Érika Paz (enviada especial) / @Paz3_0
(05 de enero, 2014).- El desalojo de los maestros del Zócalo de la ciudad de Oaxaca, el 14 de junio de 2006, mediante el uso de la fuerza pública desencadenó una de las crisis políticas de más amplio espectro en la historia reciente de México. La represión ordenada por el entonces gobernador del estado, Ulises Ruiz, provocó una movilización masiva por parte del pueblo de Oaxaca, la cual no sólo fue la expresión del descontento ante ese acontecimiento, sino la respuesta a la acumulación de violaciones a derechos humanos, al centralismo, a los cacicazgos, a la corrupción y al historial de agravios perpetrados por los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que utilizó la represión como instrumento de poder.
Luego del la llamada transición democrática del año 2000, en la que el panista Vicente Fox resultó electo, en Oaxaca, como en otros estados de la República, se profundizaron regímenes autoritarios por parte de gobernadores del partido oficial, mismos que actuaron sin ningún tipo de control. Así ocurrió con las administraciones de José Murat y Ulises Ruiz.
“El PRI era un partido muy claramente verticalizado, colgaba de la voluntad del presidente, el presidente controlaba su casa presidencial, su gabinete, el congreso, el sistema judicial y controlaba hasta el último cacique de pueblo; cada vez que había un destape, el cacique del pueblo empezaba a buscar cuál era el conecte con el nuevo presidente. Esto se destruye después de 2000, ya para entonces está destruido en términos económicos, y se destruye en términos políticos. A lo que hoy le seguimos llamando PRI (actualmente) es a una coalición inestable de mafias que se pueden juntar”, señala Gustavo Esteva, fundador de la Universidad de la Tierra (Unitierra), en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO.
Con el control absoluto de los poderes Legislativo y Judicial, ambos, Murat y Ruiz, sometieron también a las instituciones públicas autónomas, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Estatal Electoral; manejaron a discrecionalidad el uso de la ley, la administración de los recursos públicos, además de que la libertad de prensa se vio coartada y la transparencia del ejercicio de gobierno fue anulada.
La persecución de líderes sociales, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la represión de la protesta social; aunadas a la subordinación de los ayuntamientos, al desvío de recursos públicos con fines electorales, a la compra y manipulación del voto, así como a la imposición de obras públicas y la instalación de megaproyectos sin previa consulta libre e informada a los ciudadanos, se cuentan entre los agravios al pueblo de Oaxaca.
Ulises Ruiz llegó al cargo luego de una dudosa contienda electoral en el año 2004. Desde un principio su gobierno estuvo marcado por abusos, como la coerción al diario Noticias o la detención de Agustín Sosa, dirigente del Frente Único Huautleco; además fue acusado del asesinato del profesor Serafín Garcia, afín con esta organización, a quien le fue arrebatada la vida por un grupo de priistas antes de un acto de campaña de Ulises Ruiz en Huautla.
Además, Ruiz intentó detener a su contrincante por la gubernatura, Gabino Cué, por supuesto desvío de recursos durante su gestión como presidente municipal, aunque el respaldo social y político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) lo hicieron desistir. A ello deben sumarse los agravios a integrantes de organizaciones como el Consejo Indígena Popular, la Organización Indígena de Derechos Humanos de Oaxaca (OHIDO), el Frente Popular Revolucionario, y el Frente Amplio de Lucha Popular.
Demasiados son los datos que se pueden numerar sobre el autoritarismo de Ulises Ruiz en sus años como gobernador. Pero la fecha clave que desencadenó el conflicto social en 2006 fue el 1 de mayo, cuando la Sección 22 presentó su pliego petitorio de 17 puntos generales, entre los que se encontraban la petición de plazas, zapatos uniformes, becas para alumnos de escasos recursos, la rebonificación de la zona escolar, etcétera.
En las negociaciones entre el magisterio con el gobierno del estado, el entonces secretario de Gobierno, Jorge Franco, fue acusado de promover la disidencia dentro de la Sección 22 a cargo del Consejo Central de Lucha, liderada por Humberto Alcalá Betanzos y Alejandro Leal Díaz. A partir del 13 de mayo, el gobierno estatal emprendió una campaña de desprestigio mediático en contra del movimiento magisterial en radio, televisión y prensa escrita.
