Especialistas y académicos advirtieron que “los mexicanos pueden llegar a las urnas el próximo 1 de julio en un proceso electoral contaminado y marcado por el uso de dinero público e ilícito para condicionar y comprar el voto de los ciudadanos”.
En un foro realizado en el Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Pardinas, director del Instituto Mexicana para la Competitividad (IMCO) expuso que hay diversas señales de preocupación sobre la legalidad de los comicios del 2018, entre ellas, “el uso discrecional de recursos públicos por parte de Gobernadores, el dinero ilícito en las campañas que no es investigado, como el caso Odebrecht, la entrega de dádivas y el derroche en publicidad oficial”.
Pardinas sostuvo que, “aunado a eso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contribuye a “prostituir” la democracia a través de sentencias que contradicen las decisiones del INE y que, entre otras cosas, han validado el reparto de tarjetas”.
Consideró, por ello, que es importante analizar la posibilidad de instaurar el voto obligatorio como una forma de combatir el clientelismo electoral.
En primer lugar, el director del IMCO criticó que, “hace algunas semanas, la Cámara de Diputados haya reformado la Ley de Disciplina Financiera de los Estados, con lo que ahora se permitirá que los ingresos excedentes que tengan los Estados ya no se utilicen para pagar deuda o fortalecer el sistema de pensiones, sino que sean ejercidos por los Gobernadores de manera discrecional en pleno año electoral”.
Aunque esa reforma todavía debe ser ratificada por el Senado, Pardinas criticó que la ley original fue estrenada hace apenas un año y los diputados, al quitarle candados hace unas semanas, no dieron tiempo a que se probara su fortaleza.
Recordó que el IMCO hizo un estudio sobre el ejercicio del gasto en los Estados donde se encontró que éstos presupuestan 15 por ciento abajo del dinero que al final reciben.
“Entonces, lo que la Cámara de Diputados le está abriendo la puerta a los Gobernadores es a utilizar de manera discrecional, sin necesidad de aprobación del Congreso, 15 por ciento de su presupuesto durante un año electoral”, dijo Pardinas.
Otra señal de preocupación, comentó, “radica en que las decisiones del Tribunal Electoral, que se ha dedicado a contradecir al INE, pueden afectar la salud a corto y largo plazo de la democracia mexicana”.
“O sea, me cuesta pensar un proceso de prostitución de la democracia mayor que ese, ‘si yo gano a tu tarjeta le va a entrar dinero; o sea, es un mecanismo, a mí me parece, muy evidente de compra de voto, pero el Tribunal opina distinto y ya se dio luz verde ahí”, argumentó.
Aunado a eso, Pardinas criticó que “el Gobierno mexicano tiene la posibilidad de controlar a los medios de comunicación a través del gasto en propaganda gubernamental. En 2016, ejemplificó, se le entregaron 10 mil millones de pesos a los medios”.
Agregó que “además está la sombra del dinero ilícito, tanto privado como público, que entra a las campañas y no es investigado. De hecho, dijo, en México no hay Fiscal electoral después de que Santiago Nieto, que investigaba el presunto financiamiento de Odebrecht al PRI, fue cesado de su cargo en octubre pasado”.
“Estamos viendo en nuestro continente la enorme mayoría de los países donde Odebrecht estuvo presente. Hubo casos de corrupción, de financiamiento electoral y hay consecuencias, o sea, los Estados reaccionan, las democracias reaccionan, salen a defenderse para decir: ‘esto no es permisible’, y aquí no pasa nada”, recriminó el director del Imco.
En tanto, en el foro, la consejera Pamela San Martín alertó que, pese a la transición democrática, en los procesos electorales aún existe el uso electoral y clientelar de los recursos y programas sociales.
Kevin Casas Zamora, investigador de Diálogo Interamericano en Washington D.C., explicó que el uso de los recursos públicos para promover las campañas del partido en el Gobierno es un problema latente en América Latina.
El ex consejero presidente del extinto IFE, Luis Carlos Ugalde, aseguró que el principal problema de la democracia mexicana es el financiamiento ilegal en las campañas, el cual es uno de los puntos de origen de la corrupción en los Gobiernos.
Todos los demás problemas, como los actos anticipados de campaña, expuso, son triviales, superficiales y secundarios en comparación a la corrupción que predomina en el financiamiento de las campañas.
“Si no resolvemos este problema que se ha gestado en los últimos años de manera ascendente, aunque es un problema de larga duración, no va a tener resultados el Sistema Nacional Anticorrupción”, remarcó.
