(10 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Karla es originaria de la comunidad San Pablo del Monte, Tlaxcala, en una zona catalogada como “corredor de la trata de personas”. Ella salió de su domicilio el 13 de enero rumbo a la escuela, sin embargo nunca se presentó a clases, lo que se supo horas después cuando su hermano, enviado por su madre, fue a dejarle el refrigerio.
Karla nunca iba sola a la escuela, la zona es peligrosa. Ella y su hermano se hacían compañía, pero ese día, él no tuvo clases. Por lo que su madre, comenta que por seguridad le prestó el teléfono celular. Pero no se pensó que algo podría pasar, porque “la escuela estaba cerca, era una caminata de aproximadamente diez minutos sobre la calle 20 de Noviembre, una de las más largas de la comunidad”.
Cuando la madre de Karla, Olga Tezmol Suárez, se enteró de lo sucedido acudió a la escuela, la directora del plantel le pidió que “no se preocupara, posiblemente se fue con algún amigo de pinta”. Sin embargo hizo caso omiso y comenzó la búsqueda por su propia cuenta, preguntando con vecinos a lo largo de todo el recorrido que realizaba la menor todos los días, asegura el testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
En aquel momento las autoridades policiacas y la Procuraduría del Estado engañaron a los padres de la menor, asegurando que había activado la Alerta Amber, pero no lo hicieron. Sin embargo la familia siguió confiando, pese a que no había elementos que demostraran que las autoridades estaban realizando acciones de búsqueda e investigación.
“Desde aquel 13 de enero, continúan las irregularidades, sigue sin existir una averiguación previa, está próximo a cumplirse dos mes de la desaparición de Karla y la Procuraduría sigue sin iniciar acciones, sigue sin abrir un expediente, porque considera que no hay delito a perseguir, continúa solamente el acta circunstanciada.
La semana pasada se pidió por escrito la comparecencia de la Procuradora del estado ante el Congreso, sin embargo existe una cláusula, que puede catalogarse como violatoria en cuestiones de transparencia y democracia, aquí en Tlaxcala, ya que establece que cuando un servidor público del gobierno del estado es llamado a comparecer ante el Congreso, es el gobernador quien tiene que dar la autorización al personaje, para que acuda a comparecer, entonces el ejecutivo estatal termina siendo juez y parte”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada de los padres, Miriam Pascual, perteneciente al Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
Agrega que “en una situación de transparencia y de rendición de cuentas, es preocupante que no se inste de inmediato a que se explique por qué no se dio paso a acciones de investigación, principalmente al hablar de una desaparición en el corredor de la trata, en donde se tienen distintos informes los cuales se han emitido por décadas, con respecto a este catalogado foco rojo, donde desaparecen niñas y mujeres con fines explotación sexual.
La semana pasada enviamos la comparecencia y el día de hoy logramos que se confirme una Comisión especial investigación por parte del Congreso respecto al caso concreto de Karla. Ésta explica como la aleta Amber tardó en activarse 21 días, dicho mecanismo de búsqueda es exitoso siempre y cuando se utilicen en el momento adecuado y de forma inmediata con reportes de desaparición.
Pero no fue así, por el contrario, la familia ha sido muy maltratada por las autoridades, desde los policías de investigación hasta la misma Procuradora. Cuando ellos acuden a denunciar, que fue el mismo día de la desaparición, no se da inicio a una averiguación previa, tampoco les explican por qué, y ante el desconocimiento no entendieron porque solamente se les dio un acta circunstanciada; los padres confiaron en las palabras de las autoridades, las dos primeras semanas después de la desaparición”.
Después de ese tiempo, la familia se dio cuenta que no había avances, tampoco se comunicaron con ellos y fue cuando dieron inicio a la búsqueda de apoyo por parte de organizaciones, así fue como acudieron con Pascual, “cuando nosotros conocemos el expediente efectivamente nos damos cuenta que la alerta jamás se activó, lo que generó que se perdieran datos de suma valía, que se arrojan únicamente en las primeras 48 horas de la desaparición de una niña o niño.
