(20 de mayo, 2014).- Los migrantes en EE.UU. viven con un doble miedo, pues mientras por una parte están expuestos a la inseguridad como la población en general, temen que al denunciar los delitos ante la policía pudieran ser deportados, debido a la implementación de programas federales de inmigración que autoridades locales y estatales se empeñan cumplir.
Mediante un video de 3:44 minutos, donde incluyen testimonios de migrantes en Nashville, Tennessee, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), denunció que las dependencias de seguridad locales no deberían mezclar su labor diaria con programas del Estado como Comunidades Seguras que se aplica en dicha entidad.
“Cuando esas funciones (proteger a ciudadano e identificar personas con fines de deportación) se confunden y sectores enteros de personas afirman que ‘temen llamar al 911’, se menoscaba la seguridad pública”, aseveró Alison Parker directora del Programa sobre Estados Unidos de HRW.
El programa Comunidades Seguras, iniciado en 2008 por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus sigla en inglés) y que fue implementado a nivel nacional el año pasado, envía las huellas dactilares de las personas que son detenidas al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) con el fin de que sean revisadas y en caso de encontrar indicios de deportación se traslada al individuo a una agencia migratoria para que se decida su futuro.
La administración federal afirma que estas mediadas están enfocadas en la detención de migrantes violentos, sin embargo, la realidad es otra pues de acuerdo con un análisis de HRW, realizado entre 2009 y 2013, miles de personas radicadas desde hace años en EE.UU. con penas por delitos menores han sufrido los estragos de la medida.
De igual forma, la confianza entre los migrantes y las autoridades se ve mermada cada vez que los primeros enfrentan procesos de deportación, problema que ni los esfuerzos aplicados por las comunidades de migrantes y la policía han podido contrarrestar.
De acuerdo con HRW, la problemática se empora desde el Congreso norteamericano, al no legislar una verdadera reforma migratoria que siente las bases para regularizar la situación de los migrantes, panorama que hace pensar en cambios provenientes desde la Casa Blanca como la no deportación de personas que violen las normas migratorias pero no cuenten con antecedentes penales.
Mientras tanto, estados como Oregon, Washington y Colorado derogaron las determinaciones del ICE, referentes a la detención de no estadunidenses, luego de que el abril de este año se determinara que las retenciones violaban los derechos constitucionales de los migrantes, además de considerarlas discriminatorias.
En tanto, HRW hizo un llamado para que se elimine por completo el programa Comunidades Seguras, o en su defecto clarificar los objetivos de detención y pidió que Tennessee se una a California, Connecticut y Chicago como entidades que han restringido la disposición federal.