A la misma campaña se sumaron el membrete de Asociación de padres de Familia (que difundió videos, en uno de ellos se observan a niños que gritan: “Maestro al salón, no al plantón”); también se unieron la Asociación de Hoteles y Moteles, la Cámara de la Industria de la Transformación y la Cámara de Industria Restaurantera.
El 22 de mayo se instaló el plantón de los maestros en el Zócalo de la capital oaxaqueña, a los cinco días, el gobierno estatal ofreció 60 millones para la demanda de rezonificación, cantidad menor a la del año anterior, de 105 millones, y amenazó con descontar de los salarios de los docentes los días que continuaran en paro. El 30 de mayo, Carlos Villalobos Antonio, secretario del Comité Ejecutivo Seccional de la 22, advirtió que de no cumplirse las exigencias se pediría la cabeza de Ulises Ruiz.
Refiriéndose al desprestigio mediático, Villalobos advirtió a Ruiz que “si pretende a través de una campaña, poner a la sociedad en contra de los trabajadores de la educación, se puede generar un clima de ingobernabilidad”.
El 31 de mayo los maestros bloquearon las gasolineras y retiraron los parquímetros y tubos que obstruían la entrada al Centro Histórico, y fueron colocados frente al ex Palacio de Gobierno. El 1 de junio el Congreso estatal aprobó un punto de acuerdo para obligar a los maestros a regresar a las aulas, “pedimos al gobierno del estado se apliquen los descuentos salariales correspondientes a los profesores que persistan en la suspensión de labores docentes […] a los órganos de seguridad pública nacional, en el ámbito de su competencia, procedan sin dilación a desalojar las vías públicas y las instalaciones federales, estableciendo la protección que impida futuros atentados”.
El punto de acuerdo fue respaldado por alcaldes de afiliación priista que conformaban la Coordinadora Estatal de Presidentes Municipales a Favor de la Educación, A.C. Por vez primera un gobernador cooptaba a los ayuntamientos para hacer frente a la movilización. La Coparmex también exigía que se les descontaran los días no trabajados y que se retirara la oferta de los 60 millones de pesos.
El 2 de junio los maestros realizaron la primera megamarcha con cerca de 100 mil personas y se planteó un juicio político en contra de Ulises Ruiz. En contraofensiva, éste difundió un spot en el que aplaza a los docentes para presentarse en las aulas el día 5 de junio. El 7 se realizó la segunda megamarcha, que duplicó la asistencia de personas, donde se ratificó el juicio político al gobernador.
La Procuraduría General de la República (PGR) inició averiguaciones previas contra los líderes del movimiento por robo de cámaras de vigilancia y seguridad, destrucción de parquímetros, y actos vandálicos en contra de comerciantes. Ulises Ruiz informó en esos días, que se tenían al menos 15 denuncias penales. La Comisión Negociadora de la Sección 22 solicitó una audiencia con el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, quien se negó a recibirla, por lo que el movimientos magisterial planteó un boicot a las elecciones federales del 2 de julio.
El 14 de junio, a las 4:30 horas, irrumpió un comando armado en el Hotel del Magisterio y otro más en el edificio sindical que destruyó la radiodifusora de los profesores, Radio Plantón, mediante la cual se llamó a “enfrentar y resistir organizadamente la represión que está operando el gobierno del estado en una actitud irracional […] Preparen trapos o pañuelos, mójenlos con agua para resistir los gases lacrimógenos y defender este espacio, como lo hemos hecho durante 26 años de lucha”.
Eduardo Castellanos, “El Güero”, informó al micrófono: “Se oyen bombas, son las cinco de la mañana; los granaderos se acercan, están entrando al edificio para reprimirnos, se escucha la explosión de las granadas”. Castellanos sería detenido ese mismo día.
Con gases tanto lacrimógeno como pimienta y armas de fuego de alto calibre, la Unidad Policial de Operaciones Especiales (UPOE), el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento (GEO), las policías Ministerial, Auxiliar Bancaria, y Juvenil, y la Unidad Canina desalojaron a los maestros de acuerdo con testimonios de testigos y de los mismos docentes.
