Por: Estela Garrido
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Mañana, 4 de enero de 2012, es el último día en el que la organización ‘Internet Para Todos’ recolectará firmas en la ciudad de México para la respaldar la propuesta constitucional que plantea: Internet libre para todos los mexicanos no como derecho, sino como obligación del Estado.
Son cuatro los ejes que propone el colectivo para llegar a esta meta: Contar con cobertura nacional tanto en edificios y espacios públicos como privados, calidad de primera que garantice la navegación de por lo menos 5 megas de velocidad libres, estándares tecnológicos de primer mundo y un proyecto que abra la puerta al gran desarrollo de México.
“La idea tal cual es hacer una adhesión al artículo sexto para entenderlo (al internet) tal cual como un servicio que hay y que además cumpla con una serie de principios: el principio de la no responsabilidad de los intermediarios sean responsables por los contenidos y mantener la neutralidad de internet de no de filtración y bloqueo de contenidos”, comentó Carlos Brito, activista del proyecto.
El debate se encuentra sumergido en la prioridad de ‘obligaciones’ que el Estado tendría, antes de garantizar red para todos los mexicanos. Desde el ‘derecho a una vida digna sin violencia’ hasta la implementación de agua y luz en diferentes comunidades del país.
Sin embargo, el colectivo defiende que la propuesta garantizaría mejoras importantes, tanto en el ámbito económico, como en el político y el social. “Datos del Banco Mundial señalan que por cada 10% mas de personas que tienen acceso en Latinoamérica de banda ancha sube el PIB 1.38% y el promedio de crecimiento que hemos tenido en los últimos años, estamos planteando que con esto pasemos de un 35% a 90%”, argumentó Brito.
La recaudación de firmas ha logrado llegar a 80 mil firmas de 113 mil objetivo en la capital mexicana. Hoy se instalaron mesas en Metro Insurgentes, Madero y Eje Central en el Centró Histórico, Metro Zócalo, Plaza Hidalgo en Coyoacán y en la entrada del Museo de Antropología e Historia.
Tanto Brito como Gabriela Warkentin, profesora, locutora y promotora de la propuesta, afirman que es necesaria la aprobación de dicha obligación del gobierno, dado que representa una inversión a nivel educativo significativo; así como una herramienta de crecimiento social.
“No es inversión en ocio como política pública. México se puede beneficiar en verdad mucho de esto. Tenemos muchas deficiencias democráticas, muchas carencias políticas y estamos en un sistema de medios que no permite que se visibilicen todas las causas sociales como deberían de ser. La discusión social de nuestra vida política se puede llevar de gran manera en internet”, destacó @Britovsky
Otros países en los que se ha adoptado esta política pública son: Finlandia, Francia, Estonia, España, Grecia y Costa Rica han incorporando en sus legislación al acceso a internet como un derecho constitucional. Incluso, organismos internacionales como la ONU lo han declarado un derecho fundamental del ser humano.
