Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
Por: Érika Paz
(12 de mayo, 2014).- “Por la defensa del agua, el territorio, el trabajo y la vida”, este lunes 11 de mayo inició la Caravana Nacional encabezada por la Tribu Yaqui, que desde hace cinco años se opone a la megaobra “Acueducto Independencia”, la cual comprende el trasvase del 75 millones de metros cúbicos del Río Yaqui, afectando la supervivencia de los pueblos originarios de la región.
La Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida se lleva a cabo con el fin de vincular las diferentes acciones por la defensa del agua y del territorio. Esta iniciativa es respaldada por decenas de organizaciones y comunidades distribuidas en todo país, entre ellas Agua para todxs agua para la vida, Consejo Supremo Indígena Xochicuatla, Coordinación de Asambleas de los Pedregales Coyoacán y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos-Puebla-Tlaxcala.
El objetivo es visibilizar las diferentes problemáticas de al menos 77 comunidades y ciudades en los 27 estados de la República, que visitará la caravana en sus tres rutas: Norte, Noreste y Sur las cuales arribarán el día 21 de mayo a las delegaciones de Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras y re reunirán en Xochimilco. Para culminar con una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el 22 de mayo.
El propósito es instar a la organización y vinculación comunitarias para revertir la escasez y los procesos de privatización del agua en el país, pero también visualizar las diferentes violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas, consecuencia de la sobreexplotación del vital líquido por parte de empresas nacionales y extranjeras.
Toda vez que en un periodo de 25 años, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el 2012 (con Felipe Calderón) se contabilizan 97 millones 800 mil hectáreas concesionadas a grandes empresas –refresqueras, mineras, automovilísticas y de energía, principalmente –que han contaminado el 70 por ciento de los ríos del país.
Esto se suma a la pretensión de modificar la Ley General de Aguas –el brazo ejecutor de la Reforma Energética– para asegurar la extracción de gas mediante el fracking (fractura hidráulica), técnica que ha sido prohibida en Europa y en algunas localidades de Estados Unidos, ante el riesgo de sismos e intoxicación por contaminación a los habitantes de poblaciones vecinas, entre otras afectaciones que implican la violación a otros derechos humanos como a la salud, al transporte, a un medio ambiente sano, etcétera.
Técnica que emplea entre 9 y 29 millones de litros de agua para la fractura de un solo pozo, con miras a abrir 20 mil pozos por año. El fracking recibió el aval del Congreso de la Unión al aprobar la Reforma Energética y empieza a ser una realidad en yacimientos de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y Oaxaca.
Cabe recordar que desde el 8 de febrero de 2012 el derecho humano al agua es de carácter constitucional y la participación de la ciudadanía para la procuración de este derecho está reconocida en los artículos 2do y 4to de nuestra Carta Magna.
