(23 de octubre, 2014).- Ante las diversas manifestaciones que se han presentado a lo largo del país por el caso Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mencionó que dichas protestas son bienvenidas, aunque rechazó las acciones que “lastiman a nuestras instituciones y a los habitantes de Guerrero”.
Desde Apatzingán, Michoacán, Osorio Chong hizo hincapié en que la prioridad es la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, por lo que la fuerza del Estado se encuentra enfocada en ello.
“No hay un punto que nos hayan dicho los papás o que salga de las averiguaciones que tiene el procurador (Jesús Murillo Karam) que no estemos revisando. Absolutamente todos los puntos los estamos viendo”, expresó.
Por su parte, Enrique Peña Nieto calificó de “incongruente exigir la aplicación de la ley con acciones que violentan el Estado de derecho como las ocurridas ayer en Iguala”.
El priista aseguró que todos los días le da seguimiento al caso, al tiempo que deposita su confianza en “las instituciones encargadas de la seguridad, particularmente la Procuraduría General de la República (PGR), quien tiene a su cargo las investigaciones correspondientes, y las otras áreas de seguridad que coadyuvan con la Procuraduría.”
Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, admitió que si el gobierno no hace algo para sancionar a los responsables de la violencia en Guerrero, la inversión extranjera en el país puede verse en riesgo.
Navarrete también advirtió que el ataque y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa está poniendo en crisis la percepción que se tiene de México en cuanto al cumplimiento del Estado de derecho.
“Si no logramos hacer justicia y que haya castigo para los responsables, desde luego que eso ahuyenta la inversión”, dijo.
En tanto, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunció que es evidente la responsabilidad del gobierno guerrerense a cargo de Ángel Aguirre en cuanto a la innegable colusión del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con la delincuencia organizada.
Finalmente la diócesis de Saltillo, Coahuila, señaló en un mensaje de solidaridad, que las desapariciones ocurridas en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre, reflejan el “desprecio a la vida de los jóvenes pobres del país”.