El mecanismo bien aplicado es exitoso, pero precisamente porque lleva la notificación de servidores públicos a nivel nacional, el cuidado de fronteras internacionales y de los estados, entonces el hecho de aplicarla 21 días después solamente indica que se les dio toda la facilidad a quienes cometieron el delito de desaparición en contra de Karla, para trasladarla de un lugar a otro”, comenta la defensa.
A su vez, continúa explicando que para realizar “infinidad” de acciones se perdió tiempo “valiosísimo”, puesto que no se pudo pedir vigilancia y atención en cámaras de seguridad de casetas, de las terminales de autobuses, porque no se activaron en favor de la búsqueda, “es una pérdida irreparable de tiempo y de diligencia, que hubiera podido lograr localizar con vida a Karla en un lapso de 72 horas”.
“Existió un engaño evidente. “La única explicación que dan las autoridades es que no se emitió porque consideraban que Karla seguía en territorio tlaxcalteca”. Sin haber una investigación, solamente bajo supuestos y el otro supuesto era que Karla se había ido por su propio pie, con el novio, esta es la típica excusa que dan las autoridades a todas las familias que denuncian a una adolescente o niña como desaparecida.
Aquí no fue la excepción y entonces se valoró los estereotipos de género, inclusive se trató de incriminar a los padres. Las primeras diligencias que hicieron fue la búsqueda en casa de Karla, revisaron la cisterna, la lavadora, y como el padre de la menor se dedica a la albañilería, él tenían en su poder varios bultos de arena, mismos que hicieron que los moviera para demostrar que el cuerpo de su hija no estaba enterrado ahí”, narra la abogada.
Quien asegura que se dedicaron a hacer una primer búsqueda en contra de los padres y no externamente. En cuanto al binomio canino -que consta en que los perros deben de rastrear el olor de las personas desaparecidas- es una diligencia que se tiene que hacer en las primeras horas de la denuncia, porque el rastro está fresco, el sabueso huele la prenda de la persona y sigue el rastro, a donde llegó y en dónde se perdió, dicha acción realizó apenas el día viernes pasado, es decir “incluso ya llovió, ya pasaron varias semanas, el rastro de Karla ya no existe en la ruta que va de la casa al escuela. Que es el trayecto donde ella se pierde”, asegura Pascual.
Comenta que son diligencias que fueron retrasadas, “aquí no sabemos si es una situación de dolo o es una cuestión de ignorancia por parte de las autoridades en cuanto a atención a víctimas, protocolos y lineamientos que deben de realizarse para la búsqueda urgente de personas desaparecidas, desconocemos porque lo hacen pero el punto es que esas negligencias atentan contra la vida y la seguridad de las personas desaparecidas”.
El caso de la menor desaparecida se agravó cuando, en el momento de los hechos, fueron los vecinos quienes descubrieron que un domicilio tenía una cámara de seguridad que pudo haber grabado el momento en que Karla desapareció. Por lo que fueron ellos quienes informaron la situación a las autoridades, pero éstas se perdieron.
“En cuanto a la desaparición de las cintas de vídeo, nos dimos cuenta cuando tomamos el expediente en nuestras manos; la familia nos aseguró que ellos no se habían percatado de esto, pero encontramos un informe de los policías, donde se asegura que se revisó el video aportado por la cámara de un domicilio, donde se presume que se puede visualizar el momento en que raptaron a la menor. Sin embargo nunca existió un peritaje del video, tampoco hay mayores señalamientos, solamente se escribe eso y se firma; la familia dijo que los policías les mostraron un disco, pero tenía fecha de 14 de enero.
