(11 de noviembre, 2014).- Con el objetivo de levantar el aseguramiento de propiedades, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, José Raymundo Cornejo Olvera, otorgó un amparo a Alicia Félix Zazueta, la madre de los integrantes del sanguinario cártel de la droga identificado como el de los hermanos Arellano Félix, quienes se expandieron durante tres décadas en Baja California.
La protección que se le concedió por parte del poder judicial fue para que la Procuraduría General de la República (PGR) permita el uso del Club de Golf, Santa Anota, en Jalisco, el cual estuvo asegurado por las autoridades durante 21 años.
Y es que luego del asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix suscitado en octubre de 2013 en Los Cabos, Baja California sur, durante una fiesta donde un payaso abrió fuego de contra de él, esto ha propiciado que sus cercanos reclamen distintas propiedades que aún se encuentran en calidad de aseguradas en las entidades de Jalisco y Sinaloa.
A raíz de lo anterior, el juzgador señaló que en el juicio 157/2014, la PGR cometió omisiones que vulneran los derechos fundamentales de quien ha demandado, pues ha contrevenido los principios de legalidad y seguridad jurídica de acuerdo con la Constitución.
El fallo del juez ha ordenado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Coordinación “C” de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS) de la PGR, “dejar sin efecto el aseguramiento decretado el 9 de agosto de 1993, y dictar un auto en el que se ordene el levantamiento de la medida precautoria, además de restituir plenamente a Alicia Félix el goce de su derecho fundamental violado”
Asimismo, en su momento, el fiscal a cargo del caso entregó una serie de probanzas señalando que los hermanos Carlos, Benjamín, Ramón, Enedina y Normal Isabel, cuyos apellidos son Arellano Félix, así como Alicia Félix Zazueta y Benjamín Francisco Arellano Sánchez, se encuentran inculpados por dedicarse a actividades de narcotráfico, por lo cual las utilidades económicas que obtuvieron son destinadas a la adquisición de bienes inmuebles, los cuales están registrados a sus nombres, o bien, de sus familiares o terceras personas.
El juezo Cornejo criticó que hayan pasado “más de veintiún años de que fue dictada tal medida a la actualidad, sin que (el Ministerio Público de la Federación) se pronuncie al respecto”.