Sin embargo, José Manuel Vera Salinas, director de Seguridad Pública, a cargo del operativo junto con Aristeo López, afirmó que participaron 870 agentes policíacos, mientras que algunos medios y periodistas calcularon entre 2 mil y 2 mil 500 elementos. Cientos de heridos resultaron de este suceso, clínicas y hospitales registraron 113 con nombre y apellido, presentaban heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, algunas maestras sufrieron abortos como consecuencia de los golpes. En este operativo se detuvieron a por lo menos 10 personas.
Las carpas del plantón fueron quemadas en el Zócalo. Los gases lacrimógenos afectaron a pobladores y el turismo se vio más afectado por la represión que por el plantón de los maestros. Cerca de la 8:00 horas, los docentes se reagruparon y recuperaron el espacio con palos, tubos y tapas de alcantarillas (restos de los destrozos). Dos horas después, los profesores eran de nuevo dueños del lugar.
El magisterio formó barricadas, en tanto Ulises Ruiz anunció la llegada de tres aviones Hércules con 500 policías federales preventivos para desalojarlos nuevamente; Gobernación señaló después que no había enviado tropas de la PFP.
La Red Oaxaqueña por los Derechos Humanos dio a conocer las principales violaciones al derecho a la integridad personal, al derecho a la libertad y seguridad personal, a la defensa y asistencia de un abogado, al derecho a la libertad de expresión y pensamiento (destrucción de radio Plantón), derechos de la infancia (niños y niñas que dormían en las oficinas del Sindicato quienes se quedaron sin cuidado), así como privación ilegal de la libertad, tratos crueles e inhumanos, e incluso el derecho a defender los derechos humanos porque varios defensores fueron hostigados y perseguidos.
Del Centro Interdisciplinario de Asesoría, Difusión y Defensa de los Derechos Humanos, fueron borrados expedientes y archivos de computadoras, sobre todo en los que se solicitaban medidas cautelares para la Comisión Política Negociadora de la sección 22.
A partir del 14 de junio, los vecinos del Centro Histórico, prácticamente todas las organizaciones sociales de Oaxaca y muchos ciudadanos afectados por el gas lacrimógeno se unieron a la exigencia de la renuncia de Ulises Ruiz. El conflicto magisterial escaló a un conflicto político.
El 17 de junio se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), tan sólo tres días después de la represión, las diferentes fuerzas sociales que antes no habían coincidido en sus métodos de lucha, en sus ideologías, en sus estructuras orgánicas, esta vez se unían para exigir la salida del gobernador.
En esta Asamblea confluyeron los movimientos urbanos populares, el movimiento feminista, el movimiento indígena, los activistas que pugnaban por los derechos humanos, los grupos ecologistas, los sindicalistas, los manifestantes de corte socialista, antineoliberales, anticapitalistas, la izquierda partidista (algunos miembros del PRD y del PT), la izquierda social, principalmente el movimiento estudiantil, la sociedad civil, e incluso los denominados “chavos Banda” y niños de la calle, gente marginada socialmente y reprimida por la crisis.
Se calcula que en estos meses hasta el 25 de noviembre, día de la gran represión, cientos de personas fueron víctimas de desaparición forzada y al menos 30 personas fueron asesinadas extrajudicialmente.
Aun cuando actores políticos nacionales, incluidos los partidos políticos, con excepción del PRI, reconocieron la legitimidad del movimiento, preponderaron los intereses particulares y las negociaciones parlamentarias que tenían como telón de fondo las elecciones del 2 de julio, en las que se eligieron diputados, senadores y al titular del Ejecutivo Federal, lo que mantuvo en su cargo a Ulises Ruiz.
El 22 de julio la radio universitaria tomada por los estudiantes fue baleada, y en esos días, Enrique Rueda, Rogelio Vargas Garfias, Alejandro Cruz, entre otros dirigentes sufrieron atentados en sus domicilios. Catarino Torres Pereda fue detenido el 6 de agosto, en la región de Tuxtepec y fue trasladado al penal de la Palma.