Los padres al ver la fecha equivocada, le reclamaron a los policías quienes respondieron ‘lo que pasa es que está mal fechado’, les cuestione si estaban realmente seguros de los hechos, si habían visto el video con atención y si habían visto cintas anteriores y posteriores al hecho, ellos me respondieron que fue el único disco que la policía enseñó. Confirmamos que no se trata del video de ese día porque su hermano pasó por el mismo sitio que ella cuando le llevó comida a la escuela y el tampoco aparece en el video”, comenta Pascual.
Cuando Miriam se dio cuenta de los hechos, intentaron buscan el video con la fecha correcta, sin embargo ya habían pasado varios días, y dado a que se borran después de determinado tiempo (corto), no se pudo observar si la niña fue o no raptada en aquella zona. “Ante todas estas equivocaciones las autoridades jamás han dado explicación alguna, hemos tenido tres reuniones con la Procuradora, en todas ellas se le solicitó que inicie una averiguación previa, pero sigue diciendo que no, porque no hay delito que perseguir
Para ella queda como una ausencia de una menor, sin embargo nosotros pedimos explicaciones respecto a esta diligencia y muchas otras más, entre ellas preguntas respecto al video, pero nunca contestó. Siempre dijeron ‘no desconfíen, somos aliados’, utilizando un discurso politiquero, jamás hubo una respuesta real y contundente, fundada, motivada y confirmada mediante a derecho, respecto a por qué desapareció ese video o por qué no hay líneas de investigación”, cuestiona la defensa.
Pascual denuncia que la Procuradora, de manera intimidatoria, grabó y videograbó todas las reuniones que mantuvieron, lo cual hizo sin pedir autorización de la parte denunciante y la defensa, “lo cual es ilegal, porque la misma constitución establece que nadie puede ser molestado en su vida privada, salvo orden judicial, esto es un acto de molestia, el hecho que se realice una documentación de nuestra imagen y de nuestra voz sin nuestro consentimiento, es una violación gravísima a los derechos humanos. Esa es una más de las irregularidades que dan cuenta del trato que han recibido las familias que han denunciado desaparición forzada.
Nosotros le decimos al gobernador que tiene la obligación de responder, no solamente por la situación de Karla, sino de todas las niñas y mujeres que han desaparecido en el corredor de la trata, es un tema especial que otras administraciones no han tocado, sin embargo él tiene en estos momentos la obligación de responder a una problemática que atenta contra la seguridad de mujeres y niñas en su territorio.
Si el gobernador no aprueba que la procuradora asista a comparecer ante el caso ante el Congreso, sería un gobernador que está atentando en contra de su propia sociedad civil, en contra de la transparencia y la rendición de cuentas, el llamado es hacia el mandatario para que agilice esta situación y dé una fecha pronta de asistencia de la funcionaria”, agrega Pascual.
En dicho corredor de la trata donde desapareció Karla, se han realizado operativos, que han logrado rescatar víctimas niñas y mujeres que habían pertenecido a dicha comunidad de Santiago del Monte. “En la organización encontramos 13 situaciones donde se detuvieron padrotes originarios de ahí, y las víctimas también fueron raptadas de la misma zona, sin embargo otro informe ubicó 53 casos de niñas desaparecidas en 2007 en esa entidad”, explica Pascual.
En 2015 el Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal, realizó un estudio sobre la trata de personas en la Merced, donde identificó a 22 niñas que son originarios de Tenancingo y San Pablo del Monte, Tlaxcala, quienes eran explotadas sexualmente en dicha zona. Por su parte la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dio a conocer un informe en 2014 – 2015, donde se elabora un perfil de las mujeres que desaparecen en este corredor de la trata.
Las mujeres oscilan entre los 14 y 18 años, además se detectan siete rutas de tráfico de personas de niñas con fines explotación sexual, en seis se encuentra Puebla, por lo que la defensa de los padres de Karla iniciaron una averiguación previa en dicha entidad, precisamente por el delito de trata, ya que posiblemente Karla podría estar en ese estado siendo explotada.
