Por Anaiz Zamora Márquez
Para el gobierno federal la reforma energética –aprobada en diciembre de 2013– es la “energía para mover a México”, pero para personajes de la academia, especialistas e intelectuales es una iniciativa privatizadora que concentrará la riqueza de la nación en unos cuantos (principalmente extranjeros), y afectará la vida de la población más desfavorecida, entre ella las mujeres.
Por ello y porque al gobierno federal se le olvidó consultar a la ciudadanía respecto a la educación, comunicación y reforma política, el pasado 5 de febrero –día en que se conmemoró el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917– se instaló de manera oficial el llamado Congreso Popular (CP).
Se trata de una iniciativa ciudadana convocada en redes sociales que busca incluir a todas las voces del país, y así revocar la reforma energética que podría derivar en que el 40 por ciento de los ingresos de la nación no los aporte Pemex sino la ciudadanía.
Así lo explicó Carmen Ponce, economista especializada en género en entrevista quien advirtió que la reforma no mejorará la realidad adversa que ya enfrentan las mexicanas en materia económica, salud y educación.
“Hoy, cuatro de cada 10 pesos del gasto público provienen de Pemex; si se aprueba (como se prevé) una ley secundaría que incida en ese gasto ya no contaremos con esos cuatro pesos, lo que implica dos cosas: aumentar impuestos y reducir el gasto social, es decir los programas destinados a garantizar la educación y salud”, expuso.
A decir de la experta, estas medidas afectarían severamente a las mujeres trabajadoras, quienes “de entrada ya enfrentan una brecha salarial de género” (estimada en alrededor de 30 por ciento), pues además de que verían reducido su sueldo por el pago de impuestos, se enfrentarían a productos de mercado más costosos.
La situación se agravaría para el número de jefas de familia que deben solventar los gastos del hogar apenas con un ingreso.
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), por cada 100 personas en pobreza 52.3 son mujeres, lo que se traduce en 30.6 millones de mexicanas cuyo ingreso está por debajo del valor de la canasta alimentaria.
Ponce adelantó que las trabajadoras del sector informal también podrían verse severamente afectadas, ya que ellas carecen de seguridad social y son las que más demandan los programas y de política social que podrían ver reducido sus presupuestos drásticamente, toda vez que pese al posible aumento de impuestos, no se contarían con los recursos suficientes para hacer frente a la falta de recursos que aporta actualmente Pemex.
Social Watch-Erradicación de la pobreza y justicia de género –red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan por erradicar la pobreza y sus causas– ha analizado este declive de la calidad de los servicios públicos y sostiene que ha ocurrido anteriormente a raíz de las privatizaciones.
La privatización trae consigo un precio “invisible” que pagan las mujeres, pues “tienen que duplicar o triplicar la jornada de trabajo para cumplir con más carga laboral en el hogar; con más horas de trabajo voluntario en las comunidades y en actividades generadoras de ingresos, en detrimento de sus condiciones de salud, calidad de vida y tiempo libre”.
Social Watch explica que existen varias formas de privatización: la más recurrente es la venta permanente de activos, pero también existe la posibilidad de que el Estado refrende la propiedad formal de los activos y le pague a una empresa para que administre sus bienes, realice inversiones o preste servicios específicos, circunstancia en la que se basa la reforma energética.
Durante la instalación del CP, Marusia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés) y representante popular de la iniciativa ciudadana, denunció estas consecuencias que no han sido tomadas en cuenta dentro de los debates centrales de la reforma energética, “como si se olvidará que las mujeres son parte fundamental de México”
En ese sentido declaró que la instalación de un Congreso que venga desde la ciudadanía representa también la toma de la palabra por parte de las mexicanas: “Este Congreso es una esperanza para las mujeres y un recordatorio para todos de que nosotras estamos aquí y tenemos voz”.
Por su parte, Gabriela Rodríguez, directora de Afluentes –grupo de investigadoras y activistas que promueven la educación sexual–, celebró el esfuerzo pues es una forma de manifestar el hartazgo y desaprobación de las y los mexicanos a las reformas.
Consideró que las demandas de los movimientos feministas y las luchas a favor de los Derechos Humanos de las mujeres se deben articular con los cambios estructurales en la política económica y social.
Señaló que la aprobación de estas reformas (no sólo la energética) “nos interpela a todos, especialmente a las mujeres”, y por ello es necesario que ellas formen parte de las discusiones y propuestas que se emprendan para transformar al país, y resistir ante la indiferencia de la actual administración.
Durante el CP se escucharon los pronunciamientos de diversos representantes populares que expusieron la necesidad de que las y los mexicanos sean consultados en relación a las reformas, así mismo se votó una iniciativa para derrocar la reforma constitucional en materia energética.
El plan de trabajo del Congreso establece acciones de resistencia pacífica el próximo 18 de marzo, cuando se conmemora el 76 aniversario de la expropiación petrolera, así como reuniones periódicas de las y los representantes populares.
