Revista Hashtag/ @RHashtag
(17 de abril, 2014).- En al menos dos sentidos la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones subvierte la esencia de cualquier aspiración democrática, la cual se fundamenta en la transferencia del poder ilegitimo de las élites a la ciudadanía a partir de mecanismos capaces de brindarle legitimidad.
En primer lugar, la iniciativa enviada por el ejecutivo, cuyo operador en el Senado parece ser el panista Javier Lozano, supone un enorme retroceso en lo que respecta a las libertades democráticas y los derechos digitales pues sobrerregula internet y establece medidas destinadas a intervenir de forma discrecional en la vida privada de la ciudadanía bajo el pretexto de resguardar la seguridad.
En segundo lugar, bloquea la construcción de medios públicos independientes, medios sociales, comunitarios e indígenas, al tiempo que acelera un indeseable proceso de estatización de los canales de información y comunicación. De consolidarse este proceso, en lugar de que la reforma constitucional traiga consigo opciones cualitativamente distintas en radio y televisión estaremos sujetos a los dos agentes que históricamente han monopolizado la propiedad de las pantallas y los micrófonos: unos cuantos empresarios acaudalados y el Estado.
En ambos casos, la denominada #LeyTelecom no sólo incumple lo que políticos de todos los colores y grupos de la sociedad civil anunciaron con bombo y platillo como una conquista histórica, sino que implica un retroceso democrático y una puerta abierta para el crecimiento de la criminalización de la disidencia. En suma, lejos de generar instancias para que el ciudadano acceda al poder que brinda la comunicación en las llamadas sociedades de la información, acelera la concentración del poder en un grupo limitado de privilegiados.
Vista en perspectiva, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones no parece haber sido otra cosa que un anzuelo lanzado por el Partido Revolucionario Institucional destinado a deshabilitar la demanda principal del grupo opositor con mayor peso en aquel entonces, así como a desmovilizar la protesta y cortar de tajo los procesos organizativos de la disidencia.
En su afán sincero por obtener una conquista en un tema fundamental como éste o en su desesperado intento por obtener dividendos políticos, asociaciones civiles, senadores, diputadas y diputados autodenominados de izquierda, se dejaron seducir por el canto de las sirenas priista olvidando el origen de la reforma, al tiempo que ninguneaban la naturaleza antidemocrática del hoy sepultado Pacto por México, acuerdo político del que surgió una reforma energética destinada a favorecer a grupos empresariales por encima del bienestar social.
Sin embargo, la génesis antidemocrática del Pacto presagiaba ya el contenido anidemocrático de la legislación secundaria. Y es que, por definición, la democracia no puede construirse a golpe de sectarismo, por más bien intencionado que éste sea.
Hoy, el reto de quienes se oponen a la ley secundaria consiste en construir una lucha que defienda la edificación de un sistema de medios democrático por los senderos de la propia democracia. De lograrse, es posible vislumbrar una verdadera resistencia al proceso de desempoderamiento ciudadano que paulatinamente engulle al país.
