(17 de abril, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).-Al igual que otros megaproyectos que se están realizando a lo largo de la República y que son fomentados más que nunca por la aplicación de las reformas estructurales impuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el proyecto carretero Toluca-Naucalpan y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no se han salvado de ser una de las tantas obras que llega con el discurso de “proceso”, pero lo único que hace es destruir los recursos naturales y dañar con el despojo y la represión a los habitantes de municipios como Xochicuatla y San Salvador Atenco.
Todo este sistema neoliberal, está intentando subsistir y con ello sólo ha encontrado el camino de arrasar con el medio ambiente y perjudicar a la población mexicana a través de obras mal planeadas que carecen de una construcción para un bien común, y las cuales tiene como único fin seguir beneficiando al pequeño grupo que está en el poder a través de la creación y modificación de leyes, así como el uso de mecanismos corruptos e inhumanos que poco a poco van manchando y matando el espacio natural y tradicional de México.
Desde hace 8 años Peña Nieto y ahora Eruviel Ávila, como típicos gobernadores priistas del Estado de México, se han encargado de reprimir y expropiar de sus tierras a la población, además de instalar una alfombra roja y proporcionar seguridad a las empresas trasnacionales y nacionales, como lo han hecho con Grupo Higa “la consentida del PRI”, compañía constructora que pertenece a Hinojosa Cantú, quien recientemente salió en la lista negra de los #PanamaPapers.
El conflicto que ha enfrentado la comunidad indígena otomí de San Francisco de Xochicuautla o la gente de Atenco no es una problemática reciente, desde que Peña Nieto gobernaba el Estado de México (Edomex) se intentó despojar y destruir las tierras ejidales y el Gran Bosque Otomí- Mexica, el cual es una de las principales fuentes de oxígeno y agua en la zona metropolitana del valle de México y Toluca, con la construcción de un proyecto carretero que tendrá como fin conectar a varios municipios con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Fue en el año 2007 que los habitantes de Xochicuaulta encontraron maquinaria de construcción en la zona, además de la presencia de un grupo de ingenieros quienes evaluaban el lugar, y como es costumbre por parte de las autoridades no informaron a la población de este proyecto, cuando legalmente está establecido que antes de iniciar cualquier obra en territorios comunales o ejidales, se debe consultar y pedir la aprobación de las comunidades indígenas; por lo que desde el comienzo se violaron los artículos 1 y 2 de la Constitución, al igual que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .
Fue desde entonces que la comunidades en el Edomex iniciaron una la lucha contra el gobierno opresor encabezado por Peña, que buscaba expropiar y reprimir a los habitantes al igual que lo hizo en mayo de 2006 en San Salvador Atenco. Parte de la construcción de la autopista sí se realizó, invadiendo y destruyendo tierras comunales, arrasando con hectáreas de bosque y viviendas de municipios como Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan; afectando no sólo a la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla sino a la de San Lorenzo Huitzizilapan, Santa María Atarasquillo, Ayotuxco, entre otras.
Hasta 2008, las autoridades mediante amenazas realizaron una consulta con la minoría de los ejidatarios, la cual presentó una serie de irregularidades y molestias en la sociedad por el uso de tácticas enmarañadas para imponer el proyecto; ante tales acciones de un gobierno de mierda, las personas de Xochicuautla empezaron a organizar sus propias asambleas en las cuales rechazaban completamente el proyecto Toluca-Naucalpan y fue así fue como constituyeron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El FPDT denuncia que el proyecto destruirá 960 mil metros cuadrados de hectáreas de bosque, lo que ocasionará afectaciones a los recursos naturales y vitales para las comunidades, ya que la producción de agua en 2 millones de litros por año se reducirá y afectará a la población del Edomex y la Ciudad de México.
Al ser invadido el Bosque Otomí, también se dañarán otros espacios ecológicos considerados como áreas naturales protegidas por tratados internacionales y nacionales en el Edomex como el Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, Las Ciénegas de Lerma y su Área de protección de la Flora y la Fauna. Por su parte la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) detalló que el desarrollo de este proyecto carretero perjudicará a 296 especies de flora y fauna, “muchas de ellas sujetas a protección especial o declaradas en peligro grave de extinción”.
La denuncia y exigencia a nivel federal es que se frené la construcción del nuevo AICM, mientras que a nivel estatal es que el gobierno de Eruviel Ávila detenga el proyecto carretero Toluca-Naucalpan, con el fin de salvar la zona natural y no reprimir ni derramar más sangre. Aunque con la aprobación de la Ley Atenco, la cual fomenta el uso de la fuerza por parte de los elementos estatales contra cualquier persona o grupo que no propicie “el orden social”, las autoridades se pueden escudar y silenciar cualquier tipo de protesta contra la construcción del proyecto carretero y el nuevo AICM.
Las entradas invasivas que se realizaron desde el jueves pasado y el 13 de abril en Atenco y Xochicuautla por parte de trabajadores de Geosol y Grupo Higa, maquinaria y elementos del Ejército mexicano, han mostrado y comprobado una vez más que el PRI no tiene ni la más mínima idea sobre lo que significa el cuidado y conservación del medio ambiente y mucho menos sobre proteger a lo que llaman “las minorías”, que son las comunidades indígenas que forman parte de nuestro pasado, presente y futuro, quienes serán gravemente afectadas con el despojo de sus tierras y la destrucción del Bosque Otomí, es decir, su patrimonio cultural y natural.
