(18 de agosto, 2015); En un hecho sin precedentes, el juez Eustacio Salinas Wolberg, sentenció a 31 años y tres meses de cárcel a un miembro del Ejército acusado de desaparición forzada de una persona.
De acuerdo al Consejo de la Judicatura Federal (CJF): “Wolberg basó su sentencia en la grave afectación o peligro a los bienes jurídicos tutelados, a saber, la integridad física, la libertad personal y la vida de la víctima directa del delito; así como el ámbito de protección a los familiares, víctimas indirectas del mismo, por el sufrimiento que atraviesan en su afán de lograr información sobre el paradero del desaparecido, además de la violación al derecho a la verdad”.
El caso es uno de los primeros en los que un militar es sentenciado por un juzgado civil, luego que en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara que los miembros de las Fuerzas Armadas que cometen crímenes contra civiles no deben ser procesados en el fuero castrense.
Se trata de una desaparición forzada acontecida el 20 de mayo de 2012 en el municipio de Los Herreras, en el que una persona fue privada de su libertad sin que hasta la fecha se conozca su paradero.
Para el CJF, en su sentencia, el juez “ponderó el perjuicio causado al propio Ejército mexicano, el cual desempeña una importante labor de protección y salvaguarda de la seguridad nacional y de las personas, al colaborar con las instituciones civiles, dentro del marco constitucional y legal, para hacer frente a los actos de la delincuencia organizada”.
El subteniente, de nombre: Danny Hernández Sánchez, Técnico en Administración Militar, egresado de la Universidad del Ejército y Fuerza Armada, quien además fue ya destituido por el Ejército e inhabilitado por un periodo de 15 años y tres meses para el servicio público, puede impugnar la sentencia en una cuarta instancia.