El 7 de agosto el titular de la Policía Municipal, Aristeo López, ordenó rafaguear a un grupo de maestros e integrantes de la APPO, de la “brigada móvil” que intentaba cerrar las oficinas de la Secretaría de Economía, varias mujeres fueron golpeadas. Un día después un grupo porril incendió un auto en la Ciudad Universitaria, y un grupo infiltrado saboteó el equipo de Radio Universidad quemándolo con ácido.
El 9 de agosto fueron asesinados Pablo Martínez Martínez de 11 años de edad, Andrés Santiago Cruz de 35 años y Pedro Martínez Martínez de 70, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, en la carretera Putla-Juxtlahuaca cuando se dirigían al plantón en la Ciudad de Oaxaca. También fue detenido el maestro, Germán Mendoza Nube, miembro de la dirección colectiva de la APPO, su silla de ruedas quedó en la calle, sus dos acompañantes fueron levantados y liberados horas después. A Germán se le ubicó en el penal de Miahuatlán
El 10 de agosto el mecánico de oficio, José Jiménez Colmenares, resultó muerto en una manifestación en la que francotiradores dispararon desde azoteas, sus conocidos vincularon su muerte con el hecho de que el 2 de julio, un grupo de personas incluido Colmenares, espetó a Ulises Ruiz, cuando este acudió a votar, gritándole: “El gobernador, ya cayó, ya cayó”. Ese día fueron detenidos Ramiro Aragón, encarcelado en el penal de Zimatlán, Juan Gabriel Ríos y Elionai Santiago Sánchez liberados días después con señas de tortura.
Al día siguiente Erangelio Mendoza González ex secretario general de la Sección 22, y después de días de su desaparición se informó que fue trasladado al penal de Cuicatlán. El 13 de agosto aparece la página de internet Oaxacaenpaz, en la que registraron fotos, domicilios e historial de los dirigentes de la APPO, con el objeto de estigmatizarlos.
El 15, agentes ministeriales amenazan a la esposa de Flavio Sosa, entonces dirigente de Nueva Izquierda, en su domicilio. La madrugada del 20 de agosto policías y paramilitares dispararon sobre las antenas y equipos de canal nueve y la radio. Ese mismo día la APPO tomó 12 estaciones de radio de la ciudad, entregó la mitad y empezó a transmitir desde el resto.
El diario La Jornada, señaló que se preparaba el operativo “Hierro” con la actuación de zetas y policías en contra de la APPO. El 21 de agosto un amplio grupo de policías y paramilitares movilizados en 40 camionetas dispararon contra los campamentos del magisterio y de la APPO. En la radiodifusora La Ley asesinaron al arquitecto Lorenzo San Pablo Cervantes, Canal 13 documentó los hechos y los policías les decomisaron el material y tres teléfonos celulares así como una computadora.
Como respuesta a la muerte de Lorenzo San Pablo se levantaron barricadas y cada noche se comenzó a vigilar la ciudad para impedir las agresiones y el paso de la “caravana de la muerte”. Sin embargo, el 14 de octubre fue asesinado el rotulista de oficio, Alejandro García. El 18 cobraron la vida del maestro Pánfilo Hernández y del profesor Jaime René Calvo, del consejo de Lucha central.
El 19 de octubre de 2006 el Senado de la República no reconoció la desaparición de poderes en Oaxaca y se limitó a señalar la “ingobernabilidad” en el estado. El 27 de octubre resultaron muertos el periodista Brad Will, el maestro Emilio Alonso Fabián y el señor Esteban Zurita. Como pretexto de la muerte del periodista norteamericano la PFP entró a Oaxaca el 29 de octubre. Durante esos días el enfermero Alberto López Bernal murió al ser impactado con una bomba de gas lacrimógeno y el albañil Fidel Sánchez García fue apuñalado por encapuchados.
Desde las 3 de la tarde del 1 de noviembre, helicópteros de la PFP sobrevolaban la zona, por tierra llegaban más militares para levantar la barricada de Brenamiel. El 2 de noviembre la PFP arremetió contra los integrantes de la APPO para derribar la barricada “5 señores”, en la que fueron detenidas 80 personas y resultaron lesionadas alrededor de 200. Los jóvenes se armaron de piedras, cohetones, resorteras , hondas y bombas molotov para hacer frente a la PFP.
