(27 de mayo, 2014).- Cuando los gobiernos estatales fallan, llega la Federación al rescate. Esa ha sido la narrativa de la actual administración presidencial y se refuerza con la reciente decisión de destituir a todo el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas, dependencia que a partir de ahora estará a cargo del Gobierno Federal, mediante la inclusión de agentes procedentes de la Procuraduría General de la República (PGR), el área de investigación de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa (Sedena).
Este golpe de timón, producto de la Estrategia de Seguridad recién implementada en el estado fronterizo, como respuesta a la imperante violencia, también dejará en manos de la Federación a la disminuida Policía Ministerial y el programa de monitoreo para el combate delincuencial, conocido como C4. Mientras que por otra parte, podría considerarse una decisión tomada al calor de la crisis, sin que los involucrados se hayan sentado a revisar detenidamente la situación.
Dicha orden, además de mostrar la nula confianza que existe de Enrique Peña Nieto para con el gobernador Egidio Torre Cantú, implícitamente deja ver una falta de comunicación entre estos dos niveles de gobierno, puesto que el Ejecutivo y sus instituciones de seguridad entraron en acción cuando la inseguridad ya estaba descontrolada, y no implementaron acciones precautorias a fin de que los hechos violentos se mantuviesen con bajos o nulos niveles.
El anuncio lo realizó Miguel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien tras una junta de evaluación sobre la Estrategia de Seguridad con el Gabinete de Seguridad y las autoridades tamaulipecas, indicó que la limpieza de los trabajadores comenzará en junio para brindarles talleres de seguridad.
Desde 2013 la violencia ocasionó que el reclutamiento de personal fuese más complicado, así lo manifestó al año pasado Ismael Quintanilla Acosta, entonces procurador estatal al asegurar que desde que lanzaron la convocatoria dos años atrás, no recibían respuesta a pesar de solicitar ministerios públicos, policías ministeriales y policías investigadores peritos.
En este sentido, resalta la poca atención que la administración del priista Egidio Torre Cantú, brindó al fenómeno delincuencial, a asegurar en reiteradas ocasiones que la situación estaba bajo control y la violencia se debía a pugnas entre bandas rivales, en lugar de investigar a fondo lo que ocurría tanto en las calles de Tamaulipas como dentro de las instituciones de gobierno.
Dicho caso, recuerda invariablemente lo ocurrido en Michoacán, donde luego de la crisis de ingobernabilidad el Ejecutivo dispuso de un comisionado de seguridad para en teoría devolver la calma al estado, de tal forma que Alfredo Castillo llegó a suplir de manera no oficial las funciones de Fausto Vallejo, curiosamente también de procedencia priista como Torre Cantú.
Concretamente, los casos de Tamaulipas y Michoacán, además de entenderse como producto de la incapacidad en los gobernadores, responden al fenómeno del crimen organizado ya instaurado en la sociedad mexicana, en todos los niveles y sectores. Sin embargo, como bien han apuntado diversos especialistas, las organizaciones criminales no podrían funcionar sin la participación activa de funcionarios de todo tipo, y acuerdos que generan una especie de balance, mismo que en esas dos entidades se habrían roto o salido de control.
