(20 de octubre, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- En junio pasado, informaron algunos miembros del mismo PRI, un grupo nutrido de militantes se congregaron con machetes, palos y ánforas con gasolina, aproximadamente a las 9 de la noche; se aseguró que durante el día entrarían a atacar la iglesia para sacar a la fuerza al sacerdote y defensor comunitario Marcelo Pérez Pérez, para después asesinarlo.
Los pobladores aseguraron que los momentos fueron críticos, porque durante todo el día hubo llamadas de alerta, aunque finalmente pudieron evitar la situación. Durante la siguientes semanas, catequistas reportaron con evidencias, que los dirigentes priístas en sus comunidades estaban “muy molestos” contra el párroco Marcelo y contra ellos, y aseguraron que “el culpable de la detención de Juan Gómez y que Ramiro Gómez (líderes priístas) esté huyendo, es el Padre Marcelo, pero eso no se quedará así, vamos a secuestrar a algunos de los integrantes del Consejo Parroquial para presionar la excarcelación de Juan Gómez y la cancelación de la orden de aprehensión de Ramiro Gómez”.
Lo anterior según explica el párroco Marcelo Pérez a Revolución TRESPUNTOCERO, ha sido provocado porque tanto Ramiro como Juan Gómez, son priístas que han manejado diversos negocios ilícitos en Simojovel, Chiapas, dentro de ellos el tráfico de armas, lo cual mediante la lucha del pueblo creyente, del cual él forma parte, se ha disminuido y combatido poco a pocos, lo que incluso, (debido a la difusión en medios de comunicación) llevó al encallamiento de ambos personajes, por lo cual miembros de su grupo buscan venganza.
Explica que mantienen una lucha pacífica en la que buscan la tranquilidad y solución a las problemáticas que han provocado integrantes o simpatizantes del PRI, quienes han mantenido por años negocios ilegales como alcoholismo, prostitución, tráfico de armas, trata de personas y drogadicción.
“Después de nuestras acciones y manifestaciones los índices de estos delitos comenzaron a bajar y por consiguiente comenzaron a verse afectados los intereses de los promotores. Desatando una ola de hostigamientos y amenazas en nuestra contra, así que quienes nos pronunciamos y seguimos en la lucha somos víctimas de intimidaciones y amenazas de muerte, por ello Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tomado medidas cautelares a nuestro favor, para exigir al gobierno que cumpla con su obligación de protección a defensores comunitarios que buscamos la paz en nuestras regiones”, asegura Pérez.
A su vez, menciona que en estos momentos los grupos de priístas se encuentran en silencio y existe una ‘tensa calma’, ya que no se conoce que estén realizando alguna acción en contra del Pueblo Creyente, “existe un ataque muy fuerte en mi contra, por eso el silencio es peligroso, porque cuando realizan acciones visibles tomamos precauciones, pero cuando se desconocen sus ideas y planes corremos aún más riesgos”.
Pérez comenta que la semana pasada asesinaron a un político que fungió como síndico el trienio pasado, esto a manera de represalia por haberse cambiado al PVEM, “es un ajuste de cuentas, derivado de ello se comentó que me podía pasar lo mismo por estar en contra de los intereses del PRI, porque como la venganza comenzó en ese municipio cercano a Simojovel, puedo ser yo el siguiente.
En este momento nos encontramos en un foco rojo y en alerta a lo que podría llegar a pasarnos como movimiento del Pueblo Creyente, ambos municipios están muy cercanos a 15 minutos de distancia, por eso lo que pase en aquel lugar también podría acontecer en éste. En especial porque seguimos luchando en contra de los negocios ilegales, puntualmente el tráfico de armas, el cual sigue perpetrándose dentro de la comunidad, aunque Juan y Ramiro Gómez ya no se encuentran en el negocio, las armas siguen estando dentro de la región, lo mismo que pasa con las cantinas, de vez en cuando el gobierno cierra una y el dueño abre cinco”.
El párroco asegura que estarán iniciando las acciones necesarias porque el gobierno no ha tenido el suficiente interés en ayudar al pueblo pese a las evidentes problemáticas que acontecen en Simojovel. “Daremos inicio a acciones muy concretas de forma pacífica; siendo los grupos de priístas quienes nos atacan y atacan el bienestar de la comunidad, sin duda alguna la violencia es institucional, además existe momentos clave en los que el gobierno estatal no le conviene afectar los intereses de quienes cometen este tipo de delitos.
Principalmente porque a este gobernador siempre le ha convenido un pueblo dormido, borracho, un pueblo que se encuentre distraído de las problemáticas que suceden alrededor y que al mismo tiempo lo afectan, todo ello para beneficiar abiertamente a los empresarios y sus mega proyectos trasnacionales, el alcoholismo impide organización y toma de conciencia, por eso los prefieren briagos, mientras roban tierras y saquean riquezas”.
Lo anterior lo menciona en un primero momento por el saqueo desmedido de las minas que contienen ámbar, cuyas ganancias, como lo dio a conocer Revolución TRESPUNTOCERO, son explotadas por asiáticos, sin que ninguna autoridad realice un control de los hechos, donde muchos habitantes han perdido hasta la vida.
Además, también hace énfasis en el petróleo que puede el gobierno estatal, estar buscando ‘negociar’, y la reapertura de una hidroeléctrica que hasta el momento se mantiene detenida, pero según Pérez, Velasco Coello ha comenzado a planear la reapertura.
Durante la visita in loco de la CIDH en México, y al emitir sus Observaciones Preliminares 112/15, la Comisión observó en terreno la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Informando que a un número importante de personas se les otorgó Medidas Cautelares (MC) en México.
Posteriormente, Zeid Ra’ad Al Hussein Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al igual que la CIDH, emitieron un documento de otorgamiento de MC a defensores en Simojovel. La Comisión informó que se observa un ciclo constante de presuntas amenazas y actos de violencia que ponen en riesgo real a los integrantes del Consejo Parroquial y Pueblo Creyente en Simojovel, que se desempeñan como defensores comunitarios.
Por la tal razón, en el 156 período de sesiones de la CIDH el Centro de Derechos Humanos FRAYBA entregará información para expresar los riesgos en que se encuentran el Consejo Parroquial y el sacerdote Marcelo Pérez y solicitará a la CIDH urgir al Estado mexicano que garantice la vida y seguridad personal de los beneficiarios.