“Todavía cuando llegan las fuerzas federales que era el 30 de octubre, tenemos gestos lindos, la mujeres les ofrecen flores a los policías, hay quienes se ponen pacíficamente en lugares para no forzar una confrontación”, narra Gustavo Esteva.
“Pero los grupos que estaban estacionados se refugian en la Universidad, pensando que era un lugar sagrado y que lo iban a respetar. Pero el primero de noviembre llegó la policía a ocupar el lugar, la gente no aguantó y calculamos que 15 mil personas se fueron a esa batalla… y la ganaron. La ganaron porque la policía llegó a la conclusión de que sólo una inmensa masacre podía permitir salir. Pero la gente llegó a pelear”, batalla que se recuerda como la de Todos los Santos por ser orquestada desde el 1 de noviembre, señala el escritor a Revolución TresPuntoCero.
El 20 de noviembre más de mil 500 personas marcharon al monumento a Juárez y se registró otro enfrentamiento entre la APPO y la PFP. De acuerdo con datos oficiales se detuvieron a 15 personas, siete fueron liberadas tras negociaciones. Hubo varios intoxicados y descalabrados.
Incluso fotógrafos y periodistas fueron agredidos, entre ellos Alejandro Torres por impacto de bomba lacrimógena y el camarógrafo, Alejandro Domínguez, golpeado con toletes en las piernas, ese 20 de noviembre. El 24, César Mateos y Jorge Sosa, líderes de la APPO, fueron trasladados a un penal en Tamaulipas.
“Llegó la gran represión del 25 de noviembre y en esa sí hubo 26 muertos, muchos desaparecidos. Aquí mismo en el salón de Unitierra teníamos reuniones y una señora me dijo ‘me desaparecieron a uno de mis hijos si lo digo me van a desaparecer al otro’. entonces pensamos que hay mucho cientos de desaparecidos que no se han denunciado por temor de las familias de decirlo. Hubo muchísimos desaparecidos, presos y luego la represión, sí fue una represión feroz”.
De acuerdo con el diario Reforma el saldo fue de “152 personas detenidas, 20 vehículos quemados y 19 inmuebles dañados”. Además de cuatro policías lesionados, ocho manifestantes intoxicados, Marcelino Coache, de la APPO, informó de más de 40 lesionados. Una oenegé reportó que el 80 por ciento de los detenidos no tenía vínculos con la APPO.
Organismos de derechos humanos informaron de 31 desaparecidos, (11 mujeres, 20 hombres) 203 detenidos (153 hombres, 50 mujeres) que fueron trasladados a penales de Nayarit y Tamaulipas. La Secretaría de Seguridad Pública los señaló como de “alta peligrosidad”, sin ofrecer las pruebas correspondientes.
Al siguiente día y hasta julio del 2007 fue orquestada una oleada de persecuciones, detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Muchas personas de la APPO abandonaron la entidad. Tan solo el 27 de noviembre se aprehendieron a 60 personas y fueron ingresadas a los reclusorios de Miahuatlán y Tlacolula.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó haber recibido 2 mil 700 testimonios, tener registros de 349 personas detenidas, 20 asesinadas y nueve torturadas. 22 periodistas y defensores de derechos humanos fueron lesionados, 3 detenidos y uno muerto.
El 20 de enero de 2007, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH)emitió un informe en el que se registran 23 personas fallecidas identificadas, se informa de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos fundamentales.
En septiembre de 2013, el congreso estatal aprobó el decreto 2056 que contempla la creación de la Comisión de la Verdad, la cual debe operar con patrimonio y presupuesto propios y debía conformarse 60 días naturales después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre del mismo año.
El 24 de noviembre de 2014, un día antes de la conmemoración de la represión del 25 de noviembre de 2006, se dio a conocer la instalación de la Comisión de la Verdad, que tiene el objetivo de investigar a fondo la actuación del ex gobernador Ulises Ruiz. Dicha comisión está conformada por el defensor de derechos humanos, Alejandro Solalinde; el escritor y periodista, Diego Enrique Osorno, y la investigadora y maestra en Antropología Social, Marina Patricia Jiménez Ramírez, quienes entregarán un informe a principios 2016, año de elecciones estatales.
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Este reportaje forma parte de una serie que consta de una entrega diaria, destinada a analizar la situación de Oaxaca.
