Para poder ganar la mayoría de cargos de elección popular en disputa el próximo 7 de junio, el PRI le apuesta a inhibir el voto, acusó el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. Y al mismo tiempo concentra esfuerzos en mover a su ejército de reserva de votos a través de las estructuras oficiales que opera la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Rosario “la chayito” Robles.
Candidatos independientes también han denunciado que el PRI y el gobierno federal pretenden desalentar la participación de los electores para beneficiarse del abstencionismo. Sostienen que al priísmo y a la administración federal les conviene un ánimo social de frustración, de desánimo, de desazón, y que la gente no salga a votar.
Pero también una red de priístas y amigas de la “seducida y engañada” por barbón personaje, “Chayito” Robles, operan apoyos sociales del país. Un reportaje del periódico “La Jornada” publicado esta semana da cuenta de que la ex cuauhtemista y ex perredista, ahora peñanietista, tiene una red personal en las delegaciones de la Sedesol, en las cuales colocó como subdelegadas de Desarrollo Comunitario y Participación Social a mujeres de su confianza –no vaya a ser que le bajen al novio- y con experiencia en la promoción del voto.
Esa área es la que en cada entidad opera directamente los programas de la Cruzada Nacional contra el Hambre y la red de comités comunitarios que administran los apoyos en las localidades. Entre las subdelegadas hay priístas e integrantes de la organización Mexicanas Comprometidas con la Paz, fundada y dirigida por Robles en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, la cual agrupa a unas 700 mil mujeres.
Además, los gobiernos estatales y municipales también trabajan para llevar agua a su molino electoral. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó la primeras órdenes de aprehensión (20 en Veracruz y una en Metepec, Estado de México) contra funcionarios acusados de violar el código electoral en el actual proceso.
Del l7 de octubre a la fecha, la Fepade ha dado vista a mil 196 denuncias presentadas por partidos políticos, funcionarios electorales y ciudadanos. Ha iniciado el trámite de 4 mil 450 averiguaciones previas que están siendo evaluadas. Los servidores públicos que se encuentren responsables de delitos electorales enfrentarán penas de dos a nueve años de prisión.
Casos extremos se han dado en municipios como Celaya, Guanajuato, en donde el ayuntamiento panista amenazó con despedir a los agentes de seguridad pública si votan por la coalición formada por los partidos Nueva Alianza (Panal), Verde Ecologista de México (PVEM) y Revolucionario Institucional (PRI). Fernando Bribiesca, candidato de es alianza a la alcaldía, afirmó que de viva voz y en una carta, policías de tránsito y de seguridad pública le expusieron que son presionados para votar por el PAN.
