Ivonne Acuña Murillo / @ivonneam
(19 de noviembre, 2013).- Justo cuando la primera celebración del desfile conmemorativo del inicio de la Revolución Mexicana cumple 100 años y a 62 de su formalización como ceremonia cívico-militar encabezada por el jefe supremo de las Fuerzas Armadas; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anuncia que no habrá desfile, y aclara que no se trata de una cancelación pues simplemente “no había sido previsto ningún evento anunciado por el Gobierno de la República”.
Es inquietante tal anuncio cuando se piensa que las llamadas “fiestas patrias”, han dotado al gobierno y a la sociedad mexicanos de una historia nacional encaminada a fortalecer los lazos de unión al interior de una Nación construida sobre la base de una revolución social y política.
Llama a reflexión que la autoridad encargada del gobierno interno del país de pronto anuncie que ni siquiera se había contemplado tal festividad después de una tradición de poco más de seis décadas. La ligereza de la afirmación no puede reducirse a una igualmente ligera consideración.
Muchas son las preguntas que debería concitar este hecho:
Primero, ¿qué lleva al Gobierno Federal a “dejar vacía” una plaza que por decenios ha sido ocupada por la figura de un Ejército Nacional considerado por la gran mayoría como una institución respetable y digna de confianza?
Segundo, ¿a qué le teme el Gobierno Federal que prefiere resguardar a Enrique Peña Nieto de la presencia de la gente en las calles?
Tercero, ¿es una señal clara de un gobierno que se “bunkeriza” para protegerse a sí mismo de aquello que la ciudadanía de a pie no puede?
Cuarto, ¿quién ocupará los espacios públicos que el Gobierno Federal va dejando vacíos?
Quinto, ¿qué nueva etapa se inaugura este 20 de noviembre de 2013 y cuáles serán sus características?
Las respuestas que pueden suscitar estos cuestionamientos dependen de la interpretación de quién lea y del lugar desde donde lo haga, por lo que aquí sólo se aportan algunos elementos que pueden dar algunas pistas para una reflexión que debe ser colectiva.
En primera instancia, hay que considerar el contexto histórico que sirve de sustrato a una decisión que no se antoja trivial sino madurada desde un diagnóstico informado que escapa al conocimiento de la gran mayoría en México. Los datos con los que el Gobierno Federal cuenta no son ni por asomo aquellos con que las y los habitantes, aún los expertos o expertas que cotidianamente analizan la realidad nacional, tratan de hacerse una idea clara en torno a lo que realmente está pasando en este país.
Sin embargo, aun sin la información completa se pueden visualizar trozos de realidad que permiten dibujar un panorama de suyo complejo de desgaste, debilitamiento y descomposición de la estructura gubernamental, desintegración social y pérdida de valores comunitarios, estancamiento económico y al mismo tiempo centralización del dinero como el máximo valor, violencia, narcotráfico, delincuencia organizada y no organizada, desempleo y, de manera destacada, pérdida de control de partes importantes del territorio por parte de los distintos niveles de gobierno, donde la fuerza imperante es la del narco que impone sus leyes y exigencias a poblaciones completas y a sectores bien identificados de la población y del gobierno como empresarios, presidentes municipales http://www.proceso.com.mx/?p=357465 mujeres y hombres jóvenes, niñas y niños incluso. http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/impreso/jvenes-91999.html
En este revuelto río también algunos políticos intentan sacar “raja” de la difícil y confusa situación que vive el país. Trascendió hace unos días que diputados federales extorsionan a los mismos alcaldes para favorecerlos a la hora de asignar recursos a sus municipios a cambio de que consideren “sus obras” o a “sus contratistas”. Visto así, los presidentes municipales se encuentran a dos fuegos, por un lado los extorsionan miembros de un poder formalmente reconocido y por otro, integrantes de un poder fáctico.
Es en este breve contexto que cobran relevancia las preguntas anotadas arriba. Desde aquí se puede pensar que el Gobierno Federal decide no hacer la celebración del 20 de noviembre porque tiene información que no puede dar a conocer a la ciudadanía y prefiere guardar un incómodo silencio. O porque no quiere dar oportunidad a que gente organizada dé muestras evidentes de su inconformidad con la falta de respuestas y soluciones ante problemas que convierten a México en un país donde el desgobierno en muchos lugares y rubros se ha convertido en regla, como Michoacán, donde la población ha decidido tomar las armas y no seguir esperando la actuación del gobierno, sea del nivel que sea, para defenderse a sí misma.
Una razón de este posible abandono, simbólico y real, podría ser que el Gobierno Federalse ha visto rebasado por el narco y la delincuencia y que el nuevo gobierno trata de recuperar el control sin hacer evidente para todos que tal cosa sucede y sin comunicar a la población una estrategia concreta que pondría sobre aviso a la delincuencia. Esto, en el mejor de los casos, permitiría avizorar la esperanza de que en un futuro próximo México recupere los niveles de seguridad y bienestar con que contaba unas décadas atrás.
Sin embargo, no es la única respuesta posible, la reacia imaginación hace su trabajo y lleva a plantear otros escenarios como respuesta general a las interrogantes planteadas y a afirmar que México se encuentra en una etapa de transición que no es coyuntural, sino que apunta a un cambio civilizatorio en el que los gobiernos dejan a la población a su suerte y procuran, eso sí, su propia supervivencia y el resguardo de los intereses de las élites que sí pueden pagar su protección, incluida la delincuencia organizada.
En este esquema, que hace unas décadas sólo podría haber sido recogido por las novelas de ciencia ficción, las plazas públicas se convierten en escenarios donde impera la violencia del más fuerte sin que la autoridad intervenga, mientras que los gobiernos “bunkerizados” y “asociados” a los grandes capitales desempeñan escasamente el papel de “Estados-gendarme” o “Estados policía”.
Escasamente, porque de acuerdo con la teoría política deberían mantener el orden público, garantizar la defensa y realizar las obras públicas necesarias para la producción capitalista, pero ahora ni siquiera cumplen esas pocas tareas pues desatienden su función de garantizar el orden público y se reducen a proteger los intereses de los grandes empresarios metiendo a la cárcel a los que se piratean los productos de marca, a los que no pagan sus impuestos -por supuesto de clase media alta y media para abajo, pues los grandes deudores del fisco tienen reconocida membresía que los protege contra tales medidas-, a los que roban para comer, a los que defienden sus derechos, a los pobladores que se organizan para autodefenderse, a quienes se atreven a cuestionar un status quo que sólo beneficia a unos cuantos, a aquellos que buscan proteger la vida del planeta en todas sus formas, a quienes levantan la voz por quienes no pueden hacerlo, a quienes son capaces de pensar que un mundo diferente es posible.
Ante lo dicho, cabría hacer dos preguntas más ¿lo que pasa en México es un anticipo de lo que le espera al mundo en materia de organización social y política?, y ¿qué ganancias le produce a la “democracia” y al capitalismo un esquema de violencia generalizada?
Estas ideas y muchas más podrían estar detrás de un acto presentado como algo casual -la cancelación del desfile del 20 de noviembre-, cuando la imaginación se empeña en responder las preguntas que el gobierno deja abiertas.
