La Cámara de Diputados denunció que tanto los gobiernos federal como estatal minimizan el tema de los desplazamientos forzados por la violencia entre comunidades y crimen organizado, y los califican como fenómenos migratorios, además que no existen cifras oficiales, ni una ley que proteja a las personas que se ven obligadas a dejar sus hogares; lo que provoca que la problemática incremente.
Con base a una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, se informó que la cifra de 89 mil 859 personas, corresponde a 141 casos de desplazamientos masivos en 14 estados.
El documento resalta que los desplazamientos forzados además de ser ocasionados por la violencia entre grupos delictivos también es por la construcción de proyectos privados, calificados por varias organizaciones sociales y pobladores como “megaproyectos de muerte”, los cuales han forzado a más de 281 mil personas a abandonar sus comunidades en el periodo 2011-2015.
Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas son las entidades que presentan un mayor número de desplazamientos forzados con base a la proporción de los habitantes que abandonan municipios violentos, es decir, es cuatro o cinco veces mayor en comparación con los pobladores que viven en lugares sin conflictos.
Asimismo se recordó que los desplazamientos forzados también han construido crímenes de lesa humanidad como en 1997 con el caso Acteal.
Con la ola de violencia que vive actualmente México, así como la impunidad, es la causa de una ruptura de orden social que concluye con el desplazamiento forzado de las y los pobladores.
Por ello el desplazamiento forzado no puede ser calificado como una “migración interna” ya que ésta es voluntaria ya sea por razones laborales, educativas o de salud y no por la violencia de grupos delictivos, religiosa o por la imposición y despojo de tierras
