(20 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO)
1.- El actual gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, propuso el pasado 29 de enero, una iniciativa de ley que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta. Dicha propuesta autoriza el uso de la fuerza para ‘enfrentar’ manifestaciones catalogadas como “violentas”.
2.- La llamada ‘Ley para Regular el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México’ supone, como lo sostuvo el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, la criminalización de las personas que se manifiestan. Incluso, se podría infiltrar personas ajenas a las movilizaciones que provoquen hechos violentos, y así poder legitimar la represión policial.
3.- El artículo octavo de esta ley, llamados por sus detractores “Ley Atenco”, sostiene que “cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”
4.- Entre otras cosas, esta ley permitirá el uso de esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente, así como dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas. Por su parte, el artículo 15 establece que “cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad, se expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el sentido que desean”
5.- Uno de los artículos que sobresale, es el 52, que autoriza “a los mandos y elementos cuando no adopten todas las medidas necesarias y suficientes para hacer uso de la fuerza pública y de las armas de fuego e inobserven lo dispuesto en esta ley, se les iniciará una investigación interna por parte de la institución de seguridad a la cual pertenezcan”.
6.- De acuerdo a los acuerdos internacionales de derechos humanos, el uso de la fuerza debe ser el último recurso de las autoridades, sin embargo, en la iniciativa del Edomex se lee en el artículo 40 que “el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción”.
7.- El partido Movimiento de Regeneración Nacional, fue el único que votó en contra de esta ley. En ese sentido, Horacio Duarte, presidente estatal dictaminó que su partido luchará para lograr el decreto de inconstucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Vamos a hacer todos los esfuerzos jurídicos, políticos, de movilización para que en el Estado de México no se imponga una ley represiva que atenta contra las libertades ciudadanas.” La bancada de Morena advirtió también que solicitarán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para lograr dicha inconstitucionalidad.
10.- Dicha ley también regula las detenciones en flagrancia y de personas armadas y especifica cómo deben proceder los policías; asimismo, señala cómo se aplicará la fuerza en cárceles y en caso de desastres naturales. Tipifican conductas como actos crueles, abusos y tortura y se fijan procedimientos para castigar estos abusos de los agentes, además de que se garantiza la reparación del daño.
11.- “La ley Atenco criminaliza a los manifestantes además de que su discusión quiere hacerse fast track cuando debemos analizarla profundamente y de manera pública, nosotros no vamos a respaldar una iniciativa que viola los derechos humanos”, afirmó Francisco Vázquez Rodríguez coordinador de MORENA.
12.- La aprobación de la Iniciativa de Ley abriría la puerta a un uso de la fuerza arbitrario por parte de las autoridades, que amenaza a toda la sociedad mexiquense, señaló el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social