(05 de marzo, 2016).- Luego del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el apartado sobre desaparecidos e impunidad que vive el país, al considerar que se refleja la realidad, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social dio su respaldó a dichas observaciones plasmadas en el documento.
Al ser entrevistada Jimena Esquivel Leautaud, secretaria de la Dimensión Justicia, Paz y Reconciliación, Fe y Política, organismo eclesial que forma parte de la estructura de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), declaró, “en relación al informe que presentó la CIDH, estamos de acuerdo en que lamentablemente sí refleja la realidad del país, la realidad en relación con los desaparecidos, con los torturados y, sobre todo, con el tema de la impunidad”.
Con esto, Esquivel Leautaud pidió al Ejecutivo federal no descalificar el informe porque refleja el trabajo de campo y entrevistas a las víctimas de la violencia. “El Gobierno mexicano lejos de criticar o negar debería hacer caso a las recomendaciones que ahí se señalan. Entendemos que el informe se hizo escuchando a los familiares de las víctimas y laspersonas que han sufrido”.
A su vez, explicó que parte de su labor es impulsar en las diócesis los centros de escucha para víctimas de la violencia, donde se brinda acompañamiento pastoral, espiritual, psicosocial y jurídico. Dando a conocer que este servicio lo están brindando en algunas parroquias de la diócesis de Acapulco, Guerrero; Zamora y Apatzingán, Michoacán; Cuernavaca, Morelos, y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
También mantienen relación y colaboración con la organización Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Estudios Ecuménicos (CEE), el Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” y colectivos de desaparecidos.
El miércoles pasado, la CIDH presentó su informe final elaborado a partir de la visita que realizó a México en 2015, luego de asegurar que existe una “grave crisis de Derechos Humanos en México”, el Gobierno federal consideró que el texto “no refleja la situación general que se vive en territorio nacional”.
Diciendo que “Parte de premisas y diagnósticos erróneos, que no se comparten”, en un comunicado conjunto las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República.
Algunos de los principales puntos del informe de la CIDH apuntan que, la Comisión ha recibido información alarmante que indica que el 98% de los delitos en México no llegan a tener una sentencia condenatoria; la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad.
La desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos; al 30 de septiembre de 2015, sumaron 26,798; grave es la existencia de la práctica de desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado. La respuesta del Estado presenta graves deficiencias.
Existe en forma grave es la negligencia de las autoridades en las primeras horas a partir de la desaparición de la persona, las cuales son claves para encontrarla con vida; la justicia en México es una “simulación”; se fabrican culpables o las autoridades no aplican la debida diligencia. La mayoría de casos de desapariciones están impunes.
La tasa de homicidios es desde hace años superior a 10 por cada 100 mil habitantes, lo cual corresponde a niveles epidémicos de violencia de acuerdo con la OMS; el Estado mexicano informó que la PGR contaba, al mes de abril de 2015, con 2,420 investigaciones en trámite sobre tortura, y que había sólo 15 sentencias condenatorias.
