Un estudio de la organización “México ¿cómo vamos?”, que evalúa variables como crecimiento económico, generación de empleo, seguridad, deuda pública y nivel salarial, en los nueve estados que sostendrán elecciones para gobernador el 7 de junio, revela que los mandatarios estatales fracasaron en atender necesidades clave de su población. Grave es el caso de Guerrero, toda vez que los gobiernos de Ángel Aguirre y Rogelio Ortega se convirtieron en auténticos destructores de empleo, pues sólo generaron 2 mil 592 puestos formales anuales en promedio, muy por debajo de los requeridos por la población.
También en Michoacán, los gobiernos de Fausto Vallejo y Salvador Jara Guerrero, sólo generaron 6 mil 300 de los 25 mil 200 empleos anuales necesarios, es decir, únicamente 25 por ciento de lo requerido. Para Baja California Sur, el mandatario Marcos Covarrubias no logró generar las 9 mil 600 plazas de trabajo formales necesarias y sólo consiguió 49% de ellas. En Querétaro y Colima, el robo de autos se duplicó y triplicó, respectivamente y las referencias que se han dado en estos tiempos sobre la actuación de sus gobernantes es a todas luces insatisfactoria.
En Sonora, gobernada por Guillermo Padres, se incrementó la desigualdad entre la población, mientras que en Campeche, gobernada por Fernando Ortega, la economía registró un retroceso. En ambas permea la corrupción y obviamente la impunidad. Son las dos Entidades un claro ejemplo de lo amplio del manto de impunidad que se extiende por parte no solo de la federación sino de los otros dos poderes, del Legislativo y del Judicial ya que ninguna denuncia surte efecto en sus respectivas áreas que, finalmente, son también Poderes y por ende gobierno.
El 51 por ciento de la población de San Luis Potosí no puede alimentarse con sus ingresos y el gobernador Fernando Toranzo no logró mejorar la oferta de salarios dignos, independientemente del retraso que ha sufrido por sexenio esa Entidad que anuncia con suficiente anticipación que sus habitantes votarán por un partido diferente al PRI en donde no dudan en ubicar como abanderados a quienes se encuentran en mal estado de salud como es el caso de Toranzo o están ligados a la delincuencia organizada como ha sucedido en Michoacán y Guerrero, por citar los descubiertos recientemente ya que la lista es tan larga como la geografía nacional.
El gobierno de Rodrigo Medina en Nuevo León llevó la deuda pública a niveles alarmantes, que representa una carga para su población. Ésta pasó de 3.3 a 5.2 por ciento del PIB. “La deuda pública por habitante es de 10 mil 617 pesos en el estado y representa un aumento de 140 por ciento respecto del nivel de la administración anterior”, destacó Viridiana Ríos, directora de “México ¿cómo vamos?
