Záyin Dáleth Villavicencio / @ZayinDaleth3_0
(26 de septiembre, 2013).- “Mis familiares fueron desaparecidos en un retén municipal en Turicato, Michoacán, el 23 de septiembre del 2009, entre ellos están mi hijo Patricio Barrera Corona, mi hermano Simón Corona y mi cuñado Rigoberto Mejía Mendoza. Como madre no puedo cruzar los brazos, tengo que luchar hasta encontrarlos y evitar las desapariciones”, afirmó Alberta Corona, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México “Alzando Voces”.
En el marco del sexto aniversario de la organización, sus integrantes, en su mayoría mujeres que han sufrido la pérdida de sus hijos, hermanos, padres y esposos; advierten que Michoacán, junto con Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, forma parte de las cuatro entidades con mayor incidencia de desapariciones forzadas.
“El fenómeno de la desaparición forzada, que escaló con el gobierno de Felipe Calderón y ha seguido con Enrique Peña Nieto, es una política de Estado que parece no tener fin”, afirmó la vocera Cristina Paredes Lachino.
La activista calificó como alarmante la política de “represión y criminalización de la protesta social, a los jóvenes, a los defensores de derechos humanos y a los periodistas”, que se ha agudizado con esta administración.
Indicaron que a nivel estatal y federal “no ha habido la mínima voluntad política por parte de ninguna autoridad para darle solución a las desapariciones forzadas que de 2006 a la fecha se han venido incrementando”, con un total de 178 casos registrados por la organización, sólo en Michoacán.
Alberta Corona dijo que “vamos a luchar hasta saber dónde los tienen porque los gobiernos saben dónde están”. Además, pidió a las madres que están calladas por temor “que dejen ese miedo, el amor a nuestros familiares es más grande que cualquier cosa”.
Mi hijo no era un delincuente
“Mi hijo no era un delincuente como me lo hicieron creer en la Procuraduría, me dijeron que mi hijo se dedicaba a robar tiendas de autoservicio, gasolineras y autos”, explicó Lilia Martínez Barrera, madre de Carlos Gaona Martínez, quien fue detenido y desparecido el 2 de septiembre del 2012 por la unidad 706 de la policía estatal.
“Mi hijo fue detenido y desaparecido en la colonia Industrial de Morelia, tenía 28 años, me avisaron que estaba detenido arriba de la patrulla y cuando yo llegué al lugar, el comandante José Manuel Ramírez Martínez lo estaba golpeando. Lo cuestioné y me respondió que él era la autoridad y le digo ‘sí, señor, pero yo soy su madre y no se vale’ […]”.
“A mí me llevaron a barandillas y me encerraron dos horas para poder hacer lo que tenían planeado. Lo que yo exijo que respeten la vida de mi hijo, es pintor automotriz. He tocado puertas en muchas partes y nadie me ha resuelto nada”, concluyó Martínez Barrera.
“Cuando regresé, me dijeron los policías que mi hijo estaba declarando en la Procuraduría, pero mi hijo nunca llegó ahí. Mi hija y su esposo vieron cuando la patrulla entró a un auto-lavado, de donde salieron dos camionetas, en una de ésas posiblemente iba mi hijo. Y desde entonces no he vuelto a saber de él”.
En Michoacán existe una iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada o Involuntaria de Personas, no obstante, “ningún grupo parlamentario ha mostrado la voluntad de legislar en materia, porque tendrían que asumir su responsabilidad en estos caso. El Estado tiene responsabilidad directa por complicidad, acción directa u omisión”, afirmó Paredes Lachino.
