Hay algo en lo que nunca mintió Iván Carpio. “Conozco las entrañas de la Fiscalía General del Estado”, dijo cuando fue recién nombrado Fiscal General de Baja California. Al llegar al cargo no se cansó de presumir de convertirse en el primer agente del Ministerio Público -ingresó en 2005- en obtener la titularidad del máximo cargo estatal en materia de seguridad.
Lo anterior incluso contra la opinión de su exjefe, Guillermo “el Titi” Ruiz, quien como fiscal de Jaime Bonilla se encargó de obstruirle el camino luego de renunciar y decirle que no a la propuesta de la gobernadora Marina de Pilar de crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dividiendo de nuevo la procuración de justicia y el combate al delito.
A los planes de Ávila Olmeda se cruzaron las prioridades de Palacio Nacional, desde donde se ordenó que un militar asumiera las funciones de seguridad pública. La gobernadora jaló la cadena de su lista y al que iba a ser su secretario lo nombró fiscal, y a quien iba a ser su fiscal la nombró directora del sistema penitenciario de BC (María Elena Andrade).
Desde que fue electo en el Congreso de BC, en enero de 2022, dos diputados alfiles del bonillismo (Marco Blásquez y Sergio Moctezuma) sacaron a la luz supuestos nexos del originario de Ciudad de México con grupos criminales a través de su compadre, el comisionado de la Agencia Estatal de Investigación, José Gabriel Gálvez Beltrán (amenazado de muerte por el narco). El homicidio del agente José Alberto Enríquez Martínez en marzo de este año tendría relación con dichos vínculos criminales.
La gran amistad entre Gálvez Beltrán y Carpio Sánchez habría nacido presuntamente en 2016, cuando ambos sufrieron y sobrevivieron a un ataque armado, lo cual les valió el respeto de la comunidad de empresarios de la frontera quienes los comenzaron a contratar para combatir el secuestro en el estado. Hoy esa confianza nadie la recuerda o invoca.
La propia alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, bromeó en más de una ocasión, en público y en privado, sobre el trabajo del fiscal Carpio a favor de algunos delincuentes. Y a ello se suma el testimonio del general Gilberto Landeros, quien antes de ser sustituido por Tizoc Aguilar denunció que la Fiscalía del Estado protegía a narcos de alto perfil.
Además de aquello, con sólo cumplido el primero de seis años para los que fue elegido y por lo que será suplido por el fiscal central Rafael Orozco, han surgido nuevas versiones sobre los motivos de la abrupta renuncia de Carpio. Una de ellas: la aparición del nombre del abogado de 38 años en WikiLeaks en un cable de junio de 2009 con información “no verificada” de violadores de derechos humanos entre funcionarios mexicanos y la Ley Leahy.
Otra versión apunta a los casos del secretario particular de la Oficina de la Fiscalía, Octavio Espino Espino Torres (2022), y de la agente del Ministerio Público, Ana Sofía López Osuna (2023), quienes fueron detenidos en Estados Unidos por tráfico de drogas. Expedientes donde aparece nuevamente el nombre de Ricardo Iván Carpio Sánchez, el chilango nacido en 1984. El empujón definitivo se lo dieron Montserrat Caballero y Leopoldo Tizoc Aguilar.
La alcaldesa de Tijuana y el general a cargo de la Secretaría de Seguridad del Estado se atrincheraron en el Cuartel del 28 Batallón de Infantería, donde cambió su residencia Caballero Ramírez después de denunciar y evidenciar que Iván Carpio no garantizaba su seguridad, aun cuando recibió amenazas y su equipo de seguridad fue atacado a balazos. Hábilmente, aprovechó una reunión de Gabinete donde Del Pilar pidió a su equipo dejar sus cargos si aspiraban a algo en 2024. Carpio usó esta carta y ahora busca a qué cargo postularse en medio de un ecosistema política a reventar, donde no cabe ni un alma en pena.
