaya, al fin tuvo la atención merecída de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que tras su proceso de investigación determinó que efectivamente, elementos del Ejército de México asesinaron sumariamente y de manera extrajudicial a 15 de los 22, que murieron en la bodega del municipio mexiquense.
Por medio de un informe presentado el pasado 21 de octubre, la Comisión que encabeza Raúl Plascencia indicó que siete de las víctimas murieron en medio del fuego cruzado con los castrenses, mientras que otros 12, incluidos dos menores, fueron ejecutados. Tres de los cadáveres fueron removidos del lugar donde murieron, con lo que el organismo determinó que la escena del crimen fue alterada a favor de los soldados.
De igual forma, la CNDH explicó que los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) torturaron y abusaron sexualmente a las dos mujeres sobrevivientes, e incluso a una tercera le aplicaron trato inhumano. El documento fue elaborado a partir de los datos que autoridades de los tres niveles de gobierno les proporcionaron, como declaraciones de testigos, recorridos al lugar de los hechos, y fotos del sitio en cuestión.
Derivado de los hechos, sólo se ha detenido a un oficial y siete soldados del Ejército, aunque en un principio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que las muertes eran producto de un enfrentamiento armado, y que las personas de la bodega –señalados como presuntos delincuentes— habían iniciado la balacera, mientas que los militares rescataron a tres mujeres secuestradas.
Tal como refiere la organización InSight Crime, el informe de la Comisión –que se produce con la presión internacional para que se resuelva el caso— confirma las teorías sobre que no todas las muertes eran producto del enfrentamiento armado, sino que las víctimas fueron asesinadas por los soldados deliberadamente.
No obstante, aún resta esperar si el gobierno de Peña Nieto tomará acciones contundentes contra los militares, situación que preocupa debido al historial negativo que ostenta el país con casos similares hundidos en la impunidad. Especialmente porque la CNDH únicamente se limita a documentar y rendir informes.
Desde hace algunos años, InSight Crime (organización dedicada al análisis del crimen y la seguridad en América) ha dado seguimiento a las ejecuciones a cargo de las fuerzas de seguridad, donde encontró una enorme diferencia entre “sospechosos y funcionarios asesinados, lo que apunta a una práctica de larga data de ejecuciones extrajudiciales en el país”.
