Por Valentina Pérez Botero
@vpbotero3_0
El documento, conseguido a manera de filtración por la organización ambientalista Greenpeace, que detalla las acciones que deberían tomar los miembros del Consejo Ártico en caso de derrame petrolero, fue considerado por los ambientalistas como vago, poco vinculante y difuso en responsabilidad.
El Consejo Ártico se creó hace 12 años en Canadá con el fin de promover la cooperación intergubernamental entre los ocho países que tienen territorio en el círculo polar– Estados Unidos, Suecia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Rusia- .
El acuerdo del Consejo Ártico sobre respuesta ante derrames de petróleo es la respuesta a las intenciones de perforar la capa polar en busca de hidrocarburos; acción que enfrenta los intereses de trasnacionales petroleras como Shell y Gazprom; con la visión ambientalista que expone la falta de tecnología adecuada para la explotación de petróleo, la fragilidad ambiental del Ártico y la nula experiencia en limpiar derrames petroleros del hielo.
A estas dos posturas se debe añadir el derecho de los grupos indígenas originarios del Ártico, que deben ser tomados en cuenta por el Consejo, y tienen, por ley, derecho sobre los productos naturales de su hábitat.
El director de la campaña de Greenpeace Internacional en el Ártico, Ben Ayliffe, declaró que “Existen serias dudas sobre el papel que jugaron las compañías petroleras en la redacción de este documento y sobre la capacidad del Consejo Ártico para vigilar este entorno natural de manera eficaz”. A este conflicto de interés se suma el deterioro medio ambiental de la zona en disputa.
Greenpeace tiene en curso una convocatoria Salva el Ártico -Save the Artic- en la que ha difundido el desgaste de la capa de hielo del ártico que pone en peligro las especies nativas, el nivel de agua de los océanos y la regulación de temperatura a nivel global.
