La participación pública de la mujer ha ido en crecimiento constante desde finales del siglo pasado, lo que ha detonado en una ampliación de sus intereses, conocimientos y cultura así como la asimilación de pautas y exigencias de la vida pública. Cada vez son más las que acceden al poder en espacios públicos, ellas ya no trabajan sólo por razones económicas, sino porque buscan una fuente importante, novedosa y atractiva de realización en la cual comprometen sus proyectos vitales… hechos nada observables en México.
En este país en los últimos años a diario siete mujeres han sido asesinadas en forma violenta. México es el país con mayor tasa de feminicidios del mundo, según cifras de organismos internacionales. Es probable que se deba a que cierta parte de la cultura mexicana tan arraigada ha convertido, aún hoy, a las mujeres en seres humanos subordinados, manteniendo así a una sociedad donde la manera en que se relacionan con los hombres sigue siendo en un terreno de desigualdad, dominación y sometimiento.
Distintos son los factores que influyen en los daños de tipo social, económico y hasta político que padecen las mujeres, pero en mayor medida podemos encontrar una discriminación altamente desatendida, que incluso al no prestarle atención a ello envía el mensaje de la falta de importancia que se le da a la mujer en el país.
Lo anterior se reproduce en distintas áreas de tipo sociológico y alcanza hasta la más alta esfera del poder: la del Ejecutivo. A tres años del actual gobierno la realidad es sinuosa y pareciera difícil de cambiar; la desigualdad impera y golpea a la mujer mexicana, en cuanto a las condiciones de vida, igualdad de género, mercado laboral, violencia física y psicológica, diferencias salariales, liderazgo y participación, incluso en el uso de tiempo personal, han sido ellas las mayormente afectadas.
Sin embargo, la peor tragedia padecida se produce al reducir a la mujer por medio de la violencia física y finalmente la muerte, ejemplo de ello es todo el territorio nacional, pero sin lugar a dudas el trágico monumento a la muerte por discriminación y marginación es el Estado de México.
La más reciente y sobre todo forzada alerta de género en sólo algunas zonas del estado no significa la solución y justicia de los feminicidios acontecidos en los últimos años, tampoco el freno a este tipo de crímenes, porque aun cuando diversas organizaciones y asociaciones civiles en defensa de la mujer han exigido identificar los obstáculos y buscar acciones concretas con perspectiva de género que minimicen la violencia y garanticen a la mujer el respeto de sus derechos, no se ha querido aceptar que los principales agresores son Eruviel Ávila y cualquier gobernador al frente de un estado con la misma problemática, sin dejar de mencionar al Estado, que nunca han demostrado querer brindar, ni asegurar vida.
Porque el problema nunca ha sido “no poder”, está demostrado que cuando se trata de abusos sexuales, torturas físicas, psicológicas y asesinatos, incluso los agentes de las fuerzas armadas, comandadas por dos presidentes señalados como culpables de diversos crímenes, han podido dañar a miles de mujeres en todo el país.
Ejército, Marina Policías Federales, Estatales y municipales son un claro ejemplo que a las mujeres México en cada elemento de las fuerzas de seguridad, les ha impuesto a un violador, a un torturador, a un homicida, porque los tratos crueles y violaciones constantes a los Derechos Humanos por parte de los agentes armados es generalizado, en mujeres principalmente como forma de sometimiento social y no para fines de incriminación.