La población tiene derecho a saber lo que pasa en México

Ivonne Acuña Murillo / @ivonneam

(06 de febrero, 2014).- La información es un tema que puede ser abordado desde dos perspectivas: por un lado, a partir del derecho de la gente a saber todo aquello que pasa en su país y que puede en algún momento poner en riesgo su seguridad personal, familiar, laboral, profesional, empresarial; por otro lado, desde la estrategia política a partir de la cual quien gobierna decide qué eventos y datos pueden ser conocidos por la sociedad y cuáles no, argumentando problemas de seguridad nacional en los que cierto tipo de información se maneja como “secreto de Estado”.

No es nuevo ni extraordinario que todos los gobiernos en el mundo decidan sobre aquello que la población “debe” saber y lo que no, a partir de intereses políticos determinados por ellos mismos. El punto de inflexión, sin embargo, se encuentra en aquellos argumentos sobre los cuales un gobierno toma semejante decisión pasando por encima del derecho a la información de sus gobernados.

 El argumento central es, por supuesto, la supervivencia del propio Estado, considerada como un bien superior al mismo derecho a ser informado. Esta lógica se ampara en la llamada “razón de Estado”, desde la cual se sostiene que el Estado tiende naturalmente a buscar el continuo incremento y consolidación de su propia potencia, “fin para el cual tiende a usar todos los medios, incluso la violencia, transgrediendo la moral y el derecho. La razón de Estado presenta un aspecto interno, que es lograr el dominio eminente del Estado sobre su población y territorio para eliminar la anarquía interna; y un aspecto externo, que es aumentar la propia potencia y disminuir la ajena, por todos los medios, que van desde la guerra hasta las alianzas ofensivas y defensivas”.

Contra la “razón de Estado” se puede argumentar que la existencia del Estado per se no tiene sentido si ésta no está ligada a un fin último, a saber: la protección de sus miembros.

Pero, ¿qué pasa cuando el Estado deja de asegurar dicha protección? ¿Qué pasa cuando la sociedad toma en sus manos su propia seguridad y rebasa al Estado en su función primordial? ¿Qué pasa cuando el uso legítimo de la fuerza deja de ser monopolio del Estado para trasladarse a grupos de la sociedad organizada? ¿Qué pasa cuando la “razón de Estado” suprime el fin último del Estado?

La respuesta obvia a estas interrogantes sería necesariamente declarar la incapacidad de dicho Estado con miras a su refundación. Un proceso de esta envergadura no puede ocurrir de la noche a la mañana, se requiere del trabajo constante de una buena parte de quienes son reconocidos como integrantes del Estado en la reorganización política y social a lo largo de varias décadas.

Se necesita por supuesto la voluntad política de los gobernantes de todos los niveles, la cooperación de las élites nacionales y su disposición a hacer a un lado sus propios intereses en función del bienestar general, de la organización de los distintos grupos sociales dispuestos a trabajar y a coordinar sus esfuerzos con las élites políticas, económicas, sociales, culturales.

Pero para lograrlo la voluntad no es suficiente, se necesitan recursos y uno de esos recursos es la información, ésta debe contener, por principio, un diagnóstico de la situación general del país en materia económica, social, política; un informe del grado de corrupción a todos los niveles; un listado de los problemas más apremiantes, un mapa de las zonas puestas en riesgo por la pobreza, por la pérdida por parte del Estado del control del territorio, de las zonas bajo influencia de grupos armados ajenos a las fuerzas públicas, de las zonas de riesgo en relación con posibles desastres humanos o naturales. En fin, un conjunto de datos que de manera relevante inciden en la seguridad nacional y que conducen a concluir la necesidad de reorganizar al Estado a partir de nuevos parámetros.

Pero, ¿cómo contribuir a la refundación cuando no se cuenta con información suficiente siquiera para saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo en el territorio nacional? Es el caso de México, en el que la población, ciudadana o no, no está ni medianamente enterada de lo que ocurre en su país. En parte como resultado de su desinterés, pero en buena medida como producto de una estrategia gubernamental dirigida a desinformar, pensada para cambiar la percepción en torno a los principales problemas que enfrenta el país, principalmente el relacionado con la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la pobreza, el saqueo a la Nación por parte de las élites políticas y económicas.

