(21 de noviembre, 2015).- La remembrada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ha dejado mucha controversia debido a que la ley permite que el patrimonio energético de los mexicanos se entregue “a escondidas” a trasnacionales por funcionarios comprometidos con intereses extranjeros, así lo dijo Manuel Bartlett.
El coordinador del Partido del trabajo y Dolores Padierna externaron su inconformidad con dicha Ley y adelantaron que ésta no incluyó obligaciones fundamentales en materia energética, que permitirían conocer cómo se lleva a cabo el proceso de privatización del petróleo y la electricidad.
La legisladora perredista agregó que tampoco se obliga a publicar el texto original de los títulos de asignación que la Secretaría de Energía otorga a Pemex, ni los costos de producción del petróleo y del gas natural, ni el desglose de los impuestos pagados por yacimiento, campo, contrato o asignación, lo que impide conocer cuánta renta petrolera se le queda al Estado y cuánta a las empresas privadas.
La base medular del descontento de los dos políticos es que nunca queda esclarecido el compromiso de las empresas privadas que exploten recursos nacionales, es decir podrían hacer extracciones sin entregar ganancias y beneficios correspondientes a la nación y a la entidad.
La ley mantiene la opacidad en la operación corporativa de Pemex, así como en las relaciones con clientes y proveedores, y no se le obliga a informar sobre los apoyos al sindicato petrolero.
Fueron criticadas las acciones de la Ronda Cero que no son reconocidas como un proceso meramente transparente y agregaron que Ni Pemex ni la CNH informaron sobre las áreas que la empresa productiva del Estado solicitó. Sólo dio números agregados, pero no hizo pública la lista de campos requeridos, ni explicó las razones de la petición. Incluso, cuando se le pidió esta información.
Con información de La Jornada
