(20 de enero, 2016).- Desde marzo del año pasado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha participado en las investigaciones con respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, sin embargo ha surgido una “dolosa campaña de desprestigio” hacia ellos.
Más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos, más activistas y expertos han condenado esta campaña de desprestigio del grupo que desmintiera la famosa “verdad histórica” de la PGR.
El cúmulo de órganos y personas que apoyan al GIEI, emitió un comunicado donde se advierte que la “campaña mediática y política” se ha activado conforme se avanza hacia el esclarecimiento de los hechos.
“La existencia de dicha campaña es evidente, si se considera la sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos económicos y la reiteración de los señalamientos infundados”, dice el pronunciamiento.
Advierten que en primera instancia dicha campaña de desprestigio se dio cuando se atacó a las fiscales Ángela María Buitrago y Claudia Paz y Paz, señalándolas falsamente de ser afines a intereses ilegítimos y presentándolas como responsables de una supuesta manipulación de procesos jurídicos en Colombia y Guatemala, “es claro que los esfuerzos se dirigen a deslegitimar el trabajo del GIEI en su conjunto y así entorpecer el esclarecimiento del caso”, señalan.
En el documento se acusa que el ataque y descalificativos se da a las dos elementos mujeres, quienes trabajan de manera estrecha con la Procuraduría General de la República (PGR), para lo cual se han incorporando elementos discriminatorios en razón de género.
“El respaldo público al GIEI y la eliminación de los obstáculos que impiden la realización de su mandato son un paso obligado para demostrar que el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta con seriedad la grave crisis de violaciones a derechos humanos de México”, señala el pronunciamiento.
14 organizaciones civiles, 78 centros y redes defensoras de derechos humanos, y 20 destacados activistas y expertos en la materia son los elementos que conforman el documento, entre las que se encuentran Article 19, Freedom House, Open Society Justice Initiative, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto para la Seguridad y la Democracia, y Servicios y Asesoría para la Paz.
También firman el documento los principales organismos defensores de garantías del país, como la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
Entre los expertos y activistas están Vladimir Chorny, Luis González Placencia, el obispo Raúl Vera, Ximena Andión y Santiago Corcuera Cabezut, éste último actual integrante del Comité contra las Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
Con información de La Jornada
