(25 de julio, 2019. Revolución TRESPUNTOCERO).- La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fue el único grupo parlamentario que votó en contra de la aprobación de la Ley Nacional de Extinción de Dominio argumentando que con ésta se le podrían despojar de sus bienes a ciudadanos que no tienen nada que ver con la delincuencia organizada o el crimen, generando potenciales víctimas de la nueva norma.
En contraste, Morena, PAN, PRI, PES, PT, MC y Verde apoyaron el tránsito de la ley con 420 votos a favor, diez en contra y nueve abstenciones. la Ley Nacional de Extinción de Dominio busca eficientar el decomiso de bienes obtenidos de manera ilícita e incluye los actos de corrupción, encubrimiento y delincuencia organizada.
De los diez votos en contra uno le correspondió al PES, por medio del legislador Ricardo de la Peña, así como también registró una abstención por parte de Adriana Teisseir, en el caso de las ocho abstenciones restantes éstas fueron del PRI. Los diputados tricolores que votaron en abstención fueron Dulce María Sauri, Alberto Acosta, Luis Córdova, Norma Guel, Carlos Pavón, Fernando Galindo, Enrique Ochoa y Claudia Pastor.
Los diez votos en contra y las nueve abstenciones, contrastaron con la unanimidad de esta ley tuvo en el Senado de la República, el pasado 1 de julio, en donde todos los grupos parlamentarios le dieron luz verde a la ley para que ésta pasara sin problema alguno para que fuese turnada a la Cámara baja. En aquella ocasión en la Cámara alta los diversos coordinadores parlamentarios coincidieron que la de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es una de las mejores herramientas para acabar con la impunidad de los grupos criminales y con la corrupción.
Basada en dichas ideas, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio se contempla reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concursos Mercantiles y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La ley aprobada permitirá al Estado recuperar bienes y recursos de los que se hizo los grupos criminales mediante actos relacionados con la corrupción, delincuencia organizada, secuestro, huachicoleo, narcotráfico, trata de personas, encubrimiento, robo de vehículos, enriquecimiento ilícito, extorsión y delitos cometidos por servidores públicos.
Uno de los beneficios de esta ley, al ser nacional, es que todos los estados del país se tendrán que ceñir a los criterios de ésta, evitando así caer en diferentes discrepancia de normativas entre los estados y la Federación a la hora de que se den eventuales decomisos. Además, la ley también contempla el principio de retrospectividad, el cual permitirá que la aplicación de la extinción de dominio se realice sobre bienes de origen ilícito sin consideración de temporalidad.
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