Por: Natalia Antezana Bosques
Twitter: @Natalia3_0
En el operativo efectuado por el GDF el pasado 1º de diciembre, elementos policiales y autoridades, cometieron actos de tortura contra ciudadanos, a pesar de que el derecho humano a la integridad personal “implica un deber del Estado de no someter a nadie a tortura, penas o cualquier trato cruel, inhumano o degradante”, según la recomendación 7/2013, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del D.F.
En el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, se llevaron a cabo diferentes protestas, ante lo cual, el GDF implementó un operativo policial que resultó en graves violaciones de derechos humanos de las y los ciudadanos, entre los que destacan 6 casos de tortura, lo cual no solo es una violación a los derechos humanos sino un delito grave.
En este sentido, el estado no sólo incumplió su responsabilidad sino que “procedió a infligir de manera intencional tormentos físicos y psicológicos”, según la recomendación. En el caso de dos jóvenes , Uriel Polo Sandoval y Alejandro Lugo, las agresiones se perpetraron en la vía pública, mientras que en caso de otros cuatro jóvenes, Roberto Cortés, Víctor Aguilar, Víctor Corona y Bryan Reyes, se realizó en vehículos oficiales después de ser detenidos.
Se documentó que en el caso de Uriel Polo “al momento de ser detenido fue rodeado por policías de la SSPDF, quienes antes de tirarlo lo tomaron por el cuello y comenzaron a golpearlo y, una vez ya en el suelo, a patearlo en distintas ocasiones y en distintas partes del cuerpo. Lo arrastraron aproximadamente 50 metros para que por segunda ocasión de manera colectiva y en el suelo, policías procedieran a golpearlo. Se observa incluso que el joven no se puede sostener por sí mismo, es prácticamente noqueado y se desvanece en el suelo sangrando”. Personal médico especializado de la comisión pudo constatar que fue víctima de más de 200 golpes en distintas partes del cuerpo y que “fue tal la brutalidad policiaca que personas ajenas que se encontraban en la vía pública, tuvieron que intervenir”, se menciona el documento realizado por la CDHDF.
Asimismo, cuando los policías se percatan de lo grave de las lesiones de Uriel, lo llevan a una ambulancia donde lo limpian y luego lo vuelven a meter a la patrulla, en la cual le dijo un policía “oye, esto no lo puedo hacer, pero vete a tu casa, ya llégale de aquí, no te quiero ver aquí. Y si te vuelvo a ver por acá, ahora sí, no vamos a perdonártela, así que llégale a tu casa…”, según el testimonio de la víctima.
Está el caso de Alejandro Lugo: sin ser partícipe de la manifestación, fue detenido en un estacionamiento público, de donde fue sacado. Lo rodearon más de 20 elementos de la SSP y golpearon brutalmente, como se destaca además en un video en manos de la CDHDF. Según el testimonio de la víctima “… en varias ocasiones me levantaron del cinturón y la ropa interior para después volverme a tirar, todo eso acompañado de insultos, amenazas y patadas, una de las últimas veces que me levantaron, un granadero le dijo a otro: ahí te encargo. Y fue cuando otro granadero mete sus manos a mi pantalón y ropa interior, me golpea en los testículos y pene y con su otra mano toca mi ano, en esa posición me jalonea mientras otros granaderos tiran de mis brazos y cabello, otra vez me tiran al suelo, pateando y golpeando, y me escupen e insultan…”
En ambos casos, la CDHDF señala que se aplicó el Protocolo de Estambul, y los médicos de la Comisión “concluyeron que la sintomatología crónica y aguda detallada por los entrevistados es consistente desde el punto de vista médico”.
En los casos de Víctor Aguilar y Roberto Cortés, que fueron aprehendidos a las 19:30 horas, casi 7 horas después de los sucesos, se documentó que fueron sometidos a graves golpes a la hora de su detención: 21 lesiones en distintas partes del cuerpo en el caso de Roberto y 4 en el caso de Víctor. Asimismo, a ambos “se les aplicó dos sesiones de choques eléctricos en la parte interna de los muslos”, en el momento en el que entraron a la patrulla de la SSPDF.
El mismo hecho se presenta en el caso de Bryan Reyes, a quien le aplicaron descargas eléctricas en la parte izquierda de la cadera, en el momento de su traslado en la patrulla después de su arresto. Cabe señalar que los instrumentos que generan descargas eléctricas “no están permitidos por la normatividad que regula el uso de la fuerza en el Distrito Federal”, se explica en el documento.
Según el testimonio de Bryan, cuando se encontraba en la patrulla, ésta se detuvo y los policías lo obligaron a bajarse y desnudarse mientras le tomaban fotos con el celular, burlándose de él “a poco sí crees en el Peje, si ya ganó Peña, ya te chingaste, vas a valer madres”, le dijeron los elementos policiales.
En el caso de Víctor Corona, fue severamente golpeado a la hora de su detención ilegal, registrándose 10 lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que lo tuvieron que llevar al hospital Xoco, ya que tenía una fisura en uno de los brazos.
El documento presentado por la Comisión de Derechos Humanos del D.F. destaca que aparte de estos 6 casos documentados, a lo largo de la investigación “se documentaron otro tipo de hechos violatorios a la integridad personal que pueden ser susceptibles de calificarse como uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y tratos crueles, inhumanos y degradantes”, se detalla en la información presentada.
Asimismo, se tienen documentado el uso desproporcionado de la fuerza en las detenciones ilegales de múltiples víctimas más, y en el caso de 2, no fueron dispuestas ante el ministerio público.
Cabe señalar que “Se entenderá como tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin “, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
