(23 de marzo, 2016).- Organizaciones civiles y centros de derechos humanos mostraron su preocupación de que otras entidades adopten la denominada ley Atenco y sus tendencias de censura y privación de las libertades individuales y la libertad de manifestación.
Recordar que ante la aprobación, la bancada de Morena fue la única en votar en contra “debido a que viola los derechos humanos y criminaliza las protestas sociales”, los diputados mexiquenses aprobaron “la Ley que regula el uso de la fuerza pública”, conocida también como “ley Atenco”, promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila.
El nuevo ordenamiento faculta a las policías estatal y/o municipales a intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, lo que desde el punto de vista de Morena legitima abusos como los del caso Atenco, suscitado en 2006.
Los colectivos sociales agrupados en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, denunciaron que la aprobación de esta norma es una posibilidad abierta al uso arbitrario de la fuerza por las autoridades.
Además, advirtieron que dicha ley se une a otras que en diferentes estados del país han intentado eliminar el descontento con las políticas de las autoridades y su falta de capacidad para abordar los problemas de la sociedad por medios diferentes a la represión.
Señalaron que contiene numerosas deficiencias, entre ellas falta de definiciones precisas, ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas, inclusión de causales de uso de la fuerza excesivamente amplias, ausencia de perspectiva de género y falta de persecución efectiva de la tortura sexual, entre otras.
Culminaron su descontento argumentando que esta ley contraviene los estándares internacionales al señalar que “el que el uso de la fuerza sea el último recurso no significa que no podrá usarse como primera opción”.
