El general de división retirado Luis Garfias Magaña propuso hace unos años una estrategia de combate al crimen organizado basada en la doctrina Powell de “conmoción y pavor” (shock and awe) mediante la cual Estados Unidos apeló al uso de una fuerza abrumadora para ganar la primera guerra del Golfo.
Su idea planteaba cerrar un territorio con la idea de “nadie entra, nadie sale” y aislar el área. Mediante la suspensión de las garantías individuales (libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de tránsito) y la implantación del toque de queda la iniciativa permite el ingreso de las Fuerzas Armadas con total libertad de injerencia en la propiedad privada y con suspensión de los derechos humanos. La operación se ejecuta por tiempo determinado, ante una amenaza evidente y con aprobación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
La propuesta parece descabellada, pero antes de comenzar un debate generalizado es conveniente ponerla a prueba para calibrar su consistencia. Y postular una alternativa superadora.
La amenaza concreta a que nos referimos es el robo perpetrado por el crimen organizado en México, una categoría en la que entran huachicoleros, ladrones de autos y una amplia gama de delitos y delincuentes inmersos en una actividad a la que podríamos denominar “saqueo territorial”.
Sólo en combustibles se han robado en México 25 mil millones de pesos en los primeros 9 meses del año 2018. 70 autos Nissan con destino a exportación fueron robados a mediados de septiembre a 100 kilómetros de Veracruz, mientras eran transportados en 7 madrinas de 10 unidades cada una.
Se trata de bloqueos y descarrilamiento de ferrocarriles realizados por los delincuentes que quitan espejos, baterías, cables, cofres, llantas y demás partes a los vehículos nuevos que serán exportados por el Puerto de Veracruz, lo cual genera que “en algunos de los casos esos vehículos queden inservibles”. Las automotrices transportan por tren el 70% de sus exportaciones de vehículos y el resto por madrinas. Así lo informó Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
Los hechos de vandalismo se han presentado en mayor proporción en la zona del centro del país, el Bajío y en los estados del norte. Si la planta está ubicada en Guanajuato, el tren que transporta la producción industrial atraviesa Querétaro, México, Puebla hasta llegar a Veracruz.
La vandalización de autopartes con destino de exportación para atender a una planta en Estados Unidos afecta la cadena de suministro en Estados Unidos. Problemas similares se detectan en las vías de acceso a las terminales portuarias de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Por otro lado México es el tercer país del mundo en sufrir ciberataques detrás de Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante la primera mitad de 2018 los ataques y amenazas de malware se incrementaron 215 por ciento en México, el doble del incremento mundial. Un 87% de las empresas mexicanas son atacadas, 13% más que en el resto del mundo.
El concepto de “robo” es ahora mucho más amplio que antes y lo mismo sucede con la idea de “territorio” al aplicar una lógica de geopolítica de la seguridad.
La idea del “shock and awe” es territorial pero no es una lógica de seguridad sino de defensa. El territorio estatalizado por el crimen organizado con fines de saqueo territorial tiene un fuerte indicador de control, violencia y monopolio, aunque le falte estabilidad. Si el Estado busca recuperar el control territorial de una zona que es víctima de una estrategia de saqueo puede aplicar el “shock and awe” como táctica de apertura, pero su permanencia más allá de un instante inicial es contraproducente.
Una política de seguridad que incorpore el “shock and awe” será semejante a la Unidad de Policía de Pacificación – UPP del presidente Lula da Silva en Brasil. El objetivo es dotar al territorio de estatalidad legal y democrática, no un simple control territorial militar sin Estado y sin democracia.
En las favelas de Río de Janeiro, donde imperaba el narcotráfico, la unidad policial BOPE era famosa por la corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos y la ineficiencia. El gobierno del PT ensayó una combinación ingeniosa de lo viejo con lo nuevo. En el nuevo programa las tropas del batallón de elite de la Policía Militar BOPE irrumpen en las favelas con apoyo de helicópteros y carros blindados. Armados para una guerra convencional las tropas “limpian” las favelas en las primeras 72 horas prolongando su presencia hasta 2 meses cuando todos los puntos de venta fueran extinguidos.
Con el camino despejado entra luego en acción la UPP, una fuerza que se concentra en la resolución pacífica de conflictos interpersonales. Realizan un trabajo comunitario, se aproximan a los vecinos y patrullan constantemente el territorio “liberado”. La pacificación va acompañada de inversiones en infraestructura, mejoras en salud, educación y servicios de internet inalámbrica. El territorio se carga de estatalidad estatal y el Estado planta instituciones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El crimen organizado se traslada a otros territorios y recomienza el ciclo, algo para lo cual el Estado ya tiene menos aliento en Brasil (con 8 millones de kilómetros cuadrados) pero más realizable en México.
La iniciativa del general Garfias Magaña se complementa con la del presidente Lula en Brasil para proponer una intervención mesurada y sostenida, que no deje aisladas a las Fuerzas Armadas ni indefensas a la población. Se trata de un modelo de intervención completa, con políticas de asistencia que propongan alternativas sustentables para todos los involucrados. Allí es donde se suman la amnistía, las becas a los jóvenes, el aumento del salario mínimo, el fomento a la educación superior, las obras de infraestructura, la intervención militar, la iniciativa empresaria y el esfuerzo mexicano conjunto bajo la dirección del gobierno.
