Ivonne Acuña Murillo / @ivonneam
(13 de junio, 2013).- En las últimas décadas México ha vivido cambios en materia política dignos de ser analizados. En primer lugar, la alternancia en el año 2000 dio paso a que un partido que nunca había ocupado la silla presidencial gobernara, con la promesa de “sacar al PRI de Los Pinos”. Dos sexenios estuvo el Partido Acción Nacional (PAN) en la presidencia y no fue capaz de cumplir su promesa. Cogobernó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), repitiendo las mismas prácticas corporativas, clientelares y corruptas que había criticado por décadas. Más aún, bajo su cobijo se empoderó una serie de poderes fácticos que el PRI había sabido mantener a raya: las grandes empresas de medios, el narco, la Iglesia, los empresarios, el Ejército, al igual que los gobernadores que ante el debilitamiento de la presidencia se convirtieron en una especie de “señores feudales” capaces de imponer, sin límites, su voluntad en el territorio bajo su control.
En el caso de Vicente Fox la televisión se convirtió en su principal aliado, mismo que le permitió ser el primer presidente mediático comenzando el distanciamiento entre la realidad vivida por millones de mexicanos y la que él exponía en los medios. Su falta de conocimiento e interés por la forma en que funciona el sistema político mexicano lo llevó a abandonar muchas de las funciones directamente ligadas al liderazgo que debía ejercer al frente de la política mexicana; esto quedó perfectamente resumido en su ya clásica frase “¿Y yo por qué?, dilapidando así el capital político con el que había llegado y destrozando la posibilidad de cambiar un sistema político de corte autoritario.
En cuanto a Felipe Calderón, la debilidad que implicó su falta de legitimidad de origen, ante la sospecha de fraude en las elecciones presidenciales del año 2006 y su corroboración con la frase de que ganó “haiga sido como haiga sido”, le hizo necesario sostener su poder con el apoyo de los poderes fácticos, los mismos que Fox comenzó a empoderar. Otro sostén de su gobierno fue la estructura corporativa construida por el PRI, en especial el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) encabezado por Elba Esther Gordillo. Por otro lado, su guerra contra el narco y la delincuencia organizada, resultado de su afán por legitimarse, fue el peor de sus errores a pesar de que, como segundo presidente mediático, intentó mostrarla como necesaria y triunfante a través de los medios. En este segundo periodo el PAN llevó la política a la televisión y la convirtió en espectáculo, trivializándola, tergiversándola, reduciéndola a 2 minutos y medio de exposición.
Pero ¿qué papel desempeña la oposición en este contexto? Reduciendo se puede decir que durante los gobiernos panistas el PRI dejó al PAN la responsabilidad de tomar las decisiones con un costo político negativo, negociando sólo cuando podía obtener algún beneficio y cuidando no dañar su imagen ante los votantes escudándose en que el PAN era gobierno, así fue como ambos aprobaron en al menos 19 estados de la República leyes antiaborto que criminalizaron el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, por poner un ejemplo.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su parte, se opuso –aunque casi siempre sólo de palabra– a todo aquello que suponía una transgresión a sus planteamientos ideológicos, como su negativa a la privatización de PEMEX. Como gobierno, la oposición más clara que tuvo el PAN se ubicó en la Ciudad de México, cuyos sucesivos gobernantes Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard, demostraron que era posible hacer las cosas de otro modo, que se podía reconstruir la convivencia y encabezar programas sociales capaces de elevar el nivel de vida de ciertos grupos de la población, de invertir en grandes obras para mejorar la imagen y viabilidad de la ciudad, movilizar el mercado interno con la creación de empleos, becas, ayudas económicas a ancianos, ancianas y madres solteras, etcétera, presionando con ello al Gobierno Federal a hacer o prometer algo igual o equivalente. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de todos los gobernantes perredistas a nivel estatal y municipal que en algunos casos y al igual que los panistas continuaron con los mismos vicios que como oposición denunciaron y rechazaron.
En general puede decirse que el papel de la oposición desde 1997, año en que el PRI pierde la mayoría en las Cámaras, ha sido un proceso de ensayo y error en el que la mayoría de las veces los propios intereses de los partidos se han impuesto por sobre el interés general, lo cual ha dificultado enormemente la firma de acuerdos para gobernar.
En este sexenio que comienza también con un déficit de legitimidad de origen, nos encontramos con un nuevo proceso en el que desde el inicio los líderes de las tres principales fuerzas políticas –PRI, PAN y PRD– han sido capaces de reunirse, dejando de lado sus diferencias ideológicas para consensuar, de manera pragmática, lo que se ha dado en llamar el “Pacto por México”, el cual marca líneas de acción en la mayoría de los problemas más relevantes del país. De entrada esto puede considerarse como un avance frente a la desastrosa experiencia de los sexenios anteriores, los cuales se distinguieron por el mal trabajo hecho por pésimos negociadores en ambos lados, la Presidencia y la oposición y por la marcada mezquindad con que trataron de imponer su visión de país. Sin embargo, el riesgo evidente es que esos acuerdos sean construidos y mantenidos desde la cúspide de los diversos institutos políticos, dejando fuera la voz de las bases que finalmente los sostienen, como muestran los conflictos al interior del PAN y el PRD.
Es en este escenario que otro tipo de oposición, diferente a la que representan las cúpulas partidistas, se hace necesaria. Estoy hablando de los movimientos sociales, llámense Morena, #YoSoy132, grupos feministas, ecologistas, gays, etcétera, que pueden marcar límites precisos a los proyectos consensuados desde arriba y que tienen en el “escritorio” su mejor referente. No se propone aquí el inicio de una revolución armada, sino de una revolución de las conciencias, como se le ha llamado, que suponga la construcción de una ciudadanía en el más extenso sentido del término. Está visto que los partidos políticos no representan cabalmente los intereses de la mayoría, por lo que es imprescindible que los diversos grupos sociales se constituyan en los constructores, guardianes y ejecutores de sus propios proyectos y que sean capaces de impedir la formación o consolidación de una “oposición cómplice”, incapaz de hacer realidad el mandato de quienes votaron por ella.
