Dos años de impunidad, de no saber dónde están, de seguir una línea de investigación que vuelve a concluir en lo mismo, una mentira histórica, lo único certero es que la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” es hasta el momento un caso más de injusticia que vincula como presuntos responsables a los policías municipales y elementos del Ejército.
El pasado lunes 26 de septiembre se cumplieron dos años de los hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero, donde además de desaparecer a 43 normalistas, perdieron la vida seis personas, tres de ellos estudiantes, fue por ello que pese a que el gobierno de Peña Nieto tiene la creencia que los padres de las víctimas continúan la lucha cada vez más solos, se ha demostrado que no quedará en el olvido este caso emblemático que representa a los más de 28 mil desaparecidos, porque la exigencia sigue siendo la misma, ¡Justicia!.
Las investigaciones del caso Aytozinapa han pasado por una serie de obstaculizaciones e intentos desesperados por esconder la verdad de lo que pasó en Guerrero, fue por ello que en 2015 el ex procurador General de la República, Murillo Karam con ayuda de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) por el caso Iguala, crearon pruebas para sostener la “verdad histórica”, que asegura que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula.
Esta línea pese a que ha sido descartada varias veces por científicos nacionales e internacionales, así como por imágenes de la NASA que demuestran que no hubo ningún incendio el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Cocula, continúa en el discurso de la Procuraduría General de la República (PGR), que de seguir así lo único que provocará es que el caso siga estancado por muchos años más.
Cabe recordar que para el esclarecimiento del caso, al ver que las propias autoridades creaban la versión de los hechos de Ayotzinapa, por lo que se solicitó ayuda internacional y se creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), el cual estuvo trabajando durante un año en México con el fin de ayudar a los padres de los 43 normalistas en la búsqueda de sus hijos y de la verdad.
Sin embargo pese a que las investigaciones no habían concluido y más bien se habían obstruido por las autoridades, con base en las declaraciones del GIEI, el gobierno de Peña Nieto no concedió la prórroga para que el grupo de expertos continuara con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Por tal motivo el GIEI dejó una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas donde exigían a la PGR descartar por completo la “verdad histórica”, lo que hasta la fecha no se ha hecho; asimismo la necesidad de indagar en la obstrucción de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, en la falta de diligencia, negligencia y destrucción de evidencias en diferentes momentos de la investigación, señalando de manera particular a funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido).
“Es necesario investigar de manera adecuada delitos que se presentaron en el caso y que así sean tipificadas por los jueces encargados de las causas penales, entre ellos: 1)desapariciones forzadas, 2) homicidios, 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) tortura, 6) exceso en el uso de la fuerza, 7) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. Esto significa que se deben ampliar los cargos en contra de los presuntos responsables, y, por ejemplo, integrar los resultados de la autopsia de Julio César Mondragón a la tipificación de su caso”, recomendó el GIEI.
Además llevar a cabo las declaraciones testimoniales pendientes, como los militares del 27 batallón de Iguala, así como que la PGR incorpore la documentación militar relevante, que tiene en su poder y no se ha añadido a la investigación; recuperar los videos del Centro de Control C4, incluir material fotográfico tomado por el militar de inteligencia del escenario del Palacio de Justicia; y seguir líneas de investigación que suponen la existencia de un quinto camión en el que viajaban algunos de los normalistas desaparecidos y que podría haber estado cargado con droga, versión que descarta la hipótesis que los jóvenes fueron atacados porque pretendían irrumpir en un acto público de la esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, quien ya enfrenta tres procesos penales por el caso Ayotzinapa.
Por su parte Felipe de la Cruz, vocero de las madres y padres de los 43, mencionó que la línea de investigación incluye, según las investigaciones del GIEI y que reforzó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que “un grupo importante de normalistas detenido por policías de diferentes corporaciones entre el Palacio de Justicia y el puente El Chipote, en la carretera federal México-Acapulco a la salida de esta ciudad rumbo a Chilpancingo, fue llevado hacia Huitzuco”.
Pero las autoridades tampoco han seguido esa línea, por lo que Felipe declaró que es así porque “siguen protegiendo a alguien muy poderoso dentro de la política o dentro del poder económico en nuestro país, y por eso la resistencia de que se sepa la verdad y la insistencia de que la verdad está en el basurero de Cocula”.
Y agregó que hasta que no exista una versión clara y que convenza a los padres de los 43, seguirán solicitando que se agoten las líneas de investigación.
En la opinión del defensor de derechos humanos, el padre Solalinde, declaró anteriormente para Revolución TRESPUNTOCERO que “nadie puede auto investigarse” y de no haber sido obstaculizado el trabajo del GIEI habrían “demostrado que el móvil de todo es el tráfico de heroína y la complicidad de las instituciones del Estado y sus diferentes corporaciones, incluidas claro, el Ejército en el negocio del narcotráfico”.
Ángela Buitrago, ex integrante del GIEI declaró en entrevista con Carmen Aristegui que es claro que el destino de los normalistas no fue el bausero de Cocula, tras el reciente anuncio de la PGR de realizar otro peritaje en dicho lugar.
“Se ha perdido un tiempo valioso insistiendo en una teoría que ya está descartada desde todo punto de vista”, insistió Buitrago.
Si bien la violencia, impunidad y falta de justicia es un mal bien conocido en México, las madres y padres de los 43, así como organizaciones y sociedad civil continúan la lucha por conocer la verdad del caso Ayotzinapa.
La desesperación y cansancio por parte de las víctimas al ver como las autoridades insisten con tantas mentiras es agotador pero no por ello destructor de una lucha que ha cumplido hace apenas unos días dos años.
Dos años de no perder la calma, de enfrentar, como lo dijo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el “cinismo y perversión de la clase política”, así como de resistir “la injusticia, la mentira y el olvido” por lo que desde la desaparición de los 43 la exigencia seguirá siendo la misma “¡Verdad y Justicia para Ayotzinapa!”.
