Por: Valentina Pérez Botero
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México tiene sangre negra: su política y el funcionamiento económico del país dependen en un 40% de la producción de Petróleos Mexicanos (Pemex) para subsistir. La visión energética gubernamental centrada en el petróleo llevará a la explotación de este combustible fósil a más de 2 mil 500 metros de profundidad en el Golfo de México.
La inversión total del proyecto será de 127 mil 783 millones de pesos, en la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos contempla la perforación de 47 pozos. En 2006, cuando se hicieron las primeras etapas de exploración, Chevron calculó en entre 3 mil y 15 mil millones de barriles las reservas submarinas de petróleo.
Aunque, en cifras, el hallazgo tiene tintes de milagro, bien podría ser una tentación muy cara: en abril se cumplirán tres años de la catástrofe Deepwater Horizon, el peor derrame de crudo en la historia de la industria petrolera, que también sucedió en el Golfo de México y a tan sólo mil 500 metros de profundidad.
Si México, como está contemplado en la agenda federal del 2013, decide explotar el “Cinturón Plegado Perdido” realizará la perforación petrolera a mayor profundidad en la historia de Pemex. La delicadeza del proyecto involucra tecnología diseñada específicamente para éste, además de un impacto ambiental grandísimo que Greenpeace denunció en su informe “Punto de no retorno” en el que denuncia que dicha explotación forma parte de los 14 proyectos más en el mundo.
La reserva petrolera de el Golfo de México conjuga los intereses de México como país, de Tamaulipas como el estado más cercano -cuenta con el boom económico que generaría la explotación por la demanda de infraestructura y mano de obra- y de Estados Unidos. Ambos países a inicios del año pasado firmaron un acuerdo transfronterizo con el fin de proteger las reservas de hidrocarburos de lo que se conoce como el efecto popote (que de un lado de la frontera el otro país chupa las reservas del segundo).
La explotación del “Cinturón Plegado Perdido” involucrará el trabajo conjunto de Pemex, la Secretaría de Energía y el gobierno de Tamaulipas; todas sus acciones estarán vigiladas de cerca por organizaciones ambientalistas que temen por las externalidades negativas que este proyecto puede acarrear.
