(30 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Desde hace años, México está inscrito en un sistema económico y político que cada día depende más de la explotación de los recursos naturales para subsistir, motivo por el cual a lo largo de la República los defensores de la tierra, mar y aire han tenido que luchar contra el gobierno y las grandes empresas nacionales y trasnacionales, quienes imponen megaproyectos sin consultar a la población y sin realizar un verdadero estudio de impacto ambiental y social, por lo que al final el resultado es la destrucción de nuestras riquezas naturales, como es el reciente caso del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo.
Entre abril y septiembre de 2005, durante el gobierno del panista Vicente Fox, fueron otorgadas 500 concesiones en zonas costeras del país, una de ellas la del complejo turístico del Malecón Tajamar, autorizada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el cual fue suspendido en 2008 por la Secretaría de la Función Pública, al presentar irregularidades en el estudio de impacto ambiental.
Pero las irregularidades en los estudios no son el problema fundamental, lo principal es que con el tiempo se han trabajado una serie de leyes que funcionan a favor de la oligarquía y cada vez las perfeccionan más para tener el sustento “legal” y destruir los ecosistemas conforme a la ley.
Cabe recordar que en 2013 ocurrió una modificación más, de esas que sólo favorecen a los grupos en el poder y a las empresas, Manlio Fabio Beltrones, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la reforma al artículo 27 constitucional, iniciativa privatizadora que iba acorde con las reformas estructurales de Peña, y la cual fue aprobada con 356 votos a favor, donde se permite la explotación y uso de los recursos naturales que sean otorgados a través del ejecutivo federal; además que el gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas.
En junio de 2015 iniciaron los trabajos de desmonte en el Malecón Tajamar, en ese momento los defensores exigieron la suspensión de las obras, por lo que la Profepa, el pasado 12 de agosto, dictaminó la detención temporal de éstas, pero los encargados del megaproyecto incumplieron la orden.
Fue el pasado 18 de enero que el Fondo del Fomento al Turismo (Fonatur) cometió una de las atrocidades ambientales más repudiables en la historia del país, pues por medio de un permiso “legal” acabó con cerca de 50 hectáreas del manglar de Tajamar.
Aunque el gobierno federal intentó acabar con la vida de miles de seres vivos en un ecosistema más antiguo que la población humana, las denuncias de activistas, en las redes sociales, generaron enojo e indignación social a nivel nacional, al considerar dichos hechos como uno de los acontecimientos más repudiables del gobierno federal.
Tajamar era una zona natural de manglar donde convivían al menos 50 especies de mamíferos, reptiles, anfibios y aves en un ecosistema tropical que atraía agua a la zona, sin embargo, la ambición de los empresarios y políticos pudo más y decidieron que era una región ideal para construir un complejo inmobiliario que dejaría ganancias superiores a los 2 mil millones de pesos, por lo que las afectaciones irreversibles a los ecosistemas tropicales no representó ningún tipo de remordimiento para ellos.
El gobernador priísta Roberto Borge justificó el ecocidio al señalar que contaban con los permisos correspondientes para destruir el entorno natural, y aseguró que los animales habían sido reubicados, no obstante, los defensores de diferentes organizaciones civiles y la ciudadanía denunciaron que cientos de ejemplares murieron por la devastación humana y otros más deben ser rescatados.
Borge señaló que el Fonatur contó con los permisos de la Semarnat, quien autorizó desde el gobierno panista la deforestación de uno de los manglares más importantes de Quintana Roo, porque además de ser un sustento de las ciudades costeras, era considerada una de las zonas de mayor riqueza natural en el mundo, el cual tardará 30 años en recuperarse del daño hecho.
Aunque tanto el PRI como el PAN se han tratado de deslindar del problema, el daño está hecho y pese a que se ha detenido provisionalmente el ecocidio por medio de una orden judicial, Fonatur ha alegado que no pueden frenar el proyecto, pues de lo contrario tendría que reembolsar los más de 2 mil millones de pesos que han pagado los inversionistas.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que no existió ecocidio en Tajamar y que los animales muertos que presentaron los activistas no vivían en la zona afectada, por lo que de forma “astuta”, grosera y burlesca pretenden continuar con el proyecto para acabar con una zona que representaba uno de los pulmones de Cancún.
Sólo la ciudadanía organizada puede parar una masacre natural mayor, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto, respaldado por la “ley” que poco a poco modifican para escudarse en ella y desfavorecer a la población, busca seguir acabando con la riqueza natural que posee México, que durante años han destruido con un solo fin, el personal.
