(31 de julio, 2014).- El gobierno argentino encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra EE.UU., específicamente contra el juez y mediador en el caso de los “fondos buitres”, luego de que la agencia calificadora Standard & Poor’s (S&P) anunciara en “default” al gobierno de la nación sudamericana; no obstante, éste se niega a haber entrado en el “default” que le obliga al pago de 539 millones de dólares de bonos canjeados en 2005 y 2010, y bloqueado en Nueva York.
El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, declaró que “ha habido una mala praxis por parte del Poder Judicial de EE.UU., es una responsabilidad que incumbe a sus tres niveles de gobierno […] Y que no vengan con la excusa de que el Poder Judicial en Estados Unidos es independiente. Es independiente de la razonabilidad, pero no es independiente de los fondos buitre”.
Los “fondos buitres” que hoy ponen en una incertidumbre a toda Argentina, comenzaron en 1998, cuando Argentina entró en recesión y se veía en la obligación de pagar un alto costo por la deuda externa adquirida, tratando de solucionarlo en el año 2001 con el “megacanje” que consistió en el cambio de títulos de deuda que expiraban a corto plazo por otros que expiraban a largo plazo, un error fatal que costó la declaración de Argentina en el 2001 de una deuda de 100 mil millones de dólares.
Los “fondos buitres”, capital de riesgo, fueron adquiridos por inversionistas en el 2008 a bajo precio, reclamando a Estados Unidos cobrar el 100 por ciento de su valor, ya que dentro de la lógica de los fondos buitres es adquirir títulos de deuda de países en “default” y acudir a tribunales para maximizar sus ganancias, fue así como NMK Capital Ltd de Paul Singer y Aurelios Capital Management buscaron que sus fondos estuvieran en litigio con Argentina.
En el año 2012, el juez Thomas Griesa de la corte federal de Manhattan, en Nueva York, señaló que los acreedores que se negaron a participar en los canjes de deuda ofrecidos por Argentina en el 2005 y 2010 y que litigaron en contra de la nación sudamericana –mejor conocidos como “fondos buitres”, debían ser tratados de igual manera que aquellos que sí accedieron al canje.
El juez Griesa ordenó el pago de mil 330 millones de dólares a los acreedores, que sumados a sus intereses, la deuda llega a mil 500 millones de dólares, no obstante éstos, señalan que asciende a mil 600 millones de dólares.
Con el aval de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el pasado 16 de junio, comenzó la investigación de depósitos y bienes argentinos para poder pedir embargos y asegurarse del cobro de la deuda.
Este jueves concluyeron las conversaciones entre Argentina y el mediador de los fondos en Nueva York, sin embargo, al no haber llegado a un acuerdo, Argentina fue declarada en cesación de pagos o “default” a través de los bancos norteamericanos, es decir, por segunda vez en 13 años, no obstante intentó transferir dinero a un banco de EE.UU., Griesa declaró ilegal la operación bajo el argumento de que el gobierno argentino debía pagar a todos los acreedores con reclamos.
Jorge Capitanich señaló que si hay un juez que es un agente de los fondos especulativos, se trata de Griesa.
“Aquí hay una responsabilidad del Estado de EE.UU. para generar las condiciones de respeto irrestricto a la soberanía de los países”, agregó el vocero del gobierno argentino.
Por su parte, el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, al comparecer en Nueva York sobre el fracaso de las negociaciones, señaló que Griesa formó un “rompecabezas jurídico” que originó una situación “que nadie sabe caracterizar”.
Mandatarios de la región se pronunciaron a favor del gobierno argentino, como Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien aseguró que estas “maniobras especulativas” no significan sólo un daño para Argentina, “sino un daño a todos los países del sur”, a lo cual se sumó Dilma Rousseff, mandataria brasileña al declarar que el problema de los fondos buitres “es una amenaza no solamente para el país hermano, afecta todo el sistema financiero internacional”.
“No podemos aceptar que la acción de algunos especuladores pongan en riesgo la estabilidad y el bienestar de países enteros”, añadió la mandataria, mientras José Mujica, presidente uruguayo, lamentó no poder hacer algo más para apoyar al gobierno argentino.
“Siento mucho que no se pueda hacer algo. Esto se estuvo discutiendo bastante en el Mercosur y todo el mundo expresó su solidaridad, pero no se pudo hacer mucho más”, aseguró Mujica.
