Otra gran crisis en proceso es la electoral. El crimen organizado ha puesto en riesgo la elección en al menos siete entidades: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, en un primer frente, y Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México. Ante los riesgos, se han desplazado a esos estado más de 12 mil efectivos militares, marinos, policías federales, del Cisen y la PGR, para salvaguardar la elección, quienes se coordinan con autoridades estatales.
La actividad del “Cártel Jalisco Nueva Generación” tiene en jaque la elección en Jalisco y Michoacán; la movilidad del “Cártel del Golfo”, pone en peligro los comicios en Tamaulipas y Nuevo León; las movilizaciones de la CETEG han puesto en jaque los comicios en Guerrero, donde se resiente también actividad del crimen organizado contra candidatos a cargos de elección popular.
Los focos rojos para la elección detectados por el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha duplicado en estos comicios en comparación con los de hace tres y seis años. En 2009, se reportaron 6 mil 376 secciones de atención especial; en 2012, se registraron 9 mil 972 y para estos comicios se tienen contabilizadas 12 mil 57. El aumento de estas secciones electorales “que presentan una dificultad extrema”, para desarrollar las actividades de capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, destaca en zonas de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco.
El PAN, a través de su dirigente nacional, Gustavo Madero, ha pedido al gobierno federal atender con responsabilidad los “focos rojos” prendidos en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. Pero para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “el país no está en llamas, no está incendiado”, y sostiene que la autoridad no está rebasada por los casos de violencia.
Este proceso democrático no sólo esta en riesgo por la violencia y el crimen organizado sino por la pobreza intelectual de los participantes. Las campañas no destacan por las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular, sino por la difusión de ataques y acusaciones, que trivializan la política y causan daño a adversarios. Las campañas se hacen a través de acusaciones desde la renta de aeronaves, hasta la adquisición de casas y terrenos que no fueron declarados para el conocimiento de la opinión pública; deudas pendientes que se dejaron en cargos públicos anteriores, llamadas telefónicas intervenidas, viajes ostentosos de familiares, acusaciones de enriquecimiento inexplicable.
En Sonora, la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, y el panista Javier Gándara Magaña se exhiben por viajar en aeronaves privadas, por las propiedades que tienen y por presunto tráfico de influencias e incluso por pedir recursos del erario federal para hacer campaña; en Nuevo León, a la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, le hacen público un audio en donde se ve envuelta en una polémica de desvío de recursos cuando fue alcaldesa del municipio de Guadalupe, mientras que a su adversario, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, le exhiben terrenos sin declarar.
A los candidatos panistas en Querétaro y Baja California Sur, Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, respectivamente, les difunden un audio en donde aparentemente el primero se compromete a entregar al segundo “seis kilos” mensuales durante cinco meses, hasta el día de la elección. En Colima, al candidato del PRI, José Ignacio Peralta, lo acusan de pretender instalar, junto con el gobierno estatal, un sistema de espionaje contra el PAN.
En Michoacán, la panista Luisa María Calderón acusa al candidato del PRD, Silvano Aureoles, de proteger a un familiar, a una mujer, quien presuntamente fue detenida con droga en un retén militar. Y en el Distrito Federal, al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, le divulgan en redes sociales que sus hijas e hijo se dedican a viajar por el mundo con aparentes gastos ostentosos.
La guerra sucia ha exhibido ante la opinión pública la utilización de recursos del erario para aprovechamiento particular de los gobernantes. Un caso que ha resaltado en las últimas semanas es el del gobernador de Nuevo León., Rodrigo Medina, y su familia, quienes aprovechando las ventajas de territorios como las Islas Caimán, ha triangulado a ese paraíso fiscal la ganancias de sus operaciones financieras.
Tras la denuncia hecha por el diario “Reforma”, Luis Castro Obregón, presidente del Partido Anal, aseguró que se debe investigar a fondo al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y a su familia.
Otro caso más es la forma que operan panistas en la capital de la República. En la Delegación Benito Juárez, encontraron la fórmula del bien común: beneficiarse entre ellos con negocios millonarios. De 2012 a la fecha, la administración de Jorge Romero entregó a empresas de colaboradores y familiares de Camilo Campo, hoy candidato del PAN a delegado de Cuajimalpa, contratos por más de 50 millones de pesos, según una investigación de un diario capitalino.
El propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se ha visto envuelto en esta guerra de lodo. Le difunden un audio donde se mofa comunidades indígenas en una conversación telefónica. El escándalo escala hasta las redes sociales en donde se le pide que presente su renuncia. Este domingo, los consejeros electorales cerraron filas en torno a Córdova Vianello, y repudiaron “los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar en lo individual y lo colectivo a los miembros del consejo general”.
En tanto, indígenas de pueblos amuzgo, maya, mazahua, me´paa, nahua, purépecha, tlapaneco, triqui, yaqui, zoque, wixárika, ñañu, nashinanda y mixes, condenaron el “tono de mofa” del presidente del INE, Lorenzo Córdova, para referirse a la forma de vida de los pueblos originarios. Consideraron que las palabras del funcionario son discriminatorias y racistas, representan en el fondo y forma una violación a la dignidad de las personas indígenas en los ámbitos público y privado, de los derechos humanos individuales y colectivos.
Señalaron que Córdova viola el derecho a la autonomía de los pueblos para determinar su forma de gobierno, organización y participación política, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos, la ley federal contra la discriminación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