Se piensa que si los Medios dejan de mostrar “cuerpos” descabezados, descuartizados, en fosas clandestinas o tirados en las calles, el problema desaparece. Que si no se habla de los niños, niñas y adolescentes asesinados en esta mal librada guerra contra el narco y la delincuencia organizada se puede afirmar que el hecho ha dejado de ocurrir. Que si no se mencionan las alarmantes cifras de mujeres desaparecidas y enroladas en los circuitos de trata de personas forzadas a prostituirse, el fenómeno pierde relevancia en términos numéricos. Se concluye que si los pobres no aparecen en la “tele” no existen, al fin y al cabo forman parte del famoso “mito genial”, idea con la que Pedro Aspe Armella, flamante Secretario de Hacienda, en el sexenio del no menos flamante Carlos Salinas de Gortari, minimizó cínicamente el problema de la pobreza en México, al afirmar que ésta era, eso, “un mito genial”.

Los ejemplos de esta estrategia podrían multiplicarse a lo largo de páginas y páginas, pero como el espacio es corto, con los aquí relatados es suficiente para mostrar lo que se quiere. El objetivo es poner de manifiesto el hecho de que la falta de información se convierte no sólo en un obstáculo para que la población tome acciones concretas encaminadas a modificar una organización estatal que no está dando los frutos esperados, sino que, de manera criminal, es sujeta de un engaño mayúsculo que puede poner en riesgo su propia seguridad física y, peor aún, las formas de convivencia social que dan continuidad y estabilidad a las sociedades modernas.

Se preguntarán ¿Cuál es esa información que resulta tan relevante no sólo para mantenerse con vida como sujetos y sujetas, sino para garantizar un futuro digno de ser vivido a las próximas generaciones?

Como respuesta a esta pregunta se listan enseguida una serie de preguntas que deberían ser respondidas por el gobierno federal y por muchos de los gobiernos estatales y municipales a lo largo de la República.

1. ¿Cuántos casos como el de Michoacán, asediado por el narco y la delincuencia al punto de que la población civil ha tenido que armarse para defenderse ante la incapacidad y/o complicidad del gobierno estatal y los gobiernos municipales, existen en el país?

2. ¿En cuántos estados de la República existen grupos de autodefensa, señal inequívoca de la presencia del narco y la delincuencia organizada y del fracaso del Estado para brindar seguridad a su población?

3. ¿Con qué posibilidades reales cuenta el Estado para enfrentar al narco y la delincuencia organizada diseminados en una gran parte del territorio nacional?

4. ¿Puede la federación aplicar la misma estrategia y recursos dirigidos a Michoacán a todos aquellos estados que tarde o temprano enfrentarán los mismos problemas?

5. ¿Pueden los diversos gobiernos estatales detener el “efecto cucaracha” que provocará el ataque frontal al narco en Michoacán y otros estados?

6. ¿Puede el gobierno federal extender la estrategia aplicada en Michoacán a todo el país para evitar la proliferación de la violencia y los fenómenos ligados al narco y la actividad delincuencial en otras partes del territorio?

7. ¿Cuáles son los riesgos de que la gente se arme para autodefenderse?

8. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva la legalización de los grupos de autodefensa?

9. ¿Puede, de verdad, el Estado mexicano proteger a su población y sus formas de vida?

10. ¿Puede y quiere quien gobierna en México resolver los graves problemas que aquejan a la gran mayoría de la población como la pobreza, el desempleo, la violencia generada por la falta de recursos y oportunidades de desarrollo personal, familiar y social, la trata de personas, la esclavitud laboral, la precarización de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo del salario?

Si no hay respuesta a todas estas preguntas, se puede afirmar que la “razón de Estado” ha engullido definitivamente el derecho de la población a saber lo que pasa en México, dejándola en estado de indefensión, hasta que también decida protegerse a sí misma no sólo de los grupos fácticos que amenazan su seguridad y formas de vida sino de la incapacidad gubernamental para sostenerlas.